MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
ASADEDH denunció que agentes del Frente Polisario, incluido Ghali, y de la seguridad argelina cometieron numerosos abusos, que describe como torturas, en los campamentos de refugiados saharauis ubicados en Tinduf (Argelia) en un periodo temporal que comprendería entre 1975 y 1990.
Calificó lo sucedido de presuntos delitos de genocidio en concurso con asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones, si bien el magistrado considera que la responsabilidad penal por estos hechos ha expirado porque el Código Penal aplicable es el de 1973, que establece un plazo de prescripción de 20 años, ampliamente superado.
Pedraz argumenta además que, incluso si se aplicara el actual Código Penal, "las conductas expuestas en la querella no integran todos los elementos del delito de genocidio", por cuanto no observa la "intención conjunta" de los acusados de "destruir total o parcialmente el propio grupo nacional al que pertenecen", aduciendo asimismo que "no hay rastros de esos subgrupos" en los que los querellantes dividen al pueblo saharaui según su localización geográfica.
Contesta de esta forma a ASADEDH, que en su querella sostenía que el Frente Polisario llevó a cabo una "limpieza étnica" desde mediados de los años 70 contra las minorías tekna, aitusa, yegutt y contra los pobladores del ex Sáhara español.
Sin embargo, para el instructor, "se trata de forzar la norma penal para lograr la calificación indicada y evitar la aplicación de la figura de la imprescriptibilidad del delito de genocidio contemplado en el Código Penal actual".
TESTIMONIOS DÉBILES
El juez señala también que en los testimonios escuchados hasta ahora "se aprecia una insuficiencia manifiesta de detalles relevantes sobre circunstancias de lugar y tiempo de los hechos, detalles concretos de la participación de Ghali", lo cual "resta credibilidad" a los mismos.
Pedraz observa las mismas "contradicciones" denunciadas por la defensa entre las afirmaciones de la querella sobre la participación de Ghali en los hechos denunciados y las declaraciones de los testigos en sede judicial.
El último testigo en comparecer ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 fue la de Ahmed Tarouzi el pasado martes. Según su relato, estuvo detenido entre 1982 y 1995 en una cárcel del Frente Polisario en Tinduf donde sufrió torturas. En concreto, afirmó que le arrancaron dientes, le quemaron con cigarros y hierros candentes, prácticas que le habrían dejado cicatrices por todo el cuerpo.
Tarouzi atribuyó las torturas que sufrió a miembros del Frente Polisario y militares argelinos. Interrogado directamente sobre Ghali, contestó que le vio varias veces en la prisión dando órdenes.
OTRA QUERELLA CONTRA GHALI
La querella de ASADEDH se presentó inicialmente en 2008 contra trece miembros del Frente Polisario, si bien posteriormente se amplió a más de una veintena, incluido Ghali, y a cuatro militares argelinos. La querella seguiría viva, por tanto, respecto al resto de acusados.
Hay que tener en cuenta además que Pedraz tiene en sus manos una segunda querella contra Ghali. Se trata de la presentada en 2020 por el activista saharaui de nacionalidad española Fadel Breica por las torturas que habría sufrido en los campamentos de Tinduf en 2019.
De acuerdo con Breica, al llegar allí agentes del Frente Polisario le amenazaron para que se fuera pero, lejos de hacerlo, organizó protestas, siendo arrestado y trasladado a centros de detención clandestinos donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas.
EL PASO DE GHALI POR ESPAÑA
Las acusaciones contra el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) cobraron impulso cuando se supo que estaba en España, específicamente en el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde fue ingresado el 18 de abril con un cuadro grave por complicaciones derivadas del coronavirus.
Ghali compareció el 1 de junio ante Pedraz por videoconferencia desde el centro sanitario, negando cualquier implicación en dichas violaciones de los Derechos Humanos. Su defensa ha esgrimido en sucesivos escritos que se trata de una causa política para minar las aspiraciones de autodeterminación del pueblo saharaui.
Tras escuchar al líder del Frente Polisario, Pedraz acordó dejarlo libre sin medidas cautelares al no ver indicios de delito en su contra. Pocas horas después, en la madrugada del 2 de junio, regresaba a Argelia en un avión medicalizado.
