MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El órgano consultivo del Ministerio Público ha aprobado el informe de la sección de lo Contencioso-Administrativo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se considera "particularmente desmedido" que "se concedan facultades de clasificación" a quienes ocupen Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, Direcciones Generales de Policía y Guardia Civil, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y las autoridades autonómicas competentes en materia de policía.
Así, el fiscal de Sala Jefe del Supremo Jesús Tirado Estrada --que firma el informe aprobado por el Consejo Fiscal-- subraya que dotar a todas estas autoridades de dichas competencias "podría equivaler en la práctica a dotarles de unas posibilidades de actuación en un régimen de secreto similar al de la dirección del CNI".
Según recoge el informe, la nueva ley de secretos oficiales "posibilita el desajuste de una real incidencia directa en la seguridad y defensa del Estado" y permite "un caudal de confusión y un ingente hermetismo impropio de un sistema como el que se proclama en el artículo 1 de la Constitución, contribuyendo todo ello a dificultar un control judicial efectivo".
"INTERESES CONTRAPUESTOS"
En este sentido, el fiscal avisa además de que la previsión respecto de las autoridades autonómicas competentes en materia de policía "suscita dudas añadidas" en el caso de que existan "intereses contrapuestos" o de que "paradójicamente" dichas autoridades autonómicas "manejen información que pueda comprometer la seguridad o la defensa del Estado y para ocultarla sea clasificada".
El informe desaprueba que un "elevado número" de autoridades adquieran con el anteproyecto "competencia y facultades para excluir del conocimiento público una información".
El Consejo Fiscal coincide con la conclusión de que con la redacción actual del anteproyecto existe "un intenso peligro" de que, "por la dispersión competencial", "florezcan divergencias aplicativas y en determinados casos se dé lugar a situaciones de indeterminación, descoordinación, dilución de responsabilidades o incluso a prácticas de ocultación de información entre autoridades allí donde resulte posible".
Además, avisa de que la regulación vigente sobre autoridades de clasificación "resulta más acorde" con la Constitución "e incluso es preferible a la opción legislativa que concreta el anteproyecto". Según precisa, el texto ahora impulsado por el Gobierno suscita "problemas" frente a la Carta Magna, porque otorga a las autoridades autonómicas "una materia de competencia exclusiva del Estado".
UNA VENTANA A LA "IMPUNIDAD"
El órgano consultivo del Ministerio Público ha aprobado el informe en el que también se advierte de que los plazos de desclasificación automática del anteproyecto "se revelan excesivamente rígidos, amplios y faltos de proporción". "Posibilitan, además, que las responsabilidades penales, incluso por delitos de extrema gravedad, acaben resultando inexigibles", añade.
Así, el fiscal Tirado Estrada subraya que "en un sistema democrático la clasificación de una información sólo puede servir para proteger la seguridad y defensa del Estado por el tiempo estrictamente necesario y de manera absolutamente justificada y proporcional".
Al mismo tiempo, avisa de que las limitaciones a la prohibición de destrucción y la eliminación de la información complementaria "facilitan la impunidad al posibilitar que desaparezca o se pierda mucha información".
NO CUMPLE CON EL TEDH
Al margen, avisa de que el texto "no cumple los estándares marcados por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el derecho de acceso a la información pública".
Según el informe, el anteproyecto "se limita" a derogar la ley sobre secretos oficiales de 1968 "sin abordar ni precisar reglas de coordinación o aclaración de posibles incongruencias, incoherencias, colisiones y contradicciones con la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno".
En el informe se precisa, además, que "la extraordinaria amplitud" que el anteproyecto le da al concepto de información clasificable "desborda" el marco legal fijado en la Constitución y plantea "serios problemas de encaje constitucional". Según consta en el documento, la propuesta del Ejecutivo presenta una "incompatibilidad con la certeza, precisión y previsibilidad que exige la jurisprudencia del TEDH".
Asimismo, se indica que el anteproyecto tampoco se ajusta a las previsiones del Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos y que "regula insuficientemente el derecho de la ciudadanía a solicitar el acceso a la información".
Además, indica que en el nuevo texto impulsado por el Gobierno los procedimientos de clasificación, desclasificación, revisión periódica y reclasificación se regulan con un "excesivo recurso al desarrollo reglamentario", algo que, según avisa, "lastra la posibilidad de un control judicial 'ex post' que resulte efectivo".
Al margen, aunque el informe valora "muy positivamente" y celebra "como un importante avance" que por primera vez se regulen procedimientos de control y acceso judicial, asegura que "la operatividad y efectividad de estos procedimientos se ve condicionada e incluso lastrada por los aspectos regulativos" del texto. En concreto, critica que no se precise la forma y el alcance de la intervención de la Fiscalía.
Así las cosas, el informe aprobado por el órgano consultivo del Ministerio Público subraya que el texto articulado del anteproyecto tiene un "enorme margen de mejora".
