Llop ha dado las gracias a los registradores y, en especial, a su decana, María Emilia Adán, y a la decana autonómica de los Registradores de Madrid, María Belén Merino, por este galardón, que reconoce a personas o entidades que promueven el Estado social y democrático de derecho, la paz, la convivencia y el progreso económico y social.
La ministra ha ensalzado la figura de Gumersindo de Azcárate como claro precursor del Estado social y democrático de derecho y, en línea con su actuación y valores, ha reivindicado una sociedad plural e inclusiva en la que se acepte la diversidad de ideas, creencias y opiniones. “Debemos preservar estos valores, que ya forman parte de nuestro sistema, y defenderlos de cualquier amenaza”, ha añadido.
Llop ha incidido en que “la Justicia es un pilar básico del Estado social y democrático de derecho” y ha subrayado “la necesidad de consolidar y defender nuestra democracia”.
También, en línea con las ideas impulsadas por Gumersindo de Azcárate, la ministra ha aludido a la capacidad de diálogo como seña de identidad de un Gobierno que favorece la política de calidad. Así, ha asegurado que tanto el Gobierno como el Ministerio que dirige entienden que una “acción pública capaz de canalizar las demandas sociales y de dar respuesta a las nuevas realidades, incluso anticiparlas, es sinónimo de una política respetuosa y cercana a las personas”.
Avance de la Justicia
LLop ha destacado que su Ministerio está “trabajando para que nuestra Justicia avance y evolucione al mismo tiempo que lo hace la sociedad española”. El objetivo, según ha dicho la ministra, es “alcanzar un servicio público más accesible, más eficiente, más sostenible y más igualitario”.
Para conseguir esos objetivos, la ministra se ha referido a tres piezas clave en las que se basa su Ministerio, que son la Ley de Eficiencia Organizativa, la Ley de Eficiencia Procesal y la Ley de Eficiencia Digital.
En relación a ellas, Llop se ha referido a medidas con las que “se mejora estructuralmente la organización de los órganos judiciales”, como la creación de los Tribunales de Instancia o el impulso “a una más eficiente Oficina Judicial”. También ha mencionado las Oficinas de Justicia en los municipios, “un instrumento idóneo para reducir la brecha territorial, digital, generacional, de discapacidad o económica, acercando el servicio público de Justicia a la ciudadanía”.
Asimismo, ha hecho referencia a medidas que contemplan estas leyes para aumentar la eficiencia y celeridad en la tramitación de procedimientos judiciales, como la incorporación de los medios adecuados de solución de controversias, o la regulación de la transformación digital “que ya es una realidad que va a convertir nuestro servicio público en un referente de la modernización de España”.
La ministra ha estado acompañada en la entrega del premio por el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez; la subsecretaria de Justicia, Ana Sánchez; el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo; y la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, entre otros.
