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  • EDICIÓN DE 11/12/2018
 
 

Servicio de asistencia jurídica gratuita

Abonados 8,6 millones a abogados y procuradores por la justicia gratuita en Andalucía

11/12/2018
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La Consejería de Justicia e Interior ha abonado un total de 8,64 millones de euros a los consejos andaluces de colegios de abogados y procuradores por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita correspondiente al tercer trimestre de 2018 en esta comunidad autónoma.

SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Con este pago, la Consejería de Justicia e Interior señala en una nota de prensa que ha cumplido el compromiso de abonar a abogados y procuradores las prestaciones del servicio de justicia gratuita en el plazo máximo de 45 días desde que se presenta la certificación de su trabajo, tal como se acordó en la Comisión Mixta que integran el Gobierno andaluz y los colegios profesionales.

En lo que va de año, la Junta ha abonado 31,1 millones de euros por este servicio, que prestan en Andalucía más de 10.000 profesionales, entre abogados y procuradores, y del que se benefician anualmente más de 300.000 personas.

Del total abonado por los servicios del tercer trimestre de este año, la mayor parte --8,05 millones de euros-- se destina a sufragar la prestación realizada por los abogados, mientras que los procuradores reciben un total de 593.195 euros.

Los profesionales de la abogacía recibirán un total de 6,06 millones de euros por el turno de oficio, 1,30 millones por el turno de guardia y 688.552 euros por los gastos de funcionamiento de los colegios. Por su parte, a los procuradores andaluces les corresponde 593.195 euros por el turno de oficio.

Estos pagos incluyen el incremento del diez por ciento en el turno de guardia, mientras que en el turno de oficio los módulos que remuneran a los abogados y procuradores se han incrementado un