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Acuerdo de colaboración

Los registradores comparten la titularidad real con la Guardia Civil para prevenir el blanqueo de capitales

15/02/2019
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El Colegio de Registradores y la Jefatura de Policía Judicial han firmado un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones por el que la Guardia Civil podrá acceder a la titularidad real de entidades inscritas en los registros mercantiles, con el fin de luchar contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Los funcionarios y el personal al servicio de la Guardia Civil podrán realizar tres tipos de consultas: sobre los titulares reales de una sociedad, sobre sociedades de las que una persona física es titular real y sobre sociedades de las que una sociedad se encuentra en la cadena de control de un titular real.

Según explica el organismo, el Registro de Titularidades Reales "se adapta a las necesidades contra el blanqueo, es público, reglado, con pleno respeto a la protección de datos, actualizado y sin costes adicionales".

Los registradores de la propiedad y mercantiles son sujetos obligados en la normativa de prevención antiblanqueo, motivo por el cual el Colegio de Registradores creó hace tres años el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), que recibe cada año más de 16.000 alertas procedentes de los registros sobre posibles casos de blanqueo de capitales y colabora con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).

El convenio ha sido firmado por la decana del colegio, María Emilia Adán, y por el General Jefe de la Jefatura de Policía Judicial, Pedro Ángel Ortega Calahorro, en un acto al que también han asistido el director del Servicio de Sistemas de Información, José María de Pablos, y el director del Servicio de Coordinación de Registros Mercantiles, Jorge Salazar.

Adán ha agradecido el trabajo de la Guardia Civil en relación a la persecución de los delitos y el restablecimiento de la legalidad, al mismo tiempo que ha valorado poder colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la prevención de blanqueo de capitales.

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