MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
En este sentido, destacan el "importante" esfuerzo de coordinación realizado por este departamento, en un texto que, "bajo su liderazgo", ha sido copropuesto junto a Igualdad, Interior e Inclusión, y ha recibido aportaciones y observaciones de otros nueve ministerios (Economía, Hacienda, Agricultura, Política Territorial, Universidades, Educación, Sanidad, Derechos Sociales, Trabajo).
El departamento que dirige Irene Montero anunció, en marzo de 2021, que iba a iniciar la elaboración del texto de la Ley contra la Trata con fines de explotación sexual y, un año después, en marzo de 2022, la ministra de Justicia, Pilar Llop, anunció que ponía en marcha la elaboración de una ley integral contra todos los tipos de trata.
El Ministerio de Igualdad anunció la aprobación de esta norma para el Consejo de Ministros del 15 de noviembre. Sin embargo, fuentes de este departamento reconocían que no había todavía acuerdo para establecer a partir de qué momento las mujeres en situación irregular pueden tener permiso de residencia y trabajo.
No obstante, otras fuentes del Gobierno aclaran a Europa Press que los derechos de las víctimas de trata no están condicionados a la presentación de ninguna denuncia.
En cualquier caso, fuentes de Igualdad han indicado a Europa Press que la propuesta de Justicia que actualmente se sigue negociando es "insuficiente y no responde a lo demandado por los organismos internaciones o el convenio de Varsovia", tampoco a lo planteado por las entidades expertas en atención a víctimas de trata y explotación sexual.
Desde Igualdad aseguran que siguen trabajando para que el texto cuente con "la mayor garantía" para que se protejan los derechos de las víctimas de trata y explotación sexual y subrayan que es "imprescindible" que el texto incluya "la posibilidad de que las víctimas de trata que sean identificadas y estén en situación administrativa irregular puedan acceder a un permiso de residencia y laboral, así como a atención social integral sin necesidad de colaboración policial o denuncia tal y como sucede con el resto de víctimas de violencia contra las mujeres".
También consideran necesario que el proceso de acreditación a víctimas incluya a las organizaciones que están a pie de calle y con las víctimas como parte del proceso de acreditación y piden que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género forme parte de las competencias de esta Ley como organismo competente en la lucha contra todas las formas de trata.
La norma finalmente no fue al Consejo de Ministros del 15 de noviembre, del que estaba ausente la ministra de Justicia, Pilar Llop, por Covid-19. Tampoco se aprobó en el del pasado 22 de noviembre, aunque la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, restó importancia a este supuesto retraso y negó que se debiera a discrepancias sobre el contenido de la norma. Asimismo, insistió en que se trata de una ley, que "lleva años de retraso" y que es de "todo el Gobierno".
Ángela Rodríguez denunció la semana pasada "el margen de impunidad vergonzante" que existe en el país en esta materia, debido a que los delitos "no han sido sancionados como debieran" y a que "las víctimas no están protegidas como deben serlo".
En este sentido, señaló que, para Igualdad, lo "más importante" que contiene esta norma es la creación de un mecanismo nacional de derivación "que va a permitir que estas mujeres sean identificadas desde el primer minuto con acceso a un permiso de residencia y trabajo que le corresponda, dependiendo del momento procesal de la identificación, lo que va a permitir que se puedan recuperar".
A pesar de las diferencias, Rodríguez considera que la norma es "un buen ejercicio de síntesis" realizado con las miradas "judicial, policial y feminista entre todos los ministerios". "Sin todas ellas no sería una buena ley", ha apuntado.
