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Nación solidaria; por Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional

02/04/2020
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El día 2 de abril de 2020 se ha publicado, en el diario El Mundo, un artículo de Antonio Torres del Moral, en el cual el autor opina sobre la solidaridad como principio y valor democrático.

NACIÓN SOLIDARIA

Varios siglos antes de la Revolución francesa, ya era utilizada la palabra nación en ambientes universitarios, pero fue el seísmo de 1789 el que extendió su uso en círculos políticos junto a una tríada de valores (libertad, igualdad, fraternidad) que se convirtieron en santo y seña de la revolución. Una revolución en cuya memoria, según se cuenta, Hegel bebía un vaso de vino tinto todos los 14 de julio. La mítica fraternidad, aunque se ha mantenido en las fachadas de los edificios oficiales franceses y en celebraciones nostálgicas, fue sustituida por el término solidaridad, utilizado casi en exclusiva desde mediados del siglo XIX.

Con una u otra palabra, estamos ante un ingrediente consustancial del constitucionalismo social y democrático, el cual ha engrosado el acervo de valores profesados y ha incorporado la dignidad de la persona como valor máximo y síntesis de todos ellos, en tanto que el imperio de la ley rige el funcionamiento de los poderes públicos.

Sin embargo, como la Constitución española no distingue claramente entre valores, principios y fundamentos del sistema político instaurado, ello obliga al intérprete a identificar la categoría utilizada en cada caso y en qué sentido. Así sucede, por ejemplo, con la igualdad, que es valor superior, principio político y derecho; y también con la solidaridad, que tiene cuatro significados constitucionales: principio informador de la estructura territorial del Estado; esencia del sistema de Seguridad Social; elemento “indispensable” de la política de medio ambiente; ingrediente básico de algunos derechos. A lo que hay que añadir el papel que desempeña en la relación entre España y la Unión Europea. Sobre varias de estas facetas ha publicado el profesor Javier Tajadura excelentes estudios.

En cambio, se echa en falta la solidaridad en los preceptos dedicados a las personas con discapacidad y de la tercera edad, desatino que obliga a su reinterpretación lógica, sistemática y teleológica para obtener la conclusión afirmativa, única democráticamente aceptable en este supuesto.

La solidaridad entre personas y grupos es un fenómeno tan natural y omnipresente en la sociedad que resulta sorprendente que un filósofo moderno como Fernando Savater no haya encontrado un hueco en su muy ocurrente Diccionario filosófico para incluir la voz Solidaridad. Acaso en una segunda edición... En cambio, Haro Tecglen, tan constante y meritorio luchador antifranquista, sí le dio cabida en su Diccionario político, aunque con brevedad y látigo en mano: “De origen proletario (principalmente anarquista) y equivalente a la ayuda mutua y la cooperación, ha venido hoy a entrar en el lenguaje general como sinónimo laico de caridad... No nos será premiado en el reino de los cielos como virtud teologal, pero quizás nos sea agradecido por los que sufren ()”. Compárese con la sencillez del Diccionario de sociología del Fondo de Cultura Económica: “Cohesión interna de un grupo. Integridad de un grupo con respecto a los elementos unificadores que lo mantienen unido”. Es la pequeña diferencia entre opinión sesgada y seriedad científica.

El clásico concepto de nación formulado por Renan, “un plebiscito cotidiano”, está bastante deteriorado por el abuso que de él hicieron formaciones antidemocráticas. También fue muy leído en su momento el libro de Donoso Cortés Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, en el que, con un elemental y discutible tratamiento teológico, defiende una tesis que, sin embargo, es susceptible de recepción actual: la solidaridad tiene un lugar central y decisivo en todo lo humano; sin solidaridad intergeneracional no hay nación.

En fin, Ortega acuñó en La rebelión de las masas un concepto de nación, también muy citado, como “unidad de empresa” y como “proyecto sugestivo de vida en común”. Posteriormente, en su discurso Rectificación de la República sostuvo que la política debía responder a la fórmula “nación y trabajo”. Porque la nación no se identifica con la historia, ni con la tradición, sino con “la obra común que hay que hacer”. Con solo el pasado no se llega muy lejos: vivir del pasado equivale al suicidio como nación. Hay que estar a la altura de los tiempos.

Viniendo a nuestros días, los derechos económicos y sociales insertos en una Constitución son tan expresivos del “hecho nacional” como algunos principios enfáticos de los preámbulos y de los títulos preliminares de las constituciones. Es así porque son expresión jurídica de los valores-principios igualdad y solidaridad, propios de las democracias actuales y de las organizaciones supranacionales en las que se integran.

