Diario del Derecho. Edición de 17/09/2021
  • Diario del Derecho en formato RSS
  • ISSN 2254-1438
  • EDICIÓN DE 04/08/2021
 
 

El Tribunal Constitucional cumplió; por Manuel Aragón, catedrático emérito de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional

04/08/2021
Compartir: 

El día 4 de agosto de 2021 se ha publicado, en el diario El País, un artículo de Manuel Aragón en el cual el autor opina que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma protege los derechos fundamentales de los españoles.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CUMPLIÓ

Aunque con retraso, criticable por la excepcional importancia del asunto, el Tribunal Constitucional al final cumplió con su deber de hacer prevalecer la Constitución. La sentencia dictada sobre el estado de alarma, sin ser perfecta, ninguna lo es, ha sido, a mi juicio, acertada, porque pone de manifiesto un modo fiel de ejercer la función de supremo intérprete y defensor jurídico de la Constitución que el tribunal tiene atribuida. Porque la sentencia no es, como algunos han dicho, erróneamente, una sentencia “de la mayoría” de los magistrados, sino del propio tribunal, de la misma manera que las leyes no son “de la mayoría” de los diputados o senadores, sino de las Cortes Generales, aunque, por tratarse de órganos colegiados, sus decisiones se adopten, obviamente, por mayoría. La unanimidad ni es la regla ni en ocasiones resulta beneficiosa, ya que puede distorsionar el legítimo pluralismo interno del órgano llamado a decidir. De modo que una ley o una sentencia son perfectamente válidas si alcanzan la mayoría que se requiere para dictarlas, sin que ello reste un ápice a su validez. Por lo demás, la adopción de una sentencia por la mitad más uno de los magistrados es algo perfectamente normal, en España y en otros países constitucional-democráticos.

Es cierto que hay extremos de la sentencia que pueden ser discutibles, así la apelación, en algunos pasajes de la misma, al principio de proporcionalidad, que, a mi juicio, sólo debe servir para graduar las limitaciones de derechos, no la suspensión de los mismos, o la distinción entre suspensión y limitación basada en la intensidad de la restricción, cuando resulta perfectamente posible diferenciarlas de manera sustantiva. O en fin, la fijación algo confusa de los efectos de la sentencia, pues, frente a lo que allí se dice, ningún ciudadano está obligado a soportar perjuicios por una medida declarada inconstitucional, aunque al afirmarse al mismo tiempo que en esa materia rige el artículo 3.2 de la ley orgánica se deja un resquicio para exigir las indemnizaciones que procedieran.

Dicho lo anterior, el gran problema de fondo ha quedado bien resuelto. En primer lugar, la sentencia interpreta adecuadamente la Constitución al distinguir la alarma de la excepción en función de la magnitud de las medidas que en ambos estados pueden adoptarse. Ese es el criterio que de nuestra norma fundamental se deriva y que ha de servir de guía para interpretar la ley orgánica de desarrollo. Por ello, cuando una situación de crisis es tan grave que supone una alteración clara del orden público constitucional y que, por ello, precisa de una suspensión y no una limitación de derechos, lo constitucionalmente exigido es la declaración del estado de excepción.

En segundo lugar, la sentencia deja también muy claro que el confinamiento general obligatorio supuso una suspensión del derecho fundamental de libre circulación, algo difícilmente rebatible dado que dicha libertad quedó temporalmente eliminada, pese a que se reconocieran ciertas y tasadas excepciones. Porque lo esencial para diferenciar limitación de excepción

Cuando una crisis es tan grave que precisa de una suspensión de derechos, lo exigido es el estado de excepción

no es distinguir entre el todo y la nada, algo completamente irreal, sino entre la regla general y la excepción. Hay limitación si la regla general es el libre ejercicio del derecho, aunque dicha libertad se encuentre restringida por algunas y tasadas excepciones, y, por el contrario, hay suspensión si la regla general es el no ejercicio del derecho, aunque excepcionalmente se reconozcan algunas y tasadas excepciones a esa ausencia general de libertad. Esto último es lo que, sin duda, sucedió. Y aunque la sentencia no lo reconoce así, en mi opinión también se suspendió la libertad de empresa, con el agravante de que ese derecho ni siquiera puede suspenderse en el estado de excepción.

Como es obvio, no puede efectuarse un comentario detallado de la sentencia en un artículo de prensa y, por ello, no voy a insistir más en las razones que avalan el acierto del tribunal al declarar que, habiéndose producido una auténtica suspensión del derecho de libre circulación, se infringió la Constitución por haberse utilizado el estado de alarma en lugar del estado de excepción.

La sentencia va acompañada de cinco votos particulares, algo que siempre enriquece la decisión del tribunal, pues facilita el debate intelectual que en la comunidad de los juristas debe seguir a toda gran decisión del supremo intérprete de la Constitución. Aunque también, a veces, los votos particulares pueden servir, si sus razones son débiles, como a mi juicio aquí sucede, para reforzar el acierto de la decisión mayoritaria.

Me referiré a algunos argumentos de los votos, que coinciden con los de algunos juristas que han comentado la sentencia. Así, no resulta constitucionalmente aceptable el argumento de que sólo existe suspensión de derechos si la medida expresamente así lo dispone. Como es obvio, los actos jurídicos son lo que son, y no lo que ellos, de sí mismos, proclamen. Lo contrario conduciría a un formalismo absurdo, aparte de que impediría el control jurisdiccional que, muchas veces, procede porque el acto jurídico, sin decirlo, venga a realizar lo que no le está permitido. Tampoco resulta aceptable el argumento de que la autorización parlamentaria, por muy mayoritaria que fuese, subsane el vicio de inconstitucionalidad del acto. La inconstitucionalidad no se salva porque el Parlamento la apruebe.

