MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
La subcomisión que debe redactar ese documento quedó constituida el pasado 9 de diciembre y acordó pedir autorización para poder reunirse en enero, dado que se trata de un mes inhábil a efectos parlamentarios. Una vez habilitada para ello, tiene previsto mantener su primer encuentro de trabajo la próxima semana.
A principios de diciembre la comisión que preside Íñigo Errejón, acordó, entre críticas del PP, Vox y Ciudadanos, tomar como base para la discusión el texto redactado por el PSOE y Más País, borrador que fue apoyado por Unidas Podemos y ERC.
Por ahora los grupos sólo han presentado enmiendas a la primera parte de ese documento, la más técnica. Ésas serán las que se empiecen a discutir la semana que viene y, a partir de ahí, se irá enmendando el resto del informe hasta consensuar un texto de manera mayoritaria.
SIETE ORGANISMOS
Las propuestas que defienden el PSOE y Más País afectarían un total de siete administraciones independientes: Agencia de Protección de Datos, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.
El documentos suscrito por estos dos partidos, al que ha tenido acceso Europa Press, destaca que quedaría fuera el Banco de España. Pero, mientras que el PSOE ha presentado una enmienda para destacar la singularidad de la naturaleza jurídica de esta institución, Más País lo ha hecho para apostar por no limitar las recomendaciones que se aprueben a las siete administraciones independientes citadas, sino que éstas se puedan extender a otros organismos de este tipo.
Por su parte, el PP ha presentado enmiendas para frenar la "potente deriva totalitaria" que dice apreciar en el borrador de PSOE y Más País, a los que acusa de negar la "legitimación democrática" de estos organismos cuya continuidad considera amenazada.
MÁS CONTROLES
En este contexto, apuesta por un refuerzo institucional de las autoridades independientes con normas que garanticen su independencia, imparcialidad, transparencia y suficiencia presupuestaria, así como que tengan que rendir cuentas ante las Cortes, y también el Gobierno sobre la aplicación de las recomendaciones que éstas le hagan.
De su lado, Vox es partidaria de incrementar el control sobre estos órganos, pero no de una forma "excesiva" que pueda llegar a afectar su independencia.
En sus enmiendas, recogidas por Europa Press, ERC hace defiende la existencia de estas entidades y pide aumentar los controles sobre las mismas. También las defiende Ciudadanos, que quiere incluir un apostilla para reivindicarlas no sólo en los ámbitos en los que sea posible adoptar decisiones con base a criterios exclusivamente técnicos, sino también en aquellos en los que "el interés general pueda entrar en conflicto con incentivos partidistas".
Desde el PNV se reclama simplificar el documento que se ha tomado como base para los trabajos, diferenciar bien las autoridades independientes que afectan a sectores determinados (como la CNMC, la CNMC, el CSN y la AEPD) de las que fiscalizan poderes ejecutivos (como la AiRef o el Consejo de Transparencia), incrementar su rendición de cuentas en sede parlamentaria e impulsar códigos de conducta para sus miembros.
UNIFICAR EL MÉTODO DE ELECCIÓN
El documento redactado por el PSOE y Más País apuesta por unificar el método de selección de los máximos responsable de las administraciones independientes. Sin embargo esa parte del informe será objeto de enmiendas más adelante.
En concreto, abogan elegirlos mediante un procedimiento idéntico que arrancaría con la publicación de una convocatoria pública por parte del Gobierno. Los firmantes del documento quieren que siga siendo el Ejecutivo quien proponga a los candidatos a las Cortes, pero reforzando el papel de las Cámaras tanto en la elección de los máximos responsables como en su control posterior.
El método de elección que defienden para los responsables de los siete organismos citados es similar al que ya rige para la Agencia Española de Protección de Datos, cuya renovación está precisamente siendo objeto de polémica estos días. Este asunto ha provocado un aviso al Gobierno por parte de las autoridades comunitarias porque los nombres de los futuros responsables se dieron a conocer antes incluso de convocar el concurso preceptivo.
El Ejecutivo incluyó la renovación de la AEPD en el pacto que cerró con el PP a finales de octubre para designar nuevos miembros del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. En concreto, ambas partes acordaron nombrar presidenta a Belén Cardona, a propuesta del PSOE, y adjunto a Borja Adsuara por sugerencia del PP.
Y un mes después, el 18 de noviembre, se convocó el concurso público para elegir a los mejores candidatos para el puesto. Según la legislación vigente, tras evaluar a los aspirantes, es el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, el que debe proponer candidatos a presidente y adjunto. Ambos han de ser ratificados por la comisión de Justicia en el Congreso.
En la propuesta sobre la que trabaja la Comisión de Calidad Democrática, PSOE y Más País plantean que las votaciones de idoneidad de los aspirantes a estos puestos se realicen en un órgano similar a la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, pero "reforzada".
"Tendría, precisamente por estar focalizada en esta función, más posibilidades de realizar 'hearings' (comparecencias) más parecidos a los que se desarrollan en otros sistemas democráticos, como Estados Unidos, donde se produce una seria y exhaustiva investigación sobre el perfil profesional de las personas propuestas, lo que redundaría en una clara mejora del sistema de selección", reza el documento, recogido por Europa Press.
MANDATOS DE SEIS AÑOS
Además, defienden que para aprobar el informe de idoneidad se "exija mayoría cualificada" y que éste no pueda salir adelante "en ningún caso" con "el voto afirmativo de un único grupo parlamentario".
Esta Comisión de Nombramientos debería tener entre sus tareas controlar a los órganos reguladores y autoridades independientes con más intensidad que en la actualidad, aumentando el régimen de comparecencias, que ahora generalmente está fijado en una al año, y haciéndolas más dinámicas para facilitar la obtención de respuestas, siguiendo el modelo anglosajón.
También correspondería a esta comisión la elaboración de códigos éticos que obliguen a sus máximos responsables e incluyan un régimen de infracciones y sanciones si se incumple, así como la función de actuar para detectar posibles incompatibilidades.
Asimismo, abogan por homogeneizar la normativa sobre la duración de mandatos en todas estas entidades, de manera que no coincidan con las legislaturas para reforzar así la independencia de sus responsable. En concreto, sugieren mandatos de seis años, una cifra que sobrepasa la legislatura política y que permite "trazar objetivo a medio plazo" logrando una gestión "más eficaz".
