MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
Así aparece publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que recoge una orden del Ministerio de Justicia por la que se informa de que vista la solicitud de reincorporación al servicio activo de la ex fiscal general, que se encontraba en situación de servicios especiales en la carrera fiscal desde marzo de 2020, resuelve su reincorporación con efectos del día 26 de julio de 2022.
De esta manera, Delgado, que decidió apartarse del cargo de FGE por las molestias derivadas de una operación de espalda, regresará, según fuentes fiscales, a su plaza en la Audiencia Nacional en el mes de septiembre.
Fue el 19 de julio cuando anunció que, tras una operación de columna vertebral, renunciaba porque no le permitía estar en "las condiciones físicas exigidas para tan alta función". Delgado, que ha estado al frente del Ministerio Público dos años y medio, hizo un balance "satisfactorio" de su mandato, si bien ha sido objeto de crítica desde el inicio al pasar de ser titular del Ministerio de Justicia a FGE.
EL SALTO DEL MINISTERIO A LA FGE
Las fuentes fiscales consultadas por Europa Press señalaron tras conocerse su renuncia que ese comienzo fue un "pecado original" del que no pudo desprenderse. Sin embargo, ella defendió que no debía entenderse como "una debilidad" sino como "una fortaleza".
De hecho, PP y Vox recurrieron ante el Tribunal Supremo (TS) el nombramiento de Delgado como fiscal general del Estado, al considerar que no cumplía con los criterios de idoneidad e imparcialidad exigibles por haber sido ministra de Justicia, si bien el alto tribunal los inadmitió por falta de competencia, lo que ha llevado a ambos partidos a acudir al Tribunal Constitucional (TC).
Lejos de aminorar, la polémica en torno a su figura ha ido creciendo estos años. Así, este mismo mes la Asociación de Fiscales (AF) ha vuelto a solicitar al TS que anule el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de sala de Menores, una designación en la que Delgado insistió después de que el alto tribunal la anulara por falta de motivación.
El descontento en buena parte de la carrera fiscal con Delgado quedó patente en las recientes elecciones al Consejo Fiscal, el órgano asesor de la fiscal general. El pasado mayo, la AF --la mayoritaria-- arrasó al adjudicarse seis de los nueve puestos electivos, mientras que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) --a la que perteneció Delgado-- pasó de cuatro a dos y la Asociación Profesional Independiente (APIF), también crítica, logró entrar con un asiento.
Precisamente, su primer acto oficial tras reincorporarse de la baja médica fue la despedida del Consejo Fiscal saliente y la constitución del entrante, donde aprovechó para dar un discurso donde reivindicó no solo su trabajo en la FGE sino también durante su etapa como ministra de Justicia.
LA ENMIENDA A LA LEY CONCURSAL
Cabe recordar que Delgado se despide de la FGE sin poder incorporarse directamente como fiscal de sala al Tribunal Supremo, ya que la enmienda --incluida en la ley Concursal por el Grupo Socialista en el Congreso-- que lo habría permitido para ella y para los fiscales generales que la sucedieran acabó retirándose.
Miembro de la carrera fiscal desde 1989, su primer destino fue en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desde 1990, adscrita a los Juzgados del Prat de Llobregat, donde formó parte de las nuevas áreas de menores, antidroga y medio ambiente.
Poco después, en 1993, fue destinada a la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, desde donde dirigió operaciones contra organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al blanqueo de capitales.
Fue en 2004 cuando se incorporó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional trabajando en casos de terrorismo. Tres años después, fue designada como coordinadora contra el terrorismo yihadista.
Además, fue la fiscal del primer juicio que se iba a celebrar en España por crímenes contra la humanidad en aplicación del principio de la jurisdicción universal sobre los crímenes cometidos en la dictadura argentina.
En 2011, Delgado colaboró con la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) en la investigación del 'caso Libia', sobre los crímenes ocurridos durante la llamada 'Primavera Árabe'. Preparó la documentación de la orden de arresto contra el fallecido dictador libio Muamar Gadafi.
