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“España no está aprovechando el potencial de las comunidades religiosas para ayudar en esta crisis”

19/04/2021
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Entrevista a Javier Martínez-Torrón, jurista especializado en derechos fundamentales, que ha coordinado la publicación del libro “Covid-19 y libertad religiosa” de Iustel, donde se compara la respuesta jurídica a la covid-19 en una veintena de países, entre ellos, España.

Protestante digital 16.04.21

Entre los múltiples desafíos que ha presentado la pandemia en la sociedad, uno que ha pasado algo desapercibido ha sido el de cómo ha sido afectada la libertad religiosa. Siendo este un derecho fundamental, podría llamar la atención la escasa presencia que ha tenido en los medios de comunicación o incluso por parte de las autoridades, que no siempre han detallado adecuadamente de qué forma las distintas medidas para controlar los contagios y frenar la expansión de la covid-19 afectaban a este derecho que articula la vida diaria de millones de personas.

Analizando la situación con herramientas del derecho comparado, acaba de publicarse el libro “Covid-19 y libertad religiosa” (Ed. Iustel, 2021), en el que se expone de qué forma una veintena de países de Europa y las Américias han respondido a los desafíos legales que esta crisis -todavía sin resolver- ha generado.

Javier Martínez-Torrón -junto a Belén Rodrigo Lara- ha coordinado la labor de más de una decena de especialistas en derecho para examinar la salud de la libertad religiosa en estos tiempos convulsos. Es catedrático de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en materia de derechos humanos, especialmente en libertad de religión y creencias en relación con las demás libertades fundamentales. Ha publicado varios libros y decenas de artículos analizando cuestiones relativas a la libertad religiosa, con especial atención a la situación en España. Martínez-Torrón atendió por videollamada a Protestante Digital desde Freiburg (Alemania) donde este año desarrolla un proyecto de investigación en el Instituto Freiburg de Estudios Avanzados (FRIAS).

Pregunta. ¿Cuál fue el origen de este libro y a qué pretende responder?

Respuesta. Una vez pasado el primer impacto que sufrimos cuando fuimos confinados en España -e iba ocurriendo parecido en otros países- a medida que nos íbamos resituando advertí que iba surgiendo un tremendo interés por la forma en la que las restricciones tenían una influencia en la forma que las personas vivían sus creencias religiosas.

El mundo de las personas religiosas se ha visto muy afectado por las restricciones. Mi percepción es que en España no se le prestaba una gran atención a este tema. La mayoría de las iglesias tuvieron una respuesta muy positiva a la primera batida de medidas gubernamentales. Se confiaba en el Gobierno, en quien tiene la autoridad para aplicar medidas. Pero no había un gran interés en analizar el asunto desde una perspectiva jurídica. No ocurrió así en otros lugares, concretamente en Estados Unidos, donde pronto se empezaron a dar debates, y también en Italia y Reino Unido. Por eso concretamos entre varios juristas de distintos países que era algo que debía afrontarse.

Además, pasado un tiempo desde las primeras medidas, comenzaron a surgir algunos conflictos en España. Por ejemplo, alguna iglesia evangélica en el sur del país no quiso suspender sus actividades de reunión colectiva. Hubo algún episodio similar en alguno de los centros islámicos. Se produjeron algunas interrupciones de actos de culto católicos, y todo ello fue generando cierta tensión. Hay que recordar que en España nunca estuvieron cerrados los lugares de culto. En otros países sí se cerraron (Dinamarca, Reino Unido, Alemania) pero en España, no. En cambio, se produjo alguna incertidumbre dado que los lugares de culto permanecían abiertos, pero no se consideraba el ir a lugar de culto como una excepción para el confinamiento domicilario. Esto hacía que la gente estuviera perpleja: no se cerraba el lugar de culto, pero no estaba claro si se les permitía acudir o en qué condiciones. Eso produjo cierta confusión.

En este contexto, contactamos una serie de colegas y amigos y pusimos el proyecto en marcha. El libro se compone de más de 500 páginas, con dos capítulos de introducción y conclusión, y otros 19 capítulos: nueve de ellos analizan la situación de la libertad religiosa durante la pandemia en distintos países europeos, incluyendo al Vaticano; y los restantes, la respuesta en ocho países del continente americano.

El libro se ha realizado en tiempo récord, para lo que suele ser el trabajo de este tipo de libros de especialidad jurídica, gracias al buen trabajo de la Editorial Iustel.

Pregunta. A lo largo del año pasado, encontramos varios momentos de choque entre la iniciativa del Gobierno al aplicar restricciones y algunos tribunales que anulaban estas normas. ¿Consideras que los conflictos que hemos apreciado entre el poder estatal y judicial muestran que se deban desarrollar normas nuevas?

Respuesta. Una situación de crisis como esta viene a clarificar la realidad. Nos muestra lo bueno y también lo menos bueno de las personas y de la sociedad. Es lo que ha ocurrido con el covid-19. Una de las dudas que había con el proyecto es si la dinámica de los acontecimientos haría que el libro quedase obsoleto en poco tiempo. Por eso hemos puesto el acento en lo que para mí es más interesante: no tanto la normativa concreta, sino, al hilo de la normativa, la radiografía que nos arroja de las estructuras jurídicas y sociales que tiene un Estado para lidiar con las crisis.

