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Las renovaciones del CGPJ y el TC; por José Manuel Maza Muriel, abogado

24/09/2020
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El día 24 de septiembre de 2020 se ha publicado, en el diario ABC, un artículo de José Manuel Maza Muriel, en el cual el autor opina sobre las renovaciones del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

LAS RENOVACIONES DEL CGPJ Y EL TC

Las renovaciones del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional son hoy un asunto prioritario de la política nacional, lo que no debiera extrañar, pues se trata de dos órganos fundamentales de nuestra arquitectura constitucional. Su trascendencia es mayúscula para el normal funcionamiento de las instituciones y, por tanto, la responsabilidad política debiera aconsejar que, una vez cumplido el mandato de sus miembros salientes, se procediera a su reemplazo sin más dilación. Sin embargo, desgraciadamente para los que defendemos la vigencia del orden constitucional, en estos momentos no se dan los estándares mínimos que garantizan el normal funcionamiento que las instituciones requieren, por lo que proceder sin más a la renovación, como solicita espuriamente el Gobierno, sería un acto de irresponsabilidad política que pondría en peligro los cimientos de nuestra democracia. Y esta afirmación, que reconozco grave, encuentra su justificación en una serie de hechos que se han sucedido desde la moción de censura de mayo de 2018. Sin ánimo de ser exhaustivo, algunos de estos episodios son los siguientes:

Primero: las declaraciones del presidente, en una entrevista en RNE, en la cual manifestó: “Es que la Fiscalía ¿de quién depende?”. “Del Gobierno”, respondió el periodista. “Pues ya está”, rubricó el presidente.

Segundo: el ministro de Consumo afirmó públicamente que la Fiscalía General “depende jerárquicamente del Ministerio y de la Presidencia del Gobierno”.

Tercero: ERC condicionó su apoyo de investidura a la defensa de sus intereses ante el TJUE por parte de la Abogacía del Estado. El presidente no dudó en someter uno de los cuerpos más prestigiosos de nuestra orgánica jurídica a sus intereses personales, coaligados con los de los sediciosos.

Cuarto: tras la investidura del actual Gobierno, que contó con el apoyo de los grupos parlamentarios que abiertamente abogan por la desaparición de la Nación española, una de las primeras decisiones del Consejo de Ministros fue el nombramiento de la actual fiscal general, que venía de ser, sin solución de continuidad, ministra y diputada socialista.

Quinto: el ministro del Interior cesó a un coronel de la Guardia Civil por cumplir con su deber y no acatar órdenes gubernamentales que podrían poner en peligro la cadena de mando de la policía judicial en relación con instrucciones provenientes de la juez instructora.

Sexto: el ministro de Justicia, en el Congreso, aseguró que España se encontraba inmersa en una “crisis constituyente”.

Séptimo: el vicepresidente segundo ha vertido graves acusaciones contra miembros del Poder Judicial, siendo reprendido en varias ocasiones por el CGPJ, manifestando que ese tipo de ataques atentan gravemente contra la independencia judicial.

Octavo: el presidente se ha comprometido a modificar el delito de sedición para exonerar a delincuentes del cumplimiento efectivo de sus penas y lograr su apoyo político.

Noveno: el presidente mostró públicamente su pésame por la muerte de un terrorista, sin recordar a las víctimas.

Décimo: desde el Gobierno se ha optado por el revanchismo político y la recuperación de las dos Españas, acabando así con el espíritu de la Transición.

Estos ejemplos ponen de relieve la anomalía democrática que vivimos, con miembros del Gobierno erosionando el sistema político que más libertad y prosperidad ha traído a los españoles y con un PSOE genuflexo ante un líder que vela por su supervivencia en detrimento del país que paradójicamente gobierna. Como acertadamente explican los profesores de la Universidad de Harvard Levitsky y Ziblatt, en su obra “Cómo Mueren las Democracias”, en la actualidad las democracias se destruyen desde dentro, con gobernantes que minan el Estado de Derecho controlando a su antojo instituciones fundamentales y sometiéndolas a sus fines partidistas. Así, defienden los autores, los partidos políticos que abogan por el mantenimiento de la democracia, basada en derechos y libertades, tienen el deber de actuar como freno implacable ante las injerencias y ataques endógenos al sistema. Y, a pesar de los pretendidos chantajes de los primeros, estos políticos responsables deben mantenerse firmes en la defensa de las reglas del juego, los famosos frenos y contrapesos, intentando evitar el descarrile institucional. Pues bien, exactamente eso es lo que se está ventilando ahora a propósito de las renovaciones del CGPJ y del TC y, por tanto, la responsabilidad política aconseja no plegarse ante un mero intercambio de cromos, pues solo beneficiaría a los enemigos del régimen constitucional y supondría un paso histórico en la demolición de nuestro Estado de Derecho.

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