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Otra preocupación; Por Ramón Rodríguez Arribas, Vicepresidente del Tribunal Constitucional

18/01/2021
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El día 17 de enero de 2021 se ha publicado, en el diario ABC, un artículo de Ramón Rodríguez Arribas en el cual el autor opina sobre la intención de promover una Ley de la Corona.

OTRA PREOCUPACIÓN

En España estamos preocupados y no nos faltan razones para ello. En primer lugar estamos sufriendo la pandemia, de proporciones planetarias, de un virus que ha asolado a la población en la mayoría de las naciones y nos ha hecho perder un año en nuestras vidas, por otra parte seriamente amenazadas. La situación ha provocado en España la reiterada declaración del estado de alarma y una serie de normas y actuaciones administrativas a su amparo que, sin entrar en disquisiciones de aciertos o errores, no puede negarse que también está produciendo preocupación.

Si ya antes del Covid-19 había una crisis económica, con un desempleo muy superior al de las naciones de nuestro entorno y un paro juvenil inasumible, la crisis sanitaria no ha hecho más que agravar la situación, con una alarmante destrucción del tejido empresarial, que augura un futuro difícil, al que trata de poner remedio, con medidas extraordinarias de elogiable solidaridad, la Unión Europea.

Y esto nos pasa cuando venimos de una inquietud provocada por el separatismo, que ha prendido en un sector significativo de la población de Cataluña, cuyos dirigentes pusieron en peligro la unidad nacional, acabando condenados por el Tribunal Supremo por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, es decir, por utilizar el dinero de todos para infringir gravemente las leyes y que sin arrepentirse (declaran que “lo volverán a hacer”) se habla de un indulto que, al menos, no puede negarse que es polémico.

Desde hace años, tenemos también una crisis poblacional, sin que la natalidad permita la reposición generacional de los habitantes del país y a lo que se une una inmigración no controlada, con problemas añadidos de seguridad en las fronteras de Ceuta y Melilla, que son también las de Europa y en las costas mediterráneas y de Canarias y que, cualquiera que sea la opinión que se sostenga, es un motivo de preocupación, por los inocentes que se ahogan en el océano, por los culpables que hacen negocio en las mafias y por lo que representa la integración de los que se quedan.

La aún no resuelta escasez y carestía de la vivienda, que la Constitución encomienda resolver a los “poderes públicos” en el artículo 47 CE y con este origen o su pretexto, según los casos, la ocupación de locales y viviendas altera el equilibrio de convivencia de las zonas afectadas, al mismo tiempo que supone una preocupación y no solo para los propietarios invadidos.

A buen seguro podrían encontrarse más causas para preocuparse, pero basta con las expresadas para poner de manifiesto que los españoles estamos seriamente inquietos, con problemas que afectan a principios y valores fundamentales en cualquier nación, como son la vida, la salud, la propiedad, el trabajo, la seguridad de las empresas, la estabilidad política y hasta la fundamental unidad de la Nación misma.

Pues bien, en esta situación de crisis multipolar, se anuncia la intención de promover una Ley de la Corona para desarrollar la Constitución en ese aspecto y establecer las funciones de la Jefatura del Estado.

En primer lugar, hasta hablar simplemente de ello es de una inoportunidad temeraria en estos momentos, pero es que, además, esa ley de desarrollo es innecesaria (aunque hayan surgido voces respetables que sostienen lo contrario, a mi juicio erróneamente) y no sólo porque la inflación legislativa, el afán por regularlo todo, hasta el detalle, es una desviación jurídica que acaba agobiando a los ciudadanos y anquilosando las Instituciones, sino también porque la Constitución de 1978 no lo ha previsto, salvo en el caso concreto y específico de las abdicaciones y renuncias y las dudas de hecho o de derecho que puedan ocurrir en el orden de sucesión a la Corona, en el número 5 del artículo 57 CE y hasta implícitamente lo descarta, al guardar silencio en todo lo demás, como no cabría tampoco una ley de desarrollo del Título III, sobre las Cortes Generales. Cuando los constituyentes han creído necesario prever leyes de desarrollo lo han hecho explícitamente, como en el artículo 98.4 para el Estatuto de los miembros del Gobierno o en el artículo 122 para la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En los 42 años de vida de la Constitución Española la regulación de la Corona, que establece su Título II, ha sido suficiente para un funcionamiento normal de la Institución, para que esta, y con dos Reyes distintos, haya salido al paso de un golpe de estado militar en 1981 y otro de secesión territorial desde las Instituciones en 2017; se haya producido la abdicación de Don Juan Carlos I y se hayan desarrollado siempre, con naturalidad y eficacia, todas y cada una de las previsiones constitucionales. No se alcanza a comprender en qué razones de Estado pretenda fundarse una iniciativa para la creación de una especie de Estatuto Real, que parte de un gobierno de coalición, en el que hay ministros que proclaman su intención de caminar hacia la instauración de una república. La más elemental prudencia aconseja desistir de tal proyecto, aunque no sea más que para evitar que alguien piense que se trata de dar pasos en aquél propósito, sin modificar la Constitución.

Pero es que, además tenemos la suerte de que está sentado en el Trono de España S.M. el Rey Felipe VI que, en los años de ejercicio de su potestad como árbitro y moderador del funcionamiento regular de las Instituciones, que le confía el artículo 56 de la Constitución, ha demostrado prudencia y firmeza en un equilibrio perfecto y una neutralidad política que garantiza su auctóritas en dicho ejercicio; y ya tenemos también la suerte de una jovencísima Princesa heredera que solo hay que oírla hablar en público para advertir que disponemos, por la fuerza de la biología, de muchos años de tranquilidad en la Jefatura del Estado. A ese regalo del destino no podemos responder ahora, cuando tantas cosas nos preocupan, abriendo un debate sobre cómo tienen que comportarse los que ya se comportan ejemplarmente.

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