MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, ha presidido este mediodía una reunión con representantes de la Comunidad, del Ayuntamiento de Madrid, de la Federación Madrileña de Municipios así como del Poder Judicial para este asunto y establecer mecanismos adecuados que mejoren y profundicen en la coordinación y la comunicación entre las tres administraciones y el Poder Judicial, ante los casos de desahucios que afectan a grupos y familias vulnerables, en el ámbito de la región.
Durante la reunión, Uribes ha expuesto la necesidad de hablar con las Administraciones competentes en materia de vivienda para "mejorar la respuesta ante los dramáticos casos de desahucios sociales que afectan a grupos y familias vulnerables, de acuerdo con los mandatos de Naciones Unidas. "Esta reunión tiene un interés en sí misma por cuanto impulsa la comunicación entre las Administraciones Públicas y los Órganos jurisdiccionales", ha añadido.
A la reunión han asistido por parte del Ayuntamiento de Madrid, la alcaldesa, Manuela Carmena y la primera teniente de alcalde, Marta Higueras; por la Comunidad de Madrid, el vicepresidente, Pedro Rollán y la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola; por el Consejo General de la Abogacía su presidenta, Victoria Ortega; y por el Consejo General del Poder Judicial, Eduardo Fontán, jefe de Gabinete del presidente Carlos Lesmes.
Por parte de la Federación Madrileña de Municipios (FMM), ha estado la vicepresidenta y alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno; del Decanato de los Juzgados de Madrid, la decana, María Jesús del Barco Martínez; por la Fiscalía de la Comunidad, la fiscal delegada autonómica de lo Civil, Inmaculada Rodríguez Suárez y el abogado jefe de la Comunidad, José Antonio Perales, así como representantes del Ministerio de Justicia y de Fomento.
Rodríguez Uribes, promotor de este encuentro, ha abogado por actuar entre todos para una detección temprana de estos casos y para que los Servicios Sociales "puedan dar una respuesta a esa exigencia de la ONU en muchos casos de que haya una alternativa habitacional, y que haya información suficiente para que las decisiones que se tomen sean legales y también justas en la medida de nuestra posibilidades". "Nos parece bien que las administraciones nutran información a los jueces para que conozcan cada caso y las circunstancias de las personas afectadas", ha dicho.
Por eso, espera que el convenio, que ya ha sido firmado por la mitad de las comunidades autónomas, puede desarrollar estos cauces de coordinación y cooperación. Además, pide establecer una adenda con el Ministerio de Justicia que permita la fluidez de comunicación con los mandatos de ONU y que este organismo internacional esté informado de las desahucios que se hagan en España y de las soluciones habitacionales que proponen las administraciones.
Respecto a la controversia de que si las resoluciones de Naciones Unidas en materia de paralización de alzamientos son vinculantes, Uribes considera que "todos debemos atender" a las peticiones de la ONU, ya que es una organización a la que pertenece España "y hay que tomarse en serio sus resoluciones".
En este convenio, según ha explicado el delegado, el CGPJ va a formar a jueces para la detección temprana de casos de desahucios sociales y la Comunidad de Madrid, junto a la Federación de Municipios de Madrid ampliará en sus ámbitos las posibles respuestas sociales y habitacionales. "Nuestra obligación es conocer todo para tomar una decisión temprana para una respuesta justa", ha añadido.
Aunque no está incluido en el convenio, el representante del Gobierno central en Madrid ha lanzado en la reunión su idea de que la Policía Municipal sea la encargada de acometer los desahucios sociales una vez se lo pide el juez, dejando a la Policía Nacional para desalojos delictivos, como 'narcopisos' u okupaciones mafiosas.
"En esto tengo una posición mayoritaria pero cuanto más lo pienso más claro lo tengo. Ello compete a los juzgados y yo solo hablo de una reflexión. Creo que en los desahucios sociales ha de ir las policías municipales con el Samur Social para poder continuar la atención y comunicación con estas familias. Y también porque creo que hay una cuestión del uso proporcionado de la fuerza. No crear un mal mayor es una responsabilidad de todos. No creo que debería estar la UIP, me parece una desproporción y ayudaría a rebajar la tensión con colectivos sociales. Lo hemos hablado pero no hemos abordado nada porque es una decisión que competen a los jueces en su estricto poder jurisdiccional", ha admitido.
COMUNIDAD Y AYUNTAMIENTOS
Al acabar la reunión, el vicepresidente regional también se ha felicitado por el foro de reunión entre miembros del Poder Judicial y administrativo para poder llegar a la firma de un convenio que sirva para detectar de forma precoz los casos de desahucio social y así ir preparando respuestas, como el parque de viviendas de emergencia social de la Comunidad.
Por su parte, la alcaldesa de Aranjuez y vicepresidenta de la FMM, Cristina Moreno, se ha mostrado "encantada" de poder firmar este convenio porque "es absolutamente importante que personas que quedan en una situación de extrema vulnerabilidad tengan una salida coordinada entre todas las partes".
"Nos parece imprescindible que esté la Abogacía del Estado. No olvidemos que los municipios no solo es Madrid y tienen alguna dinámica poblacional distinta. Y el 60 por ciento de los municipios tiene servicios sociales mancomunados. Hacía mucha falta esta reunión, los alcaldes tenemos pocas competencias pero al final somos los que tenemos que llevar a cabo. Anunciaremos cuando se firma ese convenio, que ya tiene la idoneidad", ha añadido.
Moreno ha afirmado que la Comunidad de Madrid "tiene mucho que decir y les toca una gran parte de este tema". "Tenemos necesidad de que la Comunidad dé soporte a todo esto y que la información fluya de un lado a otros para ser más ágiles. Nosotros hemos puesto encima de la mesa que tenemos las manos atadas porque no tenemos las competencias en Vivienda", ha finalizado.
