LA JUSTICIA TRAS LA CRISIS DEL COVID-19
La grave crisis sanitaria que ha afectado duramente al mundo entero y, con especial intensidad, a España, va a marcar nuestras vidas y el futuro de nuestro país durante muchos años. En primer lugar, por la inmensa tragedia humana que está suponiendo la pérdida de miles de vidas de compatriotas. Por otro lado, por los miles de enfermos que estos días están luchando angustiados por vivir, con el consuelo de estar en manos de nuestros médicos y de todo el personal sanitario, que se ha ganado el cariño y el respeto de todos los españoles.
Junto a la tragedia humana, nuestro país se va a adentrar inexorablemente en una crisis económica y social profunda. Y esa crisis va a tener una importante repercusión en la Justicia. Todos los juzgados se van a ver afectados con un incremento notable de pleitos. En el ámbito civil, es evidente que aumentarán las reclamaciones de deudas, y muchos de los procesos en que se encaucen tales pretensiones tendrán más complejidad por la previsible alegación por el demandado de la fuerza mayor, o de las modificaciones sustanciales de las circunstancias que alteran las bases del contrato, para justificar en ambos casos la imposibilidad de cumplir o el retraso en el cumplimiento. También aumentarán las ejecuciones, en especial las hipotecarias y los concursos de las familias por su endeudamiento.
En los Juzgados de familia asistiremos a un incremento de las demandas de separación o divorcio, producto de las dificultades derivadas de una situación permanente de convivencia forzada por el confinamiento y, sin duda, a una proliferación de demandas de modificación de medidas para revisar las pensiones compensatorias entre los ex cónyuges y las pensiones alimenticias para los hijos, a causa de la pérdida de empleos o disminución de ingresos que la crisis va a traer. Igualmente se multiplicarán las ejecuciones para compensar la ausencia de régimen de visitas de los hijos durante el confinamiento. En el ámbito mercantil, es seguro que se producirá un aumento de los concursos de acreedores, ante las situaciones de insolvencia empresarial que se avecinan.
En la jurisdicción social, se verán litigios relacionados con los Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (Ertes); despidos; recuperación del permiso retribuido y extinciones de contratos temporales, entre otras pretensiones. En los juzgados de contencioso administrativo, asistiremos a la impugnación de miles de multas impuestas por violar las condiciones del confinamiento; a un aumento de las acciones de responsabilidad patrimonial de la administración, planteada por familiares de los fallecidos y por las secuelas de los enfermos, o a demandadas relativas al incumplimiento de contratos públicos. Por último, en el ámbito penal, se conocerá de denuncias y querellas criminales contra responsables políticos por la gestión de la crisis y no sería descartable un aumento de la delincuencia inherente al deterioro económico y social previsible.
La Justicia está hoy paralizada porque la declaración del estado de alarma determinó la correspondiente suspensión de los plazos procesales. En estos días, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial están preparando el retorno a la plena actividad judicial a través de proyectos y planes de choque para acometer esta avalancha de litigios. No voy a entrar en el análisis de los mismos, pero en síntesis se trata de un conjunto de actuaciones que, sin embargo, parten de los efectivos personales y de los medios materiales con los que cuenta la Justicia española actualmente. Este tipo de actuaciones han podido ser útiles para solventar la sobrecarga en un área de litigación específica o para superar determinados retrasos en algunos juzgados o tribunales, pero es dudoso que lo sean para el incremento generalizado y en todas las jurisdicciones que se avecina.
Los ciudadanos deben tener la confianza más absoluta en que por parte de los Jueces se va a asumir el esfuerzo correspondiente, en la labor de reconstrucción que nos toca hacer a todos. Sin embargo, es preciso advertir, desde ahora mismo, que esas medidas van a ser, por si solas, insuficientes al fin pretendido, porque la carga recae sobre una Justicia maltrecha por años y años de abandono, sin inversiones relevantes en materia de medios personales y materiales.
España tiene un número de jueces por habitante muy inferior a la media europea. Es precisa una convocatoria amplia de oposiciones para el acceso a la carrera judicial por los actuales turno libre y restringido, dando paso a los candidatos debidamente preparados para ello, pero evitando la tentación de favorecer otros mecanismos de entrada a la carrera judicial distintos, con el peligro que conllevan de merma de los principios de capacidad, imparcialidad y mérito, imprescindibles para quienes van a detentar un Poder del Estado.
Por otro lado, las creaciones de órganos judiciales han sido escasísimas desde hace años, muy inferiores a las necesidades reales, esgrimiéndose por las autoridades competentes como justificación a la inacción, la espera de reformas organizativas que superan el modelo tradicional del Juzgado -oficina judicial, tribunales de la instancia-, que nunca llegan. Otro tanto cabe decir de los medios materiales; muchos edificios judiciales necesitan reformas y, por otro lado, estos días de confinamiento estamos viendo las enormes dificultades de trabajar en el entorno digital en muchos lugares de España, por la ausencia o insuficiencia de medios disponibles.
Por último, no puede ocultarse que la vuelta a la plena actividad judicial, en tanto no aparezca una vacuna contra el virus, será extraordinariamente compleja por la necesidad de garantizar la debida distancia personal en el ámbito de juicios y vistas públicas, y eso va a exigir también un decidido esfuerzo inversor suplementario para habilitar las salas de vistas a tal fin, o dotar de sistemas de videoconferencia que permitan realizar el juicio por esa vía cuando sea posible.
Por todo ello, hay que decir que sin inversiones, sin dinero encima de la mesa, no será posible una modernización de nuestra Justicia que acabe con el colapso histórico de algunos Juzgados y Tribunales, ni mucho menos que se pueda asumir la enorme carga de trabajo complementaria que va a venir. No debe olvidarse que esa inversión sería muy rentable en términos sociales porque movilizaría los ingentes capitales paralizados por los retrasos en los Juzgados y Tribunales.
No se piden imposibles. Los ciudadanos deben exigir una profunda redefinición del gasto público, para atender a lo importante, a lo esencial: las prestaciones sociales; la sanidad y la investigación científica, la educación de nuestros hijos, nuestra seguridad y la protección de nuestros derechos y libertades, misión esencial esta última atribuida a los Juzgados y Tribunales. En verdad estas necesidades fueron siempre lo básico a los ojos de los ciudadanos y hoy lo serán mucho más.
