MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La ley, que se enmarca en el proceso de modernización de la administración de justicia, contempla la creación de tres nuevas figuras: los tribunales de instancia, la oficina judicial y las oficinas de justicia en los municipios.
Los tribunales de instancia sustituirán la estructura unipersonal de los juzgados por un sistema colegiado. Habrá un total de 431, tantos como partidos judiciales, respetando de esta forma la actual distribución territorial de la justicia en España.
Campo ha subrayado que "no es solo un cambio de nombre" sino "una nueva organización que va a profundizar en la democracia interna del Poder Judicial" porque "va a ensanchar las oportunidades de participación" de los jueces en su autogobierno.
Así, ha explicado que cada tribunal de instancia tendrá un presidente que será "elegido entre sus pares" y, "en aquellos sitios donde haya diversidad", habrá secciones especializadas --familia, social o penal, ha mencionado-- que también tendrán un presidente designado entre sus compañeros.
Campo ha resaltado asimismo que la ley aumentará la seguridad jurídica al exigir criterios interpretativos comunes entre los miembros del tribunal de instancia a la hora de valorar asuntos sustancialmente iguales.
El ministro de Justicia ha aclarado que esto no afectará a la independencia de los jueces y magistrados a la hora de resolver sobre los casos de los que conocen, pero "tendrán que explicar motivadamente por qué se apartan del criterio adoptado por sus compañeros".
Además, se instaurarán gabinetes técnicos que actuarán bajo la dirección del presidente del tribunal de instancia y que podrán estar integrados por miembros de la carrera judicial y Letrados de la Administración de Justicia (LAJs), según ha informado el Ministerio de Justicia en un comunicado.
MUCHO MÁS QUE LOS JUZGADOS DE PAZ
Otra de las novedades de este borrador son las oficinas de justicia en los municipios, una especie de evolución de los juzgados de paz --con "muy poca trascendencia" en los últimos años, conforme ha recalcado Campo--, para llevar los servicios de la administración de justicia a todo el territorio, incluidas las zonas rurales.
"No nos podemos permitir que haya zonas despobladas", ha declarado Campo, enmarcando esta iniciativa en la "estrategia país". En este sentido, ha avanzado que, si bien su objetivo es que los ciudadanos puedan realizar allí todas sus gestiones judiciales, podrán ampliar su función, por ejemplo, a declaraciones tributarias.
El tercer eje de la ley es la oficina judicial, que se flexibilizará para dejar atrás un modelo rígido y dependiente de la adecuación de espacios, haciendo posible igualmente su implantación en todo el territorio, ha apuntado Justicia.
MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA
Campo ha recordado que la ley de eficiencia organizativa es una de las tres leyes con las que el Ministerio pretende crear el marco normativo necesario para impulsar la modernización de la administración de Justicia a través del programa 2030, apoyado ahora por los fondos de la UE para la recuperación tras la pandemia.
El pasado mes de diciembre ya se aprobó el anteproyecto de la ley de eficiencia procesal, que impulsa la mediación y otros medios alternativos de resolución de las controversias, y el tercer borrador es el de la ley de eficiencia digital, que Campo ha confiado en que pueda quedar aprobado en Consejo de Ministros hacia verano.
El ministro ha aludido a este trío normativo como la "placa base de la modernización de la Justicia", de la que ha dicho que tiene en cuenta factores coyunturales como la crisis sanitaria y estructurales como el cambio climático y la renovación tecnológica.