Menos aceptable aún es la idea de que el objetivo de preservar la salud y vida de los españoles que tenían las medidas adoptadas debiera de haber conducido a apreciar su constitucionalidad. De un lado, porque, en un Estado constitucional, el fin no justifica los medios. De otro, porque, siendo necesaria la suspensión de derechos para dotar de eficacia a dicha preservación, ésta en modo alguno se habría debilitado si, cumpliendo la Constitución, se hubiese declarado el estado de excepción y no el de alarma. A estos efectos, conviene recordar a algunos de los críticos con la sentencia, que no es la Constitución la que debe interpretarse de conformidad con la Ley Orgánica, sino ésta de conformidad con la Constitución cuyo significado no puede quedar fijado por el debate constituyente, sino en su capacidad de objetivarse en el tiempo mediante su comprensión sistemática y, sobre todo, finalista.

Por último, en este breve repaso a los argumentos principales aducidos en la crítica a la sentencia, deseo resaltar lo que considero un error interpretativo, cuando se sostiene que el estado de excepción hubiera producido una mayor desprotección de los derechos, además de ser un instrumento inútil por su corta duración temporal de 60 días. En cuanto a lo primero, sólo cabe decir que la propia Constitución lo desmiente, ya que deja en manos del Congreso y no del Gobierno su declaración inicial, y es aquel y no este el que determina, desde el principio, la amplitud o restricción de las medidas que se adopten; lo que sí desprotege de verdad los derechos es un estado de excepción encubierto bajo la forma del estado de alarma, que fue lo que ocurrió. Y en cuanto a lo segundo, el hecho de que el estado de excepción sólo pueda declararse por un máximo de 30 días y prorrogarse una sola vez por otros 30, no impide que, si pasado ese plazo máximo la situación continúa, pueda declararse un nuevo estado de excepción. Lo contrario supondría una interpretación absurda que dejaría al Estado inerme para seguir actuando si el supuesto de hecho persiste.

En definitiva, el Tribunal Constitucional ha cumplido, en esta sentencia, con su auténtico deber: defender la Constitución frente a los actos de los poderes públicos que la vulneren. Y ello supone, frente a lo que sostienen sus críticos, preservar los derechos fundamentales de los españoles, en este caso el de libertad de circulación, del que habían sido privados sin el procedimiento constitucionalmente exigido para ello.

Comentarios - 1 Escribir comentario

#1

El TC superó sus anterioes cotas salvo la de la doctrina Paro
La sentencia falseó la realidad: el confinamiento general obligatorio NO supuso una suspensión del derecho fundamental de libre circulación.
lo que hubo fue una gran limitacion del ejercicio de esa libertad ero se reconocieron ciertas y tasadas excepciones, que fueron menos que las que se hubieran podido limitar con el estado de excepción.
La limitacion de un ejercicio no es un problema de porcentajes; se puede limitar algo en un 51 % y no por ello decir que se ha suspendido lo que se ha limitado.
La limitacion no es el único elemento que distingue el estado de alarma del estado de excepción.
Pero cuando se afirma que el estado de alarma suspendió la libertad de empresa, creo que las discrepancias llegan a su limite.
De todos modos la interprtacion de la norma debe seguir el art. 3.1 CC. No han tenido en cuenta, ¡ni por asomo!, que toda norma, en la medida que liimta la libertad, se debe aplicar alterándola al mínimo que permita conseguir el objetivo.
Entender eso excedio a 6 de 11. Habrá defendido la CE78 pero al art. 3.1 CC lo ha dejado hecho unos zorros

Escrito el 04/08/2021 18:05:49 por Alfonso J. Vázquez Responder Es ofensivo Me gusta (0)

Escribir un comentario

Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su nombre de usuario y contraseña:

 

Si desea registrase en www.iustel.com y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en www.iustel.com.

  • Iustel no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.
  • No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
  • Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Revista El Cronista:

Revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho

Lo más leído:

  1. Tribunal Supremo: La Sala IV del TS rectifica su doctrina y declara que, salvo muy contadas y limitadas excepciones, el contrato de interinidad por vacante de un empleado público no podrá durar más de tres años a contar desde su suscripción
  2. AN, TSJ, AAPP: Si dentro de la jornada prestada en teletrabajo se producen cortes en los suministros que impidan continuar con la prestación, la empresa ha de computar el periodo que duren las incidencias como tiempo efectivo de trabajo
  3. Tribunal Supremo: La no aplicación de la excepción al principio general del vencimiento en la imposición de costas no es aplicable cuando se ejercitan acciones de nulidad de contratos por error en el consentimiento basadas en el CC
  4. Actualidad: El TS mantiene el apoyo asistencial a una persona con síndrome de Diógenes aun en contra de su voluntad
  5. Actualidad: La Audiencia Nacional no prohíbe el homenaje a Parot y ordena a la Policía que vigile para evitar humillación a víctimas
  6. Legislación: Ayudas al Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos
  7. Tribunal Supremo, Contencioso-Administrativo: El TS establece que los accidentes “in itinere” de los funcionarios públicos dan derecho a la pensión extraordinaria por inutilidad para el servicio
  8. Legislación: Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados
  9. Actualidad: El TS ratifica la condena al exdirector de Mercasevilla por malversación
  10. Actualidad: La Audiencia Nacional rechaza la petición de asilo del ex juez peruano César Hinostroza

Secciones:

Boletines Oficiales:

 

© PORTALDERECHO 2001-2021

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI: abre una nueva ventana