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El Español, en el tribunal de la Haya; por Rafael Navarro-Valls, presidente de las Conferencia Permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas y vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España

01/12/2022
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El día 1 de diciembre de 2022 se ha publicado, en el diario El Mundo, un artículo de Rafael Navarro-Valls en el cual el autor opina que el nuevo contexto internacional exige que la tercera lengua más destacada en el mundo penetre en la prácticas y decisiones del órgano jurisdiccional de la ONU, convirtiéndose en idioma oficial a todos los efectos.

EL ESPAÑOL, EN EL TRIBUNAL DE LA HAYA

El español es la lengua mundial de mayor capacidad expansiva, pero es también la que debe de superar mayores obstáculos para ocupar en el universo lingüístico el rango que le corresponde.

Hoy -según los últimos datos (Instituto Cervantes, Informe 2022)- más de 496 millones de personas tienen el español como lengua materna (el 6,3% de la población mundial). En este sentido, es la  segunda lengua materna  del mundo por número de hablantes, solo por detrás del chino mandarín. Hay que tener en cuenta que es el idioma oficial de 21 países. Su número de  usuarios potenciales  supera los  595 millones. Desde esta perspectiva, es la cuarta lengua en el cómputo global, después del inglés, el chino mandarín y el hindi, lo que significa que lo habla el 7,6% de la población mundial y se prevé un 7,7% en 2050. Un total de casi 22 millones de 110 países estudian español como lengua extranjera.

Sin embargo no conviene bajar la guardia, pues un formidable factor -el inglés- está siendo instrumentalizado para detener esa potencia expansiva. Pongamos algunos ejemplos, comenzando por internet.

Ahí, el español es la tercera lengua entre las más empleadas por los internautas. Pero es un dato engañoso. Solamente el 7,9 % de los usuarios de internet se comunica en español. Sin embargo su uso está a gran distancia del inglés, que se emplea en el 51,2% de las páginas multilingües. Y eso que el inglés es hablado solamente por un 6% de la población mundial.

Brasil es otra gran esfera donde el español está cediendo ante el inglés. La llamada Ley del español  era una ley en  Brasil  que estuvo vigente desde  2005, que obligaba a todos los centros de enseñanza secundaria, tanto públicos como privados, a ofrecer la enseñanza de español  dentro del horario lectivo. Sin embargo en 2017, la ley del español fue derogada, pasando su regulación a cada estado. En 2021, solamente cinco de los 27 estados brasileños declaran obligatoria la oferta de español en primaria.

En fin, el español está sufriendo dificultades en EEUU. Aunque no tiene lengua oficial, de modo que cada uno puede hablar la lengua que desee, y el español es hablado por unos 50 millones de personas, las espectaculares cifras del crecimiento del español comienzan a ser corregidas. Aunque las personas de origen hispano constituyen la principal minoría del país (un 17% de la población, según Pew Research Center), el propio Instituto Cervantes ha dado una primera señal de alarma. “La ventana de crecimiento del español podría cerrarse”, advierte  Ignacio Olmos , director del Instituto Cervantes de Nueva York. Por ejemplo, entre 2006 y 2015, el porcentaje de hispanos que hablan español en casa cayó del 78% al 73%.

En esta situación de tira y afloja en torno a la lengua española, conviene alentar vigorosas reacciones para potenciarla. Una importante es la protagonizada por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas, que integra casi una treintena de Academias, situadas en la gran mayoría de los países entre el Río Grande y la Tierra de Fuego y en la propia España. A ella se han sumado, entre otras, la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UBIA), la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI), el presidente de la Word Jurist Association, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, el Instituto Cervantes y el Ministerio de Exteriores español. Se trata de incorporar el español como lengua oficial del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya (TIJ).

Actualmente -luego veremos la causa- solamente son lenguas oficiales el francés y el inglés, sin perjuicio de la posibilidad de autorizar otro idioma cuando expresamente lo pida una de las partes (art. 39 de los Estatutos TIJ). En este caso hay que presentar una traducción certificada en uno de los idiomas oficiales (art. 51 Reglamento TIJ), con la consiguiente carga suplementaria, lingüística y económica. Lo cual es claramente incompatible a la luz de la oficialidad de una lengua.

