MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
En el informe de fiscalización sobre la gestión de los créditos del programa 113M, el órgano se ha fijado en la ejecución de dos de las principales competencias de la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN): la tramitación de los expedientes de solicitud de nacionalidad por residencia y el proceso de reforma del Registro Civil.
En relación con la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia, el Tribunal ha concluido que, a 31 de diciembre de 2018, había en la DGRN un total de 355.548 expedientes pendientes de resolución, lo que se venía produciendo desde 2010.
Sin embargo, la fiscalización observa, "como deficiencia de control interno, la carencia de un registro completo y fiable de las solicitudes de nacionalidad y el insuficiente seguimiento" por parte de la DGRN. Así, estima que resultaba adecuado el sistema previsto inicialmente, "consistente en la creación de comisiones de seguimiento de las encomiendas y en la elaboración de guías de tramitación".
Respecto a la relación con los recursos contenciosos presentados contra resoluciones denegatorias de nacionalidad por residencia, se indica que, de los 3.281 presentados en 2018, el 81 por ciento correspondía a denegaciones por silencio. "La tardanza en la resolución de los expedientes traslada en estos casos a los tribunales, con perjuicio económico para los interesados, la tarea de decidir sobre la concesión o denegación de la nacionalidad", explica.
Sobre la tasa establecida para las solicitudes de nacionalidad por residencia sujetas al nuevo procedimiento, el Tribunal de Cuentas "pone de manifiesto el incumplimiento del principio de equivalencia establecido en la Ley de tasas". En concreto, el informe indica que los ingresos percibidos por tal concepto, por importe de 24,7 millones de euros entre 2015 y 2018, "no han repercutido en la mejora de la gestión de los expedientes a los que corresponde".
REFORMA DEL REGISTRO CIVIL
En el mismo, el Tribunal de Cuentas recuerda "las sucesivas demoras en su implantación, finalizando el plazo actualmente establecido el 30 de abril de 2021". Señala, asimismo, que la memoria de objetivos del programa 113M para 2017 destaca como actividad principal de la DGRN "la de llevar a cabo un proceso de modernización tecnológica del Registro Civil, pero no recoge, ningún objetivo específico relacionado con la referida actividad, ni indicadores de seguimiento".
Por ello, recomienda al Gobierno "dar un impulso definitivo al proceso de reforma del Registro Civil, adoptando las decisiones necesarias para su puesta en marcha y para la regulación en el plazo más breve posible de las cuestiones pendientes".
Además, sugiere al Ministerio de Justicia que elabore y apruebe un plan definitivo "para la puesta al día en la gestión de los expedientes de nacionalidad por residencia, que contemple los recursos materiales y personales necesarios, los objetivos, y los plazos de cumplimiento".
También le pide medidas en la DGRN "para superar las deficiencias de control interno" y arbitrar un sistema que permita obtener "información exacta del ámbito de expedientes de nacionalidad por residencia a gestionar".
Por último, reclama al departamento dirigido por Juan Carlos Campo "acreditar el cumplimiento del principio de equivalencia en la fijación del precio establecido para la tasa por solicitud de nacionalidad por residencia, justificando el importe actualmente establecido o, en su caso, procediendo a su revisión".
