SEVILLA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal tiene previsto que en las próximas semanas se conforme un grupo de trabajo con las organizaciones sindicales del sector, en el que se trabajará en el texto normativo que posteriormente se negociará en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia, según ha informado la Consejería por medio de una nota.
La pandemia hizo que el 13 de abril de 2020 se dictara una Resolución del Ministerio de Justicia para adaptar la prestación del servicio público de justicia al Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, que menciona el teletrabajo como uno de los principios que deben promover las futuras actuaciones encaminadas a la normalización de la actividad de la Administración de Justicia.
Tras las pertinentes negociaciones en la Mesa Sectorial, la Dirección General emitió la Instrucción 6/2020, de 26 de mayo, que regula el teletrabajo en los juzgados andaluces.
Desde entonces se han aprobado diversas resoluciones e instrucciones tanto del Ministerio como de la Dirección General para adaptar su desarrollo a la situación de la pandemia.
Tras la aprobación en la conferencia sectorial entre el Ministerio y las comunidades autónomas el 18 de marzo del texto firmado por parte del Gobierno con las organizaciones sindicales para la regulación del teletrabajo, Andalucía va a iniciar la regulación del mismo de forma independiente a la situación actual de crisis sanitaria.
Marín ha indicado que las delegaciones territoriales han sido las encargada de gestionar las peticiones efectuadas por las personas funcionarias que voluntariamente han querido solicitar esta modalidad de trabajo.
Se han concedido 771 solicitudes: 65 en Almería, 246 en Cádiz, 16 en Córdoba, 41 en Granada, 42 en Huelva, 44 en Jaén, 134 en Málaga y 183 en Sevilla.
Para ello, "hemos seguido con la de aportación de medios tecnológicos que permitieran el teletrabajo a magistrados y jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios que se han acogido a la modalidad de teletrabajo", ha afirmado Marín, que ha concretado en haber aportado 2.529 ordenadores portátiles al personal de los órganos jurisdiccionales.
"Hemos dado cobertura al 100% de los jueces, fiscales, y letrados de la Administración de Justicia", ha esgrimido Marín.
Todos ellos tienen disponibles medios de conexión remota de forma segura, a través de los sistemas VPN o ISL, y para la prestación de teletrabajo de personal funcionario se dispone de un total de 1.000 licencias concurrentes del sistema ISL, que posibilita la conexión desde sus propios ordenadores personales privados.
Adicionalmente, la Consejería ha habilitado el sistema de videollamada corporativo Circuit a todos los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y forenses, así como a cualquier otro usuario de la Red Judicial para el que alguno de sus responsables de órgano o unidad lo solicite.
"Alcanzamos un total de 2.940 cuentas activadas, incluyendo trabajadores sociales, psicólogos y otro personal técnico al servicio de los órganos judiciales", ha detallado el vicepresidente.
