BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)
En una sentencia recogida por Europa Press, la magistrada recuerda que los cuerpos policiales tenían órdenes de intervenir efectos o instrumentos para la celebración del referéndum del 1 de octubre, como propaganda electoral.
En ese contexto, una dotación de la Policía Local formada por tres cabos se dirigió sobre las 23.25 horas del 25 de septiembre de 2017 a un grupo de cinco personas que estaban colgando carteles en la calle Francesc Layret relacionados con la consulta sobre la independencia de Cataluña suspendida por el Tribunal Constitucional (TC), para identificarlas e incautar el material --45 carteles y seis paquetes de bridas de plástico--.
En el transcurso de esta actuación policial, llegaron más personas al sitio, algunas de las cuales recriminaron la actuación de los agentes e instaron la devolución del material usando expresiones como "Sou uns feixistes i uns lladres" ("Sois unos fascistas y unos ladrones").
También llegó al lugar Téllez, que primero instó a los agentes a devolver los carteles y, después de que ellos le respondieran que cumplían órdenes, "abrió el vehículo y procedió a la entrega y reparto del material, mientras era jaleado por los que allí se encontraban en el lugar, con lemas de 'Hem guanyat, Visca la República".
La juez considera que el concejal actuó "con un claro propósito de menoscabar el principio de Autoridad que tenían los agentes como Policía judicial en dependencia funcional de Fiscalía y el buen funcionamiento de los servicios públicos, so pretexto de ser meros agentes dependientes orgánicamente de la Alcaldía de Badalona, alegando asumir ser el único responsable".
Y que "no sólo faltó al respeto que merece un agente policial en el ejercicio de sus funciones, sino que se prevalió de su cargo para doblegar la voluntad de los mismos, ante unos ciudadanos más que interesados en conculcar las órdenes emitidas por Fiscalía".
En el juicio, Téllez reconoció que cogió los carteles independentistas intervenidos del coche patrulla de la Policía Local y que los devolvió a las personas presentes, justificando que fue para garantizar el derecho a la libertad de expresión y evitar "males mayores".