En el libro se analizan cuáles son los recursos clave que tienen los países para lidiar con este tipo de situaciones, y también cuáles han sido las deficiencias en su utilización. En cuanto a si hace falta una nueva normativa, creo que en este tema hemos tenido en realidad demasiadas normas. Muchos juristas estamos convencidos que, en general, no sólo ahora, vivimos en una sociedad con sobreabundancia de normas.Si analizas las iniciativas de cualquier Gobierno, intentan medir su grado de eficiencia a partir de normas nuevas que han sido capaces de producir. Para mí esto es un notable error de enfoque, dado que tantas veces la estructura normativa suele ser ya lo suficientemente funcional, y el mayor problema es de pura y simple gestión. Pero hemos creado una cultura en la que parece que cuantas más normas tenemos, mejor se gobierna, y no necesariamente es así.

Por otra parte, hay que preguntarse si nuestras constituciones contienen una falta de claridad en cuanto a cuáles son los aspectos que debe regular el estado de excepción o el estado de alarma. En este aspecto diría que sí, necesitamos una mayor claridad. No solo en su definición constitucional, sino en cómo ha de establecerse la coordinación entre los diferentes niveles del poder político: central, regional y municipal. Y también cuáles deben ser (este es un aspecto que afecta especialmente a la cuestión religiosa) los canales de comunicación entre poder público y sociedad civil.

Una de las lecciones más claras de esta crisis del covid-19 es la falta de coordinación entre el poder central y los niveles inferiores en muchos países (en España no ha funcionado demasiado bien, en Alemania ha funcionado bastante mejor, porque tuvieron claro que desde el primer momento debían generar una armonía de medidas). Ha habido, al menos en apariencia, un cierto afán del poder central por presentarse como los grandes gestores, lo cual ha dado lugar a veces a precipitación. La otra lección es que el Estado en sus distintos niveles no puede lidiar solo con una crisis de este calibre. No sólo en España, naturalmente, es una situación que se da a nivel mundial. El Estado debe ser capaz de actuar con la participación de otros actores de la sociedad.

”Tengo la percepción de que vivimos en una sociedad hasta cierto punto desenfocada. Por una parte, con un Estado que se considera omnipotente, de forma que los canales de colaboración con la sociedad civil no existen, o si existen no se utilizan. Y por otra parte, el ciudadano piensa que cualquier problema que tiene, el Estado es responsable de resolverlo. Y lo cierto es que el Estado no tiene que estar siempre para sacarnos las castañas del fuego. Hay en muchas personas una concepción equivocada de la dimensión que tiene el ejercicio del poder, tanto por parte de quien ejerce el mismo como por parte del ciudadano. Esto creo que es muy empobrecedor de lo que son las dinámicas sociales. Yo estoy convencido de que la sociedad debe tener una estructura y fuerza en sí misma independiente del poder público. La sociedad civil tiene que colaborar con el poder, y viceversa.

En España hemos vivido un ejemplo poco positivo en el caso de la colaboración con las religiones, incluyendo las minorías religiosas. Cuando uno piensa en lo mucho que podrían colaborar, con el gran entramado que mueve la religión organizada en España, y no se ha aprovechado, es para llevarse las manos a la cabeza. Pensando en cantidad de aspectos, como pueden ser labores de asistencia, ayuda, coordinación y movilización y otros aspectos no tangibles, como puede ser la transmisión y aceptación de medidas gubernamentales, o convencer a la población de la responsabilidad ética que tienen de cumplir con esas medidas por un deber de solidaridad con los demás, no sólo de lealtad con el Gobierno.

España tiene interlocutores claros con respecto a las confesiones religiosas, incluyendo a las minorías más importantes. Hay una Comisión Asesora de Libertad Religiosa donde están representadas las principales religiones y esto no se ha usado en todo el año. Algo similar ha ocurrido en otros países. Me parece un despilfarro de medios, que el Estado no haya sido capaz de ver y aprovechar el inmenso potencial de la sociedad civil, lo cual es necesario pues el Estado por sí solo no pueden ni debe cargar con todo.

Pregunta. ¿Cuál es la razón de que esto ocurra? ¿Puede ser que parte de la sociedad considera que el hecho religioso debe recluirse en el ámbito privado, hasta el punto de no darle participación activa en la resolución de una crisis como esta?