El valor solidaridad anida entre miles o millones de personas que pertenecen a una misma ciudad o país y comparten en mayor o en menor medida una idiosincrasia, un modo de ser, una historia, una cultura, unos cementerios, a veces también una religión. Cuanto mayor es el grupo de personas, menos intenso es este vínculo entre ellas, pero es un hecho que, aunque sea a distancia y en silencio, entre convecinos y compatriotas siempre germinan lazos duraderos.

Un sector doctrinal sostiene que la solidaridad acogida en nuestra Constitución está desfasada, pues equivale a una asistencia benéfica y generadora de obligaciones morales jurídicamente no vinculantes. Yo entiendo, por el contrario, que debe ser interpretada como un plus de la igualdad, como igualdad solidaria, que es lo propio -dicho con palabras del Preámbulo constitucional- de una democracia avanzada; lo cual exige promover las condiciones idóneas para el resultado perseguido y remover los obstáculos que lo impidan.

De hecho, acaso el más importante de los subsistemas integrados en la nación sea la Seguridad Social, institución creada por un gran pacto de solidaridad intergeneracional e interterritorial, conforme al cual el coste de la atención dedicada a una generación se sufraga total o parcialmente con los ingresos proporcionados por otra y así sucesivamente. Como las democracias avanzadas y las organizaciones internacionales y supranacionales en que se insertan no pueden conformarse con que algunos sectores de sus poblaciones no alcancen el mínimo vital, los recursos dedicados a dicho menester son muy elevados. otro sector de la opinión objeta que el Estado social es caro y que España, o Italia u Holanda, no pueden permitírselo. Naturalmente el Estado social tiene un coste, pero no debemos confundir valor y precio, como le ocurría al necio del que hablaba Machado: si el sistema está bien gestionado y bien administrado (que ahí puede que resida la clave de su carestía actual), los derechos sociales cuestan porque valen y cuestan lo que valen.

El profesor Luis Jimena ha puesto de relieve que algunos derechos civiles y políticos cuestan más y a nadie se le ocurre ponerles reparos; sean, por ejemplo, los derechos a una tutela judicial efectiva y a recibir una instrucción pública gratuita; ambos son costosísimos pero imprescindibles. Lo que hay que ponderar es si el sistema es más valioso con ellos o sin ellos.

En fin, como suelen decir los pedagogos, las clases prácticas son más eficaces que las teóricas. La implacable realidad de estas últimas semanas está proporcionando clases prácticas inolvidables. Día a día observo desde mi clausura las calles vacías y silentes, como solo las habíamos visto en películas fantásticas; este es el resultado de un solidario y disciplinado cumplimiento de las normas y consignas impartidas por el Gobierno para hacer frente a una crisis de dimensión planetaria y de una gravedad aún no evaluada con precisión. Está cerrado el quiosco de prensa y la parada del autobús permanece desierta; los medios dan noticias de los muertos habidos entre las personas contagiadas, los profesionales de la salud y los servidores del orden público, que culminan así su servicio al bien común; los agricultores interrumpen sus reivindicaciones y los taxistas hacen servicios de urgencia gratuitos; los domicilios familiares se transforman en aulas con los mayores como maestros; llegan ayudas de españoles desde el extranjero... y yo recupero la fe en este pueblo español de abnegada conducta, un pueblo solidario y unido en un plebiscito cotidiano celebrado en el más emotivo silencio, únicamente alterado para aplaudir a quienes, arriesgando sus vidas, trabajan esforzadamente por España.

Ahora le toca al Gobierno merecer a este pueblo.

Comentarios - 1 Escribir comentario

#1

El estado, mono o plurinacional, es la solución Nación es viejo substantivo; indica el lugar de nacimiento: "es vyzcaino de nación", dice en el Quijote.En la CE78 constan "la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".
NO HAY LIBERTAD para elegir al Jefe del Estado. Eso lo "obvian" todos los expertos en derecho, de Catedráticos a Supremos Magistrados, pero dicen "este régien democrático": ¡dime de que alardeas y te diré de qué careces!
NO HAY IGUALDAD. Se obvia el art. 14. El titulo II DISCRIMINA al 99,99999% de los españoles y españolas por razón de NACIMIENTO ¿Borbón?, CONDICION PERSONAL ¿designado por Franco? y SOCIAL ¿ser hijo? y por SEXO ¿ser varón? No caben más discriminaciones juntas.
Denuncié a la Mesa del Congreso: "El rey nos discrimina"; dijo que no. Recurrí en amparo al TC. Reitero "el rey está vestido"
La CE78 no necesitó enmienda de los cerdos; venía enmendada de origen: "algunos españoles son más iguales que otros". llevamos ya más de 40 años, "quasimodo geniti infantes" cantando "vamos a contar mentiras, tra,la ra, vamos a contar mentiras: por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas "Quousque tandem Catilina abuetere patiemtiam nostram?"

Escrito el 05/04/2020 11:15:10 por Alfonso J. Vázquez Responder Es ofensivo Me gusta (0)

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