VALLADOLID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Sección Cuarta de lo Penal considera al encausado autor de sendos delitos contra los derechos de los trabajadores y de un delito de contrabando y resuelve imponerle cinco años de cárcel por el primero, dos por el segundo y otro año más por el tercero, junto con una multa global de 503.000 euros, la suspensión de la actividad de su mercantil por diez años y su inhabilitación para el derecho a percibir subvenciones públicas e incentivos fiscales por espacio de dos décadas, según la sentencia publicada por el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y recogida por Europa Press.
La responsabilidad civil y la deuda tributaria y aduanera defraudada e intereses que se indemnizará a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se determinará en ejecución de sentencia.
El mismo fallo, por contra, absuelve a su esposa, M.J.P, que compartió banquillo con el primero, para quien el fiscal del caso había pedido doce años de cárcel y ocho para ella--la excluía únicamente del contrabando--, mientras que la Abogacía del Estado interesaba cuatro años para cada uno por el referido delito.
"Obviamente, J.M.G. es el presidente del Centro Retomar desde el que se llevan a cabo las actividades antes mencionadas y todos los internos declaran que es él quien los envía a trabajar, es él quien cobra las facturas, es él quien les capta, quien dirige el centro, quien les impone todas las condiciones y quien ordena la carga y descarga del tabaco, su prensado y su comercialización", resume el tribunal en referencia a las labores que parte de los residentes realizaban en una empresa de plásticos y respecto del delito de contrabando.
Durante el juicio, el ahora condenado proclamó su inocencia y la de su pareja respecto de los graves cargos que les imputan las dos acusaciones, con peticiones globales de casi 12 años para el primero y cercanas a los ocho años de privación de libertad para ella.
En ausencia de declaración de la esposa, quien se acogió a su derecho de no responder a pregunta alguna, ni siquiera de su defensor, el marido sí explicó que Retomar, titular de un centro de rehabilitación en Mojados (Valladolid), jamás se dedicó a la "captación" de personas marginales por su condición de adictas al alcohol o las drogas, sino que eran ellas las que llamaban a sus puertas en busca de ayuda.
Y era en sus instalaciones, según relató, donde él y su esposa les ofrecían una salida en forma de terapias ocupacionales, charlas individuales y colectivas y trabajos varios, entre los que reconoció labores de reciclaje de plásticos en una factoría del sector en el Polígono Industrial de Villamuriel (Palencia), donde los elegidos, como así precisó, estaban dados de alta en la Seguridad Social y cobraban en nómina.
Aunque el día 30 de agosto de 2016 la Guardia Civil realizó una inspección en dicha factoría y encontró a doce operarios de Retomar, con sólo cuatro de ellos dados de alta, J.M.G. sostuvo que casualmente en esa fecha se vio obligado a mandar más trabajadores desde Retomar debido a que la empresa de plásticos había llamado porque tenía un exceso de material al que había que dar salida.
J.M.G. sí reconoció que el centro carecía de profesionales expertos en la materia, tales como terapeutas o psicólogos, si bien ahí estaba él para cualquier contratiempo. "¡Qué mejor ayuda que mi propio conocimiento, quién mejor que yo, una persona que también se ha rehabilitado!", enfatizó el acusado.
El presidente nacional de Retomar también negó sendos accidentes laborales sufridos por dos de los internos y mucho menos que los mantuviera en silencio debido a que no estaban dados de alta, tanto el caso de un desplazado a Villamuriel que sufrió fracturas en ambas piernas como el de otro accidentado en un ojo cuando realizaba labores de electricista en instalaciones propias de la asociación.
Con respecto al delito de contrabando por adquirir hojas de tabaco de una empresa de madrid que, una vez picadas por los toxicómanos, se distribuyeron presuntamente en varias localidades andaluzas, donde cuenta con varios familiares--las acusaciones calculan dos toneladas y media por valor de 416.000 euros--, el acusado también negó tal extremo e insistió en que la mercancía no salía de Valladolid por cuanto su destino era el consumo entre los internos como parte de su terapia, "a razón de un bote y medio a la semana" cada uno.
Para tratar de demostrar que Retomar no explotaba a sus internos, J.M.G. declaró que los integrantes de la comunidad eran libres de permanecer allí y de marcharse, sin que nadie que les retuviera. "Vivimos todos, yo incluido, como una gran familia y la puerta está abierta para el que no quiere estar. Aquí se está cuando uno quiere y se sale cuando uno quiere", mantuvo el máximo responsable de Retomar, quien aseguró que él trata de hacer ver a sus discípulos "cuál es el camino".
DENUNCIA A TRAVÉS DEL 112
Frente a la versión del encausado, quien antes de concluir precisó que en la actualidad Retomar se halla "en números rojos, con deudas de 8.000 euros de agua y 5.000 en facturas de luz", el jefe de grupo de la Guardia Civil que dirigió las investigaciones desveló que éstas se iniciaron a raíz de una denuncia de uno de los residentes a través del Servicio de Emergencias 112, al que aseguró que había sido explotado laboralmente.
Las pesquisas permitieron identificar y localizar al denunciante y poco después a otro interno que denunció una situación similar. Ambos relataron que eran obligados a trabajar sin remuneración alguna y sin estar legalizados, así como que picaban tabaco que luego era vendido en Andalucía o que eran obligados a pedir dinero con huchas en distintas localidades, con lo que se pasó entonces a una investigación coordinada con el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Inspección de Trabajo.
En el transcurso de las investigaciones se realizaron registros tanto en la fábrica de plásticos en Villamuriel, donde se localizó a trabajadores de Retomar sin dar de alta en la Seguridad Social, como en las propias instalaciones de la asociación, en las que también se intervinieron distintas cantidades de tabaco ya picado--50 kilos--y se descubrió que en el centro de Mojados también se realizaban tareas de matanza sin control sanitario alguno.
"Interrogamos a distintos internos y todos coincidían en que se sentían como esclavos pues decían que no cobraban y que la única terapia era tenerles trabajando", relató el agente de la Guardia Civil, que también incidió en el hecho de que uno de los residentes se presentó un día en el cuartel para denunciar que él también había sido víctima de un accidente laboral que los denunciados silenciaron.
