GETAFE, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
Al respecto, el fallo ha estimado el recurso de suplicación interpuesto por la representación de la familia contra la sentencia de 28 de julio de 2017, dictada por el Juzgado de lo Social número 13 de Madrid y, revocándola en parte, condena a la empresa Uralita al abono de la cantidad de 95.862 euros, en concepto de daño moral, en lugar de 16.000 euros.
Además, tendrá que sumarse a los 30.000 euros a los que la sentencia de primera instancia ya condena a la empresa, lo que hace un total de 125.862 euros, que también deberá incrementarse con los intereses moratorios desde la fecha de la presentación de la demanda el 17 de noviembre de 2016.
La sentencia de instancia consideró que "concurre el necesario nexo causal entre la ausencia de medidas de seguridad por parte de la empresa y la enfermedad profesional sufrida por el trabajador", por lo que condenó a una indemnización de daños y perjuicios, aunque "en cantidad inferior a la solicitada".
El trabajador, que prestó sus servicios en la empresa desde 1970 a 2000, falleció en 2015 a los 73 años de edad, dos años después de que le diagnosticaran mesotelioma pleural, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
Asimismo, se señala que hasta el año 1977 la empresa "no facilitó a sus operarios información sobre los riesgos para su salud derivados del contacto con el amianto, haciéndoles las advertencias necesarias de prevención".
