MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
En concreto, los magistrados estudiarán el recurso de Vox contra la disposición adicional quinta de la ley de PGE, relativa al fondo de ayuda para personas más desfavorecidas, y el del PP contra la disposición final trigésima de dicha ley, por la que se regula el ingreso mínimo vital.
Asimismo, el Pleno revisará los recursos de ambas formaciones contra la disposición final primera, que modifica la Ley de Bases de Régimen Local para otorgar a País Vasco la gestión de los funcionarios locales con habilitación nacional, tales como secretarios, interventores y tesoreros municipales.
Según consta en el orden del día que ha hecho público el tribunal de garantías, esta semana tampoco tendrá lugar el debate sobre el recurso que presentó el PP contra la ley del aborto, pendiente desde 2010.
RECURSOS DEL 'PROCÉS'
Como ha sido habitual en los últimos meses, los magistrados abordarán una batería de recursos presentados por los líderes del proceso independentista catalán. Entre los asuntos para primera deliberación figura un recurso del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont contra un acuerdo de la Mesa del Parlament por el que se dejó sin efectos dos acuerdos anteriores relativos a la delegación de su voto.
También consta un recurso del exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras contra dos autos del Tribunal Supremo en la conocida causa del 'procés', así como un recurso que interpuso junto a su esposa, NB, contra la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Manresa de denegar su petición de Habeas Corpus para que se declarara ilegal su detención.
B alegó que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estableció que Junqueras -que fue condenado por el Tribunal Supremo-- tenía inmunidad parlamentaria y que su no puesta en libertad era una "vulneración flagrante de sus derechos".
LEGALIDAD DEL ESTATUTO DE LA RIOJA
Al margen de los recursos relativos al 'procés', está previsto que el Pleno aborde el recurso de la Xunta de Galicia contra el artículo 20 y la disposición derogatoria única de la ley de cambio climático y transición energética. El Gobierno autonómico acudió al Constitucional para buscar una solución que "dé seguridad" jurídica a más de un centenar de empresas de la cadena mar-industria y a otras cerca de 3.000 edificaciones ubicadas en la línea de costa.
Los magistrados también evaluarán el recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente Pedro Sánchez con el Estatuto de Personal al servicio del Parlamento de la Rioja. El líder del Ejecutivo consulta al tribunal al considerar que esta norma crea una categoría laboral que "vulnera" los principios de igualdad, mérito y capacidad previstos en los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución.
Además, el Pleno decidirá si admite o no a trámite dos cuestiones de inconstitucionalidad: una planteada por el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana y otra por el de Andalucía. El primero contra un apartado de la ley valenciana de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje; el segundo, contra un artículo de la ley andaluza del IRPF.
El tribunal también estudiará si admite o no dos recursos de inconstitucionalidad: uno del presidente del Gobierno contra un artículo de la ley de la Región de Murcia de recuperación y protección del Mar Menor; y otro de más de 50 diputados del PP contra la ley del Parlament de Cataluña para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda.
LÓPEZ MADRID Y LA PÚNICA
Esta misma semana está previsto que la Sala Segunda delibere sobre un recurso del empresario JLM contra la decisión que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional adoptó en 2020 de prorrogar la investigación sobre la macrocausa 'Púnica'.
El empresario está investigado en este procedimiento por haberse repartido, presuntamente, una comisión de 3,6 millones de euros con los dos principales imputados en esta causa, el exsecretario general del PP de Madrid FG y el empresario DM, como resultado del supuesto amaño de la adjudicación de unas obras de Metro Madrid.
Además, también se prevé que la Sala Primera del Tribunal Constitucional aborde un recurso de Europa Press Delegaciones contra una decisión de la Audiencia Provincial de Baleares relativa al procedimiento en el que se incautaron los teléfonos móviles de varios periodistas, incluido uno de esta agencia de noticias.
El pasado marzo el tribunal ya amparó por unanimidad a Europa Press al concluir que se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva después de que un juez interviniera las comunicaciones por una filtración en el 'caso Cursach'.
