SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
Entre las nuevas competencias que tendrá Contas en virtud de este acuerdo, se prevé la promoción de instrumentos de colaboración con los órganos de la Administración autonómica con atribuciones en materia de transparencia.
Según ha explicado el órgano que dirige José Antonio Redondo, estos tendrán como fin promover mecanismos de autorregulación en la implantación, control y seguimiento de los planes de prevención de riesgos de la corrupción en el sector público autonómico y local de Galicia.
De este modo, el protocolo promoverá la colaboración de las instituciones en el intercambio recíproco de información, la puesta en común de criterios sobre la prevención de la corrupción y la formación de empleados públicos.
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
En el primero de estos apartados, el Ministerio público y Contas intercambiarán información sobre actuaciones y hechos que puedan constituir ilícitos penales o de los que se puedan derivar otro tipo de responsabilidades, como la contable. También se darán traslado recíproco de las denuncias que afecten al ejercicio de sus propias competencias.
Además, ambas instituciones colaborarán en la puesta en común de los criterios adoptados que se consideren adecuados para la elaboración de planes de prevención de la corrupción o programas de cumplimiento que afecten a las entidades del sector público de Galicia.
Por último, ambas instituciones establecerán un canal de información mutua sobre las actividades formativas que vayan a desarrollar y participarán en la organización conjunta de programas formativos dirigidos a los empleados públicos en los ámbitos de la ética, la integridad pública y el control de la corrupción.
MANDATO PARLAMENTARIO
Y es que, conforme ha recordado Contas, el Parlamento gallego instó al Consello de Contas a que adoptase las medidas necesarias para cooperar con la Fiscalía Superior en la persecución de prácticas corruptas.
Asimismo, ha recordado que la Fiscalía tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, por lo que es una pieza indispensable en la colaboración con el Consello de Contas en la prevención de la corrupción.
