PENSIONES: EN BUSCA DEL TIEMPO
La verdadera riqueza de las naciones es su población. Constituye ésta el origen y el destino de todo esfuerzo económico. La misma ha suministrado la principal energía transformadora de nuestro mundo y es también la beneficiaria de todo progreso. Simon Kuznets, Nobel de Economía de 1971, demostró que los países con mayor crecimiento demográfico eran los que ofrecían más altas tasas de crecimiento económico. Colin Clark señaló, por su parte, la mayor relevancia que, frente a la inversión productiva, poseía el aumento de la población para el desarrollo de la economía (Condititions of Economic Growth, 1939). Y el mismo Alfred Sauvy pudo afirmar que “no hay progreso económico sin crecimiento de la población”. A pesar de ello, no quedan muy lejos en el tiempo los sombríos pronósticos neomalthusianos acerca de la “explosión demográfica”, la “bomba demográfica” o la “marea humana” que nos amenazaba. Se propugnaron así la planificación familiar restrictiva; la generalización de novedosos y eficaces medios anticonceptivos; así como la legalización del aborto y de otras prácticas semejantes para la urgente contención de tan temible “tsunami poblacional”.
Tales pronósticos no sólo no se han cumplido sino que han contribuido eficazmente a generar los graves problemas demográficos que hoy padecemos, en España y en el conjunto de Europa. Y es que hemos ignorado el sabio consejo de Pierre Chaunu, cuando en su Rechazo de la vida (1975), advirtió: “Existe una especie de ecología de las sociedades humanas; una sociedad tiene equilibrios antiguos, y hay que respetar la estructura de una sociedad lo mismo que se respeta a la naturaleza. Hay que dejarla evolucionar y no intervenir más que con pleno conocimiento en procesos complicados cuya ecuación desconocemos”.
Muchas son las consecuencias del envejecimiento demográfico. Una de las más llamativas quizá sea, entre nosotros, la que afecta a la viabilidad del actual sistema de pensiones públicas, terreno abonado para la confrontación partidista que el Pacto de Toledo (1995) trató de sustraer, en lo posible, de la liza política.
El problema es bien conocido. Dicho sistema es de los llamados de reparto y consiste en que los miembros de la población activa actual (personas entre los 15 y 65 años de edad) efectivamente ocupada, cotizan para pagar las pensiones devengadas por quienes han alcanzado ya la jubilación, normalmente quienes tienen más de 65 años. En las condiciones de una pirámide demográfica normal y un nivel de ocupación suficiente, el sistema de reparto no deja de ser una plausible forma de solidaridad intergeneracional: los activos ocupados actuales financian las pensiones de los que lo fueron. Pero ello es sólo posible mientras el volumen de cotizaciones resulta suficiente para cubrir el importe de las pensiones a pagar, lo cual depende de la evolución de la estructura por edades de la población.
Ocurre, sin embargo, que los parámetros que marcan dicha evolución nos han traído hasta la virtual quiebra del sistema público de pensiones. Mientras la esperanza media de vida era en los inicios de siglo XX de 40 años, en 2019 ha sido de 83, sólo inferior a la de Japón. Y en cuanto al índice de fecundidad (número de hijos por mujer en edad fecunda), si en 1964 era de 3 hijos y, todavía en 1981, de 2,1 (nivel de reemplazo generacional), en 2019 ha caído hasta 1,31, índice el más bajo de la UE, únicamente superior al de Malta, con 1,26.