Respuesta. Creo que hay un doble componente. Por una parte, una percepción errónea de lo que son las creencias religiosas, las cuales tienen una expresión comunitaria, que es importante para la vida interna de las comunidades religiosas. Pero también tienen una utilidad social impresionante para cualquiera que atienda a la realidad. El mundo de las religiones organizadas tiene un componente de solidaridad, de altruismo, de preocupación social. Y a veces, debo decir, hay un interés perverso por parte de ciertos medios de comunicación en presentar el mundo de las religión organizada como algo negativo. Se habla solo de los extremismos. Pero personas extremistas hay en todos lados, y esta no es la fotografía habitual de las religiones, dado que las comunidades religiosas suelen estar formadas por personas con un alto nivel ético, con alto grado de preocupación por la sociedad, no solo por los suyos, sino por todos, por la ayuda al prójimo. Hay a veces una falta de comprensión de este mundo religioso, y como consecuencia se pretende reducir la exposición de lo religioso en lo público. Puede ser por falta de comprensión, o también, en otras personas, precisamente porque hay una clara comprensión del fenómeno y por eso se quiere ocultar.

Hay también otra cuestión, a la que me refería antes: la errónea percepción de lo que significa el Estado y las instituciones de la sociedad civil con respecto al Estado. Por ejemplo, en Alemania esta percepción es completamente distinta. Por eso ha habido mucha más colaboración de las iglesias institucionalizadas con el poder público que en otros países, porque hay una cultura de que el mundo de la religión colabora con el Estado y viceversa, porque comparten, cada uno a su manera, el interés en cuidar de la sociedad (no se trata de que la visión de las religiones y el Estado coincidan en su visión de las cosas, eso sería inadecuado además de poco realista).

Una frase que me irrita mucho cuando la oigo, es cuando a veces determinados representantes políticos dicen cosas como “ni un euro de mis impuestos para la religión”. Se pone un acento especial en la educación pública, como si la educación que se imparte en los centros religiosos de titularidad religiosa no fuera una educación pública, cuando lo es, por la función que realiza.

Hay una confusión de conceptos sobre quién es titular de una institución y su ideario -en el Estado, un ideario neutral- pero otra cosa es la función que desempeñan. Un hospital o un colegio, con independencia de la titularidad que tengan, desempeña una función pública. Pública es la función que desempeña un instituto, dependa de la comunidad autónoma o de una institución católica o evangélica. Y hay excelentes colegios de titularidad privada no católicos, con ideario de carácter ético, que no tienen nada que ver con lo religioso, pero cuya función es pública. Todo esto genera una inmensa confusión entre lo que significa la palabra público. Público significa que es de todos y nos afecta a todos, no tiene nada que ver con quién ostenta la titularidad de esa institución, sea el Estado u otro. Esa confusión está latente en parte del discurso político, y creo que algunos incurren en esta confusión de forma interesada.

Pregunta. ¿Crees que ha habido algún exceso en cuanto a las restricciones, que pudiera afectar al ejercicio de la libertad religiosa?

Respuesta. En España, con algunas excepciones, creo que ha funcionado con criterios similares a los de otros países. No creo que haya habido un trato discriminatorio o sin justificación en el mundo religioso con respecto al mundo empresarial, del deporte o el ocio, por citar algunos. Uno puede discutir si estos criterios son apropiados o no. Por ejemplo, creo personalmente que las medidas que se imponen al aire libre son excesivamente drásticas dada la escasa posibilidad de contagio que existe al adoptarse medidas de prudencia.

En España, se puede discutir lo objetivamente apropiado de las medidas, pero creo que la libertad religiosa no ha sido maltratada con respecto a otras libertades, ni las iglesias han sido discriminadas respecto a otros sectores. No ha sido así en otros países, donde sí ha habido medidas directas hacia comunidades religiosas que no se justificaban de forma racional, al compararse las medidas hacia iglesias con respecto a otros espacios cerrados.

En España hemos tenido unos pocos episodios aislados de exceso en la aplicación de las medidas, probablemente por una mala interpretación de en qué consistían las medidas por parte de las autoridades, pero diría que han sido anecdóticos.

Pregunta. Insistes mucho en que las instituciones religiosas participen de forma más explícita en la salida de la crisis. ¿De qué forma podría esto articularse en España?

Respuesta. En primer lugar, necesitamos receptividad por parte de los organismos públicos. No es un tema que ocurra solo respecto de organismos religiosos, sino que ha afectado a otros ámbitos, como el caso de muchos empresarios que se han ofrecido y han sido ignorados, para perplejidad de muchos. Con las iglesias sucede algo similar. Hay que saber escuchar.

En segundo lugar, utilizar lo que ya tenemos. El mecanismo de la Comisión Asesora de la Libertad Religiosa, que ahora depende del Ministerio de Presidencia, es un canal que ya existe, pero que no solo ha sido infrautilizado ahora, sino casi desde su constitución. Es un mecanismo que tiene un diseño excelente y no se ha utilizado como es debido, se le ha escuchado poco y, cuando se le ha oído, frecuentemente no se le ha hecho caso.

Tercero, algo que tendría que hacernos pensar: debemos generar canales estables de comunicación con los principales sectores de la sociedad civil que pueden implicarse en ayudar en estas crisis. El mundo de las religiones, asociaciones de familias, instituciones de salud Fijarse sectorialmente en cuales son los principales focos de actividad o acción social y colaborar. Este es el terreno donde debemos trabajar, en el que naturalmente está incluido lo religioso.

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