BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)
"En el momento que se alcen las moratorias, esos procedimientos o lanzamientos suspendidos se tienen que reactivar, y nos encontraremos con una situación muy compleja de gestionar", ha anticipado este miércoles durante la rueda de prensa para presentar la memoria judicial de 2021.
Ha advertido de que los juzgados tendrán que ejecutar la orden de lanzamiento pero "de otro lado son las administraciones, tanto las administraciones locales como la autonómica, con sus servicios sociales, quienes van a tener que ofrecer una alternativa" a los afectados por el desahucio una vez se reactive el procedimiento.
Barrientos ha detallado que hasta el 28 de febrero ya se habían parado 4.500 procesos de desahucio que quedan pendientes para cuando termine la moratoria, de manera que prevé que al cerrar septiembre "ese número se haya incrementado probablemente en otros 1.000 o 1.500 procedimientos suspendidos", e implica que cuando llegue ese momento el escenario sea de más de 6.000 desahucios o lanzamientos a materializar.
En cuanto a las cifras de 2021, y excluyendo los lanzamientos en casos de ocupación ilegal, hubo un 24% menos de desahucios, lo que Barrientos ha atribuido precisamente a esta moratoria.
CATALÁN EN LOS TRIBUNALES
Sobre el uso del catalán en los tribunales, ha valorado que la herramienta e-justicia de la Generalitat --que solo funciona en la jurisdicción civil-- permite notificar las resoluciones en catalán aunque no sea la lengua propia del juez, porque tiene un sistema de traducción automática.
Al preguntársele por un diagnóstico de la Conselleria de Justicia según el que 8 de cada 10 personas que piden la notificación en catalán la reciben en castellano, ha dicho: "Si estos datos son reales hay que cuidar el tratamiento de este procedimiento. El funcionario es quien pone la cruz o pulsa el botón de castellano o catalán, no es una desviación del juez porque en estas resoluciones no interviene".
PRESUPUESTO DE 66 EUROS POR CIUDADANO
Barrientos ha reprochado que el presupuesto que la Generalitat dedica a la justicia es de "66 euros por ciudadano" y que en 2022 solo ha aumentado un 3%, lo que ha dicho que prácticamente es la misma cantidad que supone el incremento de los sueldos.
"Tenemos edificios judiciales muy precarios, con problemas incluso de habitabilidad serios", y ha reclamado partidas presupuestarias mayores para afrontarlo.
PLANTILLA DE JUECES
El presidente del TSJC también ha recordado que constantemente hay una gran cantidad de plazas de juez en Cataluña cubiertas por sustitutos, y ha reivindicado aumentar la cantidad de jueces en Cataluña: ahora hay 11,03 por cada 100.00 habitantes, y ha reclamado "al menos acercarlo" a la media estatal, de 12,08.
"Es revelador que las plazas judiciales en Cataluña, por la razón que sea no resultan atractivas para jueces y magistrados", tras lo que ha mencionado como opciones el nivel de vida, y la dificultad añadida que supone aprender catalán y el derecho civil propio, y ha insistido en su petición de fijar un plus salarial para los jueces que ejerzan en Cataluña a modo de incentivo.
BALANCE DE 2021
Al hacer balance del año pasado, ha recordado que seguían vigentes muchas restricciones por la pandemia de coronavirus pero aun así se registraron cifras "muy similares" a 2019, antes de la crisis sanitaria, en lo que respecta a casos que llegaron a los juzgados catalanes.
En este sentido ha destacado que el número de asuntos resueltos incluso superó el de 2019, que toma como referencia en la comparativa porque los datos de 2020 quedaron alterados por la pandemia.
Aumentaron los casos de la jurisdicción civil y de la contenciosa, referentes a litigios contra la administración, que Barrientos ha achacado a que hubo mucho recursos contra sanciones por la pandemia.
Respecto a casos de violencia machista, hubo un 9,7% más de denuncias que en 2020 y el año pasado se constató, "tanto en Cataluña como en el conjunto de España, un aumento en el número de muertes causadas por la violencia de género", con cinco al 2020 y ocho en 2021 en Cataluña.
