LEGANÉS, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
En una sentencia fechada el pasado día 7, la Sala desestima el recurso interpuesto contra la "inactividad de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid respecto a la adopción de medidas, desarrollo y ejecución de lo previsto en la Orden SND/265/ 2020, de adoptación de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19".
La Sección Octava desestima los recursos al entender que no hubo "inactividad de la administración de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias" y que las medidas que se proponían eran opcionales.
El alcalde de Leganés, Santiago Llorente (PSOE), ha anunciado que recurrirá la decisión judicial al considerarla "injusta". "No estamos de acuerdo con esta situación y seguiremos litigando y exigiendo Justicia para todas las familias", ha señalado.
Además, el regidor ha recordado que no busca que se condene a nadie en concreto, sino que se reconozca que "los procedimientos no fueron los adecuados y que en el futuro se establezcan los protocolos adecuados".
Llorente ha recordado que, durante la primera ola, y ante los fallecimientos en las residencias pidió al TSJM que se medicalizaran estos centros, algo que "nunca se produjo". "Hoy, dos años más tarde, el Tribunal ha establecido que la Comunidad de Madrid obró bien y que las medidas (que se tenían que implantar) eran meras recomendaciones", ha concretado.
El Ayuntamiento de Alcorcón también alegó en su denuncia que el Gobierno regional no había cumplido con las obligaciones que se recogen en "el artículo segundo de la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo", en la que el Ministerio de Sanidad pedía "la adopción de medidas relativas a la residencias de mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria".
En este punto, la alcaldesa, Natalia de Andrés (PSOE), ha mostrado su intención de recurrir en casación al considerar que "salvar vidas no puede ser nunca una opción sino que, muy al contrario, es una clara responsabilidad y obligación por parte de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, que era quien tenía las competencias en ese momento".
La regidora ha recordado que "no están solos" porque hay dos magistradas de la Sala que han emitido voto particular al considerar que, en la primera ola, la Comunidad no actuó correctamente.
