El secretario de Estado ha abogado, también, por trabajar en iniciativas en el plano normativo, fundamentalmente de reforma del Código Penal.
Dolz ha subrayado que la colaboración entre instituciones del Estado y la sociedad civil, como la que promueve esta Comisión, es esencial para combatir y perseguir los delitos de odio que “destruyen el fundamento del orden político democrático y su paz social”. Un modelo de cooperación valorado como ejemplo de buena práctica por las instituciones europeas e internacionales, como se puso de manifiesto en la Conferencia Final del proyecto europeo Print (Preventing Racism and Tolerance) celebrada en París el 11 de marzo pasado.
En los tres años y medio de actividad de la Comisión, cuya secretaría ejerce el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a través del Observatorio español del racismo y la Xenofobia (Oberaxe), se ha realizado un análisis exhaustivo de las sentencias relacionadas con delitos de odio correspondientes al periodo 2014-2017. En él se recogen las características de las víctimas y los agresores, así como la resolución de cada caso. Se trata de información muy valiosa que va a permitir mejorar los sistemas de información, garantizar la disponibilidad de los datos para el análisis de la realidad y asegurar la trazabilidad de los casos entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las fiscalías y los juzgados.
Dentro de los delitos de odio, preocupa especialmente el discurso de odio en Internet, una materia sobre la que los ministros de Justicia europeos del Grupo Vendôme intercambiaron impresiones en la reunión que celebraron en el Ministerio de Justicia el pasado 3 de junio. El secretario de Estado ha señalado que, en el ámbito nacional, se está trabajando en un acuerdo marco entre instituciones públicas, sociedad civil y proveedores de servicios de Internet para avanzar en medidas concretas que atajen el discurso de odio online.
Durante la reunión se han revisado, también, los programas de formación de que disponen los ministerios y otras instituciones para abordar las diferentes formas de intolerancia y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo, ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la capacitación de los profesionales que trabajan con los colectivos más vulnerables.
En la Comisión de Seguimiento del acuerdo interinstitucional contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de tolerancia están representados el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, los ministerios de Justicia; Interior; Educación y Formación Profesional; Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; Cultura y Deporte, así como el Centro de Estudios Jurídicos.
Participan como observadores de la sociedad civil, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, representantes del Consejo del Pueblo Gitano y de la Plataforma del Tercer Sector.
