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Situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19

25/11/2020
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Decreto 17/2020, de 23 de noviembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se prorrogan nuevamente las medidas establecidas mediante el Decreto 10/2020, de 26 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen medidas en el territorio de las Illes Balears como consecuencia de la declaración del estado de alarma para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 (BOCAIB de 24 de noviembre de 2020) Texto completo.

DECRETO 17/2020, DE 23 DE NOVIEMBRE, DE LA PRESIDENTA DE LAS ILLES BALEARS, POR EL QUE SE PRORROGAN NUEVAMENTE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS MEDIANTE EL DECRETO 10/2020, DE 26 DE OCTUBRE, DE LA PRESIDENTA DE LAS ILLES BALEARS, POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS EN EL TERRITORIO DE LAS ILLES BALEARS COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA PARA HACER FRENTE A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR LA COVID-19

Como consecuencia de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, a escala nacional e internacional, el Gobierno del Estado, al amparo de lo que disponen el artículo 116 de la Constitución y las letras b) y d) del artículo 4 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, declaró, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el estado de alarma en todo el territorio español. El estado de alarma se prorrogó seis veces. La última, mediante el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, hasta las 00.00 horas del día 21 de junio de 2020, en los términos expresados en dicha norma.

El día 28 de abril de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, en el que se establecían los principales parámetros e instrumentos para la consecución de la normalidad. Este proceso, articulado en cuatro fases, de la 0 a la 3, tenía que ser gradual y adaptable a los cambios de orientación necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas. El objetivo fundamental de dicho Plan es conseguir que, preservando la salud pública, se recuperen gradualmente la vida cotidiana y la actividad económica, minimizando los riesgos que representa la epidemia para la población y evitando el desbordamiento de las capacidades de los sistemas de salud.

De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma, durante el periodo de vigencia de esta prórroga la autoridad competente delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a la fase 3 del plan de desescalada pasa a ser, en el ámbito de las Illes Balears, exclusivamente, la presidenta de la Comunidad Autónoma, excepto para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito territorial de las Illes Balears.

La presidenta quedaba habilitada, así mismo, para decidir, con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la fase 3 en las diferentes islas que conforman el archipiélago y, por lo tanto, para dar entrada a la nueva normalidad.

En este contexto, la Presidencia de la Comunidad Autónoma dictó, en primer lugar, el Decreto 3/2020, de 7 de junio, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen medidas de flexibilización, regulación y graduación de determinadas restricciones en el ámbito de las Illes Balears establecidas durante la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, y, después, el Decreto 4/2020, de 12 de junio, de la presidenta de las Illes Balears por el que se establecen medidas complementarias de flexibilización de determinadas restricciones en el ámbito de las Illes Balears establecidas durante la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad; asumió así la responsabilidad de completar e innovar el marco normativo correspondiente a la fase III de la desescalada y proporcionó a los ciudadanos certeza jurídica y claridad respecto de las limitaciones actuales a la vida social y a la actividad económica que sigue imponiendo la situación de crisis.

Mediante el Decreto 5/2020, de 18 de junio, de la presidenta de las Illes Balears, se declaró superada, en el territorio de las Illes Balears, la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, declaración que tenía efectos a partir del día 21 del mismo mes.

Aquel mismo día y en aplicación del artículo 2 del Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorrogaba el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, restó sin efectos el estado de alarma declarado en todo el Estado.

El Consejo de Gobierno, por el Acuerdo adoptado en la sesión de 19 de junio de 2020, aprobó el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, medidas que estarán vigentes hasta que el Gobierno central, de manera motivada, declare la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, sin perjuicio de que se puedan modificar, si varían las circunstancias que las motivan, o revocar, si desaparecen.

El mismo acuerdo, en el punto tercero, habilitó a la consejera de Salud y Consumo para que, mediante una resolución motivada, pudiera modificar, adaptar o actualizar las medidas excepcionales que contiene el anexo 1 del Acuerdo, con la consulta previa, si procede, al Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de las Illes Balears, adscrito a la Consejería de Salud y Consumo.

El anexo 1 del acuerdo mencionado incluye una serie exhaustiva de medidas de prevención para evitar el contagio de la COVID-19 entre los ciudadanos de las Illes Balears y, en el supuesto de que desgraciadamente se produzca el contagio, tener mejores posibilidades de trazar estos contagios y controlar los rebrotes de la enfermedad.

