INVENTAR UNA CONSTITUCIÓN
Hace tres años, la subida del precio del metro en Santiago de Chile se convirtió en la mecha encendida de una carga explosiva acumulada durante años que parecía integrar a Chile en la “normalidad” latinoamericana. Tras el acuerdo de los partidos, y con el respaldo ciudadano, la ola de protestas mutó en un proceso constituyente. La decisión de elaborar una nueva Constitución provocó que muchos pusieran su esperanza en dicho proceso, considerándolo el camino que podían seguir los países de la región para afrontar algunas de las reformas estructurales que tienen pendientes. Además, el chileno, como todo proceso constituyente, partía de una reflexión sobre la sociedad del presente y sus perspectivas de futuro. Una reflexión que, en un mundo globalizado, se extiende necesariamente más allá de lo nacional y que llevaba a Chile a poner en el foco la mayoría de los debates jurídicos y políticos de la posmodernidad.
Así, con el proceso y su culminación, Chile estaba abriendo una nueva ola constituyente latinoamericana a la que pronto podrían sumarse otros países, como Perú o Colombia, que parecían a la espera del resultado. Esto explica la atención despertada por el proceso en el mundo académico y político de todo el planeta y el impacto generado por los resultados del pasado 4 de septiembre. Ante el rechazo cosechado, los hay que buscan culpables (los medios de comunicación y la desinformación son los preferidos); otros, excusas (críticas al voto obligatorio restablecido en 2021 y la masiva participación), y solo algunos, razones. Pero son las lecciones aprendidas las que pueden servir para culminar con éxito el proceso, o iniciarlo en otros países.
En Chile se asumió la falsa creencia que pone en la Constitución la solución de todos los problemas y que, por extensión, hace que implícitamente se señale a la propia Constitución como su causa. Esta lógica esquinera hace que sustituir el texto constitucional sea la única solución posible, en contra del sabio consejo del maestro de constitucionalistas Pedro de Vega cuando hablaba de la reforma constitucional, que solo es “políticamente conveniente cuando resulta jurídicamente necesaria”. Sin embargo, Chile ha demostrado que la apertura de un proceso constituyente no puede ser un botón del pánico que se pulsa ante una situación de crisis. Porque todo proceso constituyente tiene siempre un componente revolucionario, transformador, que no encaja bien en el cortoplacismo de las dinámicas políticas, generando falsas expectativas que se ven defraudadas durante su transcurso.
Esto es lo que se desprende del rechazo al contenido de un texto que, ajustándose a los estándares del derecho comparado e incluyendo novedades como la constitucionalización de la paridad, no presentaba nada que no pudiera hallarse en otros ordenamientos constitucionales aunque sí transformaba radicalmente las instituciones jurídicas chilenas sin ofrecer una respuesta equilibrada a las expectativas más básicas de la sociedad. Todo texto constitucional mira al deber ser con vocación de permanencia, pero no puede renunciar a la realidad presente de la sociedad en la que se desarrolla, ni convertirse en una lista de deseos sin conexión con la realidad.
Además, la atención no se ha dirigido solo al contenido, sino también a la forma en que se ha elaborado. En la era de las redes sociales, el proceso de elaboración se ha seguido con lupa, como un ‘reality show’, y la escenificación exagerada que tanto ayudó en la movilización social y en la elección de los constituyentes, acaparó la atención de tal manera que el debate sobre los contenidos quedó relegado a un segundo plano. Paradójicamente, los constituyentes dejaron de ser esa suerte de refundadores de la patria, para convertirse en ese más de lo mismo contra lo que siempre pelearon. Esto generó un vacío en el que otros grupos mucho más motivados, mucho más movilizados, pudieron liderar la campaña en favor del rechazo, sobre todo entre las clases populares.
La composición de la Convención Constitucional, en la que la derecha y el centro izquierda no contaban con minoría suficiente para forzar la negociación, ha llevado a la mayoría a excluir del proceso a sus representantes y aprobar sin consenso algunas de las medidas más polémicas y polarizantes, confundiendo la realidad de los elegidos con la realidad de la sociedad.
La forma de elección de sus miembros ha contribuido a esta desconexión. La Convención se constituyó como un conjunto de particularismos, únicamente preocupados de lo suyo o de los suyos. Tal naturaleza hace que se imponga una lógica de negociación de intereses particulares y no una gran conversación sobre los intereses generales, que se abordaron de una manera mucho más genérica e indeterminada. Los 98 artículos dedicados al medio ambiente, o los 30 que tratan aspectos de género, son una muestra elocuente. El resultado final se parecía más a un compendio de valores ‘millennial’, que a una respuesta realista y coherente con la idiosincrasia y necesidades del país. Es inevitable recordar aquellas palabras de Torcuato Fernández-Miranda: “Las creaciones abstractas, las ilusiones, por nobles que sean, las actitudes extremosas, los pronunciamientos o imposiciones, los partidismos elevados a dogma, no solo no conducen a la democracia, sino que la destruyen”.
Los procesos constituyentes no pueden ser una excusa para que una mayoría coyuntural imponga su visión de la sociedad al resto. Y esta forma de contentar a distintas minorías activas provocó, a su vez, rechazos de otras minorías igualmente activas y, sobre todo, de mayorías silenciosas. El miedo cambió de bando para sorpresa de aquellos que pensaban manejarlo a su antojo. Sus intentos despertaron la reacción de identidades tradicionales, como el centro-izquierda, que se sintieron excluidas por otras identidades alternativas.
En este sentido, el rechazo a la propuesta constitucional es especialmente elocuente si se confronta con el abrumador 78 por ciento de apoyo que cosechó, en abril de 2020, la iniciativa constituyente. Aunque la obligatoriedad del voto hace que no sean votaciones comparables, sí resulta útil anotar que el ‘sí’ de 2020, para comenzar el proceso, obtuvo dos millones de votos menos que el ‘no’ de 2022. Útil porque indica hasta qué punto en 2020 se produjo una movilización asimétrica de los sectores más progresistas, y permite entender que al menos un millón de esos mismos chilenos, dos años después, se han unido a otros siete millones de votantes para rechazar el resultado final del proceso que, en su día, apoyaron con entusiasmo. La única razón lógica para este cambio solo puede ser que lo que se reclamó masivamente en 2020 fue un cambio simbólico y reformista, no una transformación radical como la que ha planteado el proyecto de Constitución.
En esencia, queda por delante el reto, que no es exclusivo de Chile, de alcanzar un nuevo pacto social en una sociedad profundamente dividida. Es la ‘paradoja del reformador reformado’ que, entre otros, enunció el gran jurista italiano Gustavo Zagrebelsky: las constituciones sirven para producir la unidad en las sociedades divididas, pero se necesita la unidad para producir la Constitución. Los que se lamentan de la oportunidad perdida, ocultando que sus intenciones eran fundamentalmente ideológicas, son incapaces de asumir una última lección: la derrota del texto no es necesariamente un fracaso, sino que puede convertirse en la oportunidad de volver al camino del consenso. En esa línea se han comenzado las conversaciones en el Congreso Nacional, todavía hay tiempo de aprovechar las lecciones aprendidas.
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