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El TS vuelve a pedir opinión al fiscal sobre García Castellón tras los informes de las escuchas de los abogados en el Caso Lezo

25/01/2019
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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha vuelto a pedir informe a Fiscalía para que se pronuncie sobre la admisión o no a trámite de la querella que el empresario imputado en el caso Lezo Juan Miguel Villar Mir presentó contra el instructor de la causa en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, por grabar conversaciones que mantuvo con sus abogados e incorporar el contenido de las mismas al sumario.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía ya emitió un informe a finales del pasado mes de noviembre contrario a la apertura de una causa criminal contra el juez, a quien el empresario acusa de los delitos de prevaricación judicial, interceptación ilegal de las comunicaciones, retardo malicioso de la Administración de Justicia y falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.

La Sala de admisiones del alto tribunal vuelve a recabar ahora su opinión tras recibir dos informes aportados por la defensa después de que se diera a conocer la pieza secreta de las citadas intervenciones.

El letrado de la administración de justica del Juzgado Central de Instrucción número 6, del que García Castellón es titular, remitió a principios del pasado mes de enero al Supremo el contenido de dicha pieza secreta, que incluye la transcripción de conversaciones entre abogados personados en la causa y también del empresario Juan Miguel Villar Mir con sus letrados. Las escuchas transcritas por la UCO de la Guardia Civil se refieren a conversaciones grabadas durante tres meses, entre enero y marzo de 2108.

La remisión de estos oficios, a los que ha tuvo acceso Europa Press, fueron solicitados expresamente al Juzgado Central de Instrucción número 6 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que tiene pendiente desde el pasado septiembre resolver si admite o no a trámite la querella que la defensa de Villar Mir presentó contra el magistrado por no parar las grabaciones pese a afectar al derecho de defensa.

ADVERTIDO POR LA UCO

En los tres oficios, y al inicio de cada una de las transcripciones --que afectan a Villar Mir, su abogado y otros tres letrados personados en la causa-- los agentes de la Guardia Civil advierten expresamente que "pueden afectar al ejercicio legítimo del derecho de defensa".

En el primero de estos oficios se transcriben conversaciones mantenidas por Villar Mir y su letrado a comienzos del pasado año, mientras que en las incluidas en los otros dos documentos la UCO también ofrece el resultado de escuchas realizada a otras personas relacionadas con operaciones de OHL investigadas en Lezo.

Los letrados hablan de coordinarse para ejercer la defensa en este caso y de cuál va a ser su estrategia en las declaraciones ante el instructor del asunto en la Audiencia Nacional. En otras conversaciones, que acabaron en manos del juez del caso, los letrados comentan también cómo fue la declaración que Villar Mir prestó a la Audiencia Nacional.

La querella contra García Castellón se detiene en el día 9 de enero de 2018, cuando la UCO advirtió expresamente al magistrado de que había escuchado, grabado y analizado las conversaciones entre una persona investigada y su abogado y el Magistrado no ordenó el inmediato cese de la actuación y la eliminación de la información obtenida, sino que recibió en el juzgado un oficio aparte con las transcripciones.

PIEZA POR FALSEDAD DEL CERTIFICADO MÉDICO

Las escuchas realizadas dicha jornada, según manifiestan los propios oficios ahora en poder del Supremo, derivaron en el problema con el certificado médico que Villar Mir presentó para aducir problemas de salud y evitar comparecer en la Audiencia Nacional cuando estaba previsto. El facultativo acabó siendo llamado a declarar en los Juzgados de Plaza de Castilla, donde ahora se investiga si incurrió en una falsedad.

La querella insiste en que García Castellón no dictó ninguna resolución que "específicamente habilitara a la UCO para grabar las conversaciones entre el señor Villar Mir y su abogado en relación a la entrega del certificado médico" y alega además, que si el magistrado hubiera sospechado en su momento que había alguna irregularidad en la conducta del médico, habría mandado a un forense para reconocer al imputado en lugar de aceptar que se pospusiera la comparecencia.

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