El contenido de este plan de medidas excepcionales se ha ido adaptando en función de la evolución de la situación epidemiológica en el territorio, así como del conocimiento científico que se ha generado respecto de la COVID-19, algunas veces para incorporar medidas restrictivas, otras para flexibilizarlas, mediante distintas resoluciones de la consejera de Salud y Consumo, la última de las cuales es de fecha 23 de octubre de este año.

Dado que en España, como también en la mayoría de países europeos, se continúa registrando un número de casos con incidencias que sitúan la mayor parte del territorio en un nivel de riesgo alto o muy alto de acuerdo con los estándares internacionales y los nacionales establecidos en el documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de la COVID-19, aprobado en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado día 22 de octubre de 2020; el Gobierno del Estado, al amparo de lo que disponen el artículo 116 de la Constitución y las letras b) y d) del artículo 4 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, ha declarado nuevamente el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, en todo el territorio español, mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. Este real decreto tenía una vigencia inicial de quince días, pero el Congreso de los Diputados, en la sesión de día 29 de octubre, ha autorizado su prórroga hasta las 00.00 horas del día 9 de mayo de 2021, con determinadas modificaciones, que se han recogido en el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Durante el periodo de vigencia del estado de alarma activado, en cada comunidad autónoma y ciudad con estatuto de autonomía, la autoridad competente delegada será quien ejerza la presidencia de la comunidad autónoma o ciudad con estatuto de autonomía, en los términos establecidos en los reales decretos mencionados, y las autoridades competentes delegadas quedan habilitadas para dictar, por delegación del Gobierno del Estado, las órdenes, resoluciones y disposiciones para la aplicación de lo que prevén los artículos 5 a 11.

El estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, con las modificaciones establecidas mediante el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, establece, con determinadas excepciones, en el artículo 5, la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno durante el periodo comprendido entre las 23.00 y las 06.00 horas, con el fin de evitar al máximo la expansión de la infección durante este periodo de tiempo, dado que en esta franja horaria se han producido muchos contagios durante las últimas semanas.

Así mismo, el artículo 6 establece la posibilidad de limitar la entrada y salida de los territorios de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, así como de ámbitos territoriales de carácter geográficamente inferior, con unas ciertas excepciones, con el propósito de reducir sustancialmente la movilidad del virus.

También, en el artículo 7, establece la posibilidad de limitar la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, y, en el artículo 8, la posibilidad de que las autoridades delegadas puedan limitar la permanencia de personas en lugares de culto.

De este modo se persigue la reducción de la movilidad social de manera significativa y, por lo tanto, se pretende detener la expansión de la epidemia.

Dichas limitaciones serán eficaces en el territorio de cada comunidad autónoma o ciudad con estatuto de autonomía cuando la autoridad competente delegada respectiva lo determine, la cual también podrá modular, flexibilizar y suspender la aplicación de estas medidas.

Con objeto de determinar la hora de inicio y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, establecida en el artículo 5.1 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, como también de determinar la eficacia, en las Illes Balears, de las limitaciones establecidas en dicho Real Decreto, en el territorio de las Illes Balears, se dictó el Decreto 10/2020, de 26 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen medidas en el territorio de las Illes Balears como consecuencia de la declaración del estado de alarma para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, con una vigencia inicial de quince días.

En este momento, la situación epidemiológica en las Illes Balears continúa siendo una de las más favorables del Estado español. Sin embargo, la incidencia acumulada a catorce días se sitúa en 220 casos por 100.000 habitantes en el conjunto de las islas, y la tasa de positividad en el 5,39 %; así, y a pesar de la mejora evidente observada desde el mes de agosto, tanto la incidencia como la tasa de positividad se continúan situando marcadamente por encima de los umbrales que el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) establece para definir un territorio en situación de riesgo (60 casos por 100.000 habitantes en catorce días y una tasa del 3 %).

Por todo ello, resulta necesario prorrogar nuevamente la vigencia de las medidas que contiene el Decreto 10/2020, de 26 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, y que ya habían sido prorrogadas hasta las 24:00 del día 24 de noviembre de 2020, mediante el Decreto 13/2020, de 9 de noviembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se prorrogan las medidas establecidas mediante el Decreto 10/2020, de 26 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen medidas en el territorio de las Illes Balears como consecuencia de la declaración del estado de alarma para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.