El TIJ es un organismo judicial creado en 1946 e integrado en la ONU. Su principal función es encontrar una solución pacífica en los conflictos y pronunciarse ante posibles violaciones que afecten a los derechos humanos: conflictos territoriales entre naciones, controversias diplomáticas, disputas jurídicas entre Estados etc. Entre los muchos ejemplos que podríamos poner, hace meses el presidente de Ucrania pidió al TIJ “que dicte una orden urgente para que se detenga la actividad militar rusa”.

La razón de que sean solamente oficiales el inglés y el francés, excluyendo el español, es la siguiente. El TIJ es la continuidad de la Corte Permanente de Justicia Internacional de la Sociedad de Naciones. Según el profesor Castor Barrado -que en su discurso de ingreso de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España propuso el proyecto al que nos referimos-, aunque usualmente se suele decir que esa Corte es creada en 1922, la verdad es que el Estatuto de la Corte entró en vigor en 1921. La fecha de 1920 es acertada para indicar el momento en que se decidieron las lenguas oficiales.

No puede olvidarse que en el siglo XX se han producido dos guerras mundiales, episodios de genocidio o ataques indiscriminados a la población civil. Éstas y otras circunstancias crearon la necesidad de fundar un organismo supranacional para juzgar los crímenes. De ahí la creación de la mencionada Corte Permanente de Justicia Internacional de la Sociedad de Naciones.

La Sociedad de Naciones, que no tuvo una vida brillante, se disolvió en abril de 1946, siendo sustituida por las Naciones Unidas. A su vez, la Corte Permanente de Justicia fue sustituida por el Tribunal Internacional de Justicia, con sede en La Haya (TIJ). La ausencia del español encuentra sus orígenes en el Tratado de Versalles. Las decisiones de entonces condicionaron que la Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI) tuviera  únicamente como lenguas oficiales el francés y el inglés, al no tener el español la importancia actual. Esto fue asumido con  posterioridad por la ONU y se trasladó mecánicamente al sistema y  procedimientos del TIJ.

El nuevo contexto internacional exige que la tercera lengua (si excluimos al hindi) más destacada en el ámbito internacional penetre también en la práctica y decisiones del órgano  jurisdiccional de la ONU, de tal modo que se apruebe su calificación como lengua oficial, a todos los efectos, del TIJ. La importancia que tiene este órgano  es decisiva. Es por eso que los Estados de lengua española estarían obligados a realizar todos los esfuerzos  posibles para lograr este objetivo. 

A este razonamiento debe añadirse el dato práctico de que muchas controversias que se plantean ante el TIJ son entre países de lengua hispana y que carece de fundamento la obligación de que el proceso deba desarrollarse en la fase escrita y oral en inglés o en  francés. 

En este sentido, han sido partes en asuntos ante el TIJ los  siguientes Estados de lengua española: Argentina: 2 veces; Bolivia: 2; Chile: 4 ; Colombia: 7; Costa Rica: 6; El Salvador: 2; Ecuador: 1;  España: 4; Guatemala: 2; Guinea Ecuatorial: 3; Honduras: 6;  México: 2; Nicaragua: 15; Paraguay: 1; Perú: 4; Uruguay: 1;  y Venezuela: 1. Pero, asimismo, se debe constatar que, desde el inicio del siglo XXI, se han resuelto asuntos por el TIJ que enfrentaban entre sí a dos Estados de  lengua española mediante procedimientos que se sustanciaban en inglés y/o francés. Así  cabe recordar por fecha de sentencia: El Salvador-Honduras en 2003; Nicaragua Honduras en 2007; Costa Rica-Nicaragua en 2009; Argentina-Uruguay en 2010;  Nicaragua-Colombia en 2012; Ecuador-Colombia en 2013; Perú-Chile en 2014;  Nicaragua-Costa Rica en 2015; Nicaragua-Costa Rica en 2018, en tres ocasiones, Bolivia-Chile en 2018 etc.

¿Por qué obligarles, en principio, a utilizar una lengua foránea? No puede extrañar que los dos partidos mayoritarios (PSOE y PP) acaben de presentar en el Senado una iniciativa parlamentaria conjunta instando al Gobierno “a culminar las gestiones necesarias en los distintos foros para que el español se convierta en lengua oficial en la Corte Internacional de Justicia”.

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