Pero al progresivo distanciamiento entre el número de pensionistas y el de cotizantes -consecuencia del envejecimiento demográfico que padecemos-, hay que añadir el efecto adicional de un problema ya crónico en la economía española: el alto nivel de desempleo. Al término de la recesión iniciada en 2008, en 2013, la tasa de paro era del 26,94%, manteniéndose, todavía en 2019, por encima del 14%. Quiere ello decir que la insuficiencia de ingresos del sistema no es consecuencia sólo de la creciente desproporción entre las poblaciones activa y pasiva, sino de que la población activa desocupada, además de no cotizar, genera un importante volumen de gasto en concepto de subsidios de desempleo. Nada ha de extrañar que si en 2011 el Fondo de Reserva para el pago de las pensiones ascendía a casi 66.000 millones de euros, en 2019 haya rebasado ligeramente los 1.500. Ni que el importe mensual a extraer de dicho Fondo llegue casi a los 9.500 millones. Ni tampoco, en fin, que el déficit del sistema pueda alcanzar, ese mismo año, los 20.000 millones.
¿Qué hacer? Varias son las medidas que se propugnan. De modo inmediato: 1.ª) La ampliación significativa de la actual base reguladora para el cálculo de las pensiones, así como de la edad de jubilación; 2.ª) La supresión de las jubilaciones anticipadas y la contención de las prejubilaciones; 3.ª) La afectación parcial al pago de las pensiones de determinados impuestos vigentes y/o la creación de otros nuevos; 4.ª) La financiación por esta vía -no mediante cotizaciones- de las pensiones de viudedad y orfandad; y 5.ª) La aplicación de un índice de revalorización de las prestaciones distinto del IPC. Entre otras.
Pero son también posibles otras medidas de las que nadie habla. Por ejemplo: 1.ª) Establecer exenciones o bonificaciones a favor de los jubilados en determinados impuestos, como el IBI (que con frecuencia absorbe el importe de una mensualidad de la pensión anual, e incluso más, si se considera el nivel de la pensión media) o el propio IRPF (resulta notable que incluso cuando la pensión es el único ingreso a percibir, ésta tribute); 2.ª) Establecer tarifas diferenciales adecuadas a favor de los pensionistas en relación con los consumos normales de gas, luz, electricidad, transporte, etc.; 3.ª) Reducir la presión tributaria soportada por estos consumos en concepto de IVA e Impuestos Especiales; y 4.ª) Mejorar el sistema de incentivos fiscales por aportaciones a fondos de pensiones y por su rescate.
Se dirá que estas y otras medidas semejantes reducirían los ingresos de unas administraciones públicas estructuralmente deficitarias. Y así es, pero también es cierto que tales medidas, junto a las mencionadas más arriba, contribuirían a la sostenibilidad del actual sistema de pensiones aligerando sus gastos e incrementando la renta disponible de sus beneficiarios, sin por ello aumentar el importe de las prestaciones. Huelga decir que el desequilibrio financiero del conjunto de nuestro sector público -del aparatoso Estado de las Autonomías y de tantos dispendios como ocasiona la revolución antropológica que el mismo protagoniza- no es tanto consecuencia del nivel de sus ingresos, cuanto de lo excesivo e improcedente de sus gastos. Y es en éstos donde se hace precisa la aplicación de una cirugía radical que libere recursos para atender a las necesidades preferentes, en el sentido técnico de este término. Desde luego, de lo que no cabe duda es de que el “generoso” incremento de las pensiones recientemente dispuesto por el Gobierno en un 0,9% (RDL 1/2020), lejos de solucionar el problema de los 9,8 millones de pensionistas considerados individualmente (ni siquiera les permitirá aumentar sus disponibilidades personales para el “chocolate del loro”), representa, sin embargo, desde el punto de vista global, un importante e inútil aumento del gasto público por este concepto.
Con todo, el auténtico problema cara al futuro es el de la regeneración demográfica de España. Urge recuperar el tiempo perdido, un tiempo que nada tiene que ver con la narrativa proustiana, sino con la instrumentación de políticas adecuadas y con la recuperación del conjunto de valores morales que propician la revitalización fecundante de la institución familiar, matriz de toda estructura poblacional sana. Y ello es urgente porque los efectos de tales políticas se difieren mucho en el tiempo, y porque, volviendo a lo afirmado al principio, la esencial riqueza de las naciones no es otra cosa que su población.
