MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
Esta vista coincidirá con la cuarta sesión del juicio contra el proceso independentista en Cataluña, que se reanuda este martes con la declaración del exconsejero de Presidencia Jordi Turull. Previsiblemente esta intención de Pina de que el auto del pasado 5 de diciembre sea anulado será rechazada, pues la Sala especial del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial acordó por unanimidad que el tribunal siguiese compuesto por los magistrados Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer.
Además, se da la circunstancia de que, al igual que ocurrió la vez anterior que se reunió, la Sala del 61 no estará al completo, ya que está formada por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, los presidentes de cada una de las cinco salas de este órgano y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas. De este modo, ni Marchena (presidente de la Sala de lo Penal), ni Martínez Arrieta (el magistrado más antiguo de la Sala Segunda) podrán estar presentes por ser miembros del tribunal enjuiciador.
Aunque la recusación fue presentada por ocho de los procesados en la causa por rebelión en Cataluña, sólo la defensa de Sànchez, Turull y Rull --que se encuentran en prisión preventiva y se enfrentan a 17 y 16 años de cárcel, respectivamente-- ha presentado este incidente de nulidad con el fin agotar todas las vías judiciales y poder acudir al Tribunal Constitucional para denunciar una posible vulneración de derechos fundamentales al ser juzgados por un tribunal sobre el que, a su entender, recae aparentes dudas de imparcialidad.
'WHATASAPP' DE COSIDÓ Y SENTENCIA DEL TEDH SOBRE OTEGI
Los abogados de los tres acusados ya mencionados, la del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el exconsejero Raül Romeva, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y de la que fuera miembro de la Mesa Anna Simó solicitaron que Marchena fuese apartado del tribunal tras revelarse su nombre como posible presidente del Consejo General del Poder Judicial (GGPJ), en el marco del pacto fallido entre el PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces.
A esto se sumó la polémica generada por el 'whatsapp' enviado por el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que presumía que la elección de Marchena permitiría controlar "desde atrás" la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
La defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, fue más allá y recusó a todo el tribunal del 'procés' amparándose en una reciente de sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que falló que el exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi no tuvo un juicio justo al considerar que la magistrada de la Audiencia Nacional Ángela Murillo estaba "contaminada" por un prejuicio mostrado en un juicio anterior contra él y que esto afectó a la imparcialidad del resto de jueces que integraban el tribunal.
Para la Sala del 61 el mensaje del senador del PP no mancha la imparcialidad del presidente de la Sala de lo Penal ni afecta a la del resto de sus compañeros, pues es algo que debe interpretarse como una opinión "inaceptable" realizad en ámbito político y que no es trasladable al ámbito jurisdiccional.