Así mismo, la evolución de las últimas semanas de la situación epidemiológica de la isla de Menorca, que, a pesar de haber logrado cifras inferiores a los 50 casos por 100.000 habitantes en catorce días en la primera mitad de octubre, se ha estabilizado durante el mes de noviembre en cifras superiores a los 100 casos por 100.000 habitantes, de forma estrechamente vinculada con brotes relacionados con celebraciones de tipo familiar y social, recomienda llevar a cabo la restricción de estas reuniones que implican la permanencia de grupos de personas en espacios de uso público o privado, tanto cerrados como el aire libre que, a partir de la publicación de este decreto, quedan condicionadas al hecho de que no se supere el número máximo de seis personas en el interior o de diez en el exterior.

En cambio, y dada la mejora de la situación epidemiológica del municipio de Manacor, que en fecha 21 de noviembre, con una incidencia acumulada a catorce días de 223 casos por 100.000 habitantes, se ha igualado a la media observable en las Illes Balears, resulta conveniente avanzar el levantamiento de las medidas específicas que se adoptaron, mediante el Decreto 11/2020, de 28 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en el casco urbano principal del municipio de Manacor, al amparo de la declaración del estado de alarma, con una eficacia inicial de quince días, y que fueron prorrogadas mediante el Decreto 14/2020, de 11 de noviembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se introducen modificaciones y se prorrogan las medidas establecidas mediante el Decreto 11/2020, de 28 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en el casco urbano principal del municipio de Manacor, al amparo de la declaración del estado de alarma, hasta las 22.00 horas del día 26 de noviembre de 2020.

Por todo ello, de acuerdo con la habilitación establecida en el artículo 2.2 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, dicto el siguiente

DECRETO

Artículo único

Prórroga de las medidas establecidas por el estado de alarma

Quedan prorrogadas, hasta las 24:00 del día 15 de diciembre, las medidas establecidas mediante el Decreto 10/2020, de 26 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen medidas en el territorio de las Illes Balears como consecuencia de la declaración del estado de alarma para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, prorrogadas mediante el Decreto 13/2020, de 9 de noviembre, de la presidenta de las Illes Balears, en todo lo que sea desarrollo de las previsiones establecidas en los artículos 5, 6, 7 y 8 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Disposición final primera

Modificación del apartado 4 del artículo 3 del Decreto 10/2020, de 26 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen medidas en el territorio de las Illes Balears como consecuencia de la declaración del estado de alarma para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19

El apartado 4 del artículo 3 del Decreto 10/2020, de 26 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen medidas en el territorio de las Illes Balears como consecuencia de la declaración del estado de alarma para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, queda modificado con la redacción siguiente:

Para la isla de Menorca, las reuniones sociales y familiares que impliquen la permanencia de grupos de personas en espacios de uso público o privado, tanto cerrados como al aire libre, quedan condicionadas a que no se supere el número máximo de seis personas en el interior o de diez en el exterior. Para la isla de Formentera, se mantienen vigentes las limitaciones establecidas específicamente para reuniones sociales y familiares en esta isla, mediante la resolución de la consejera de Salud y Consumo de día 23 de octubre.

Disposición final segunda

Levantamiento de las medidas temporales y excepcionales adoptadas para el casco urbano principal del municipio de Manacor

A partir de la publicación de este decreto, quedan levantadas las medidas establecidas mediante el Decreto 11/2020, de 28 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en el casco urbano principal del municipio de Manacor, al amparo de la declaración del estado de alarma, en todo lo que sea desarrollo de las previsiones establecidas en los artículos 5, 6, 7 y 8 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Por consiguiente, al casco urbano principal del municipio de Manacor, a partir de la publicación de este decreto, le son de aplicación las mismas medidas establecidas, con carácter general, para las Illes Balears, mediante el Decreto 10/2020, de 26 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen medidas en el territorio de las Illes Balears como consecuencia de la declaración del estado de alarma para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, y que se prorrogan mediante este decreto, como también las establecidas con carácter general para las Illes Balears mediante la Resolución de la Consejera de Salud.

Disposición final tercera

Vigencia

Este decreto entra en vigor a partir del momento de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears y mantiene su eficacia hasta las 24:00 del día 15 de diciembre de 2020.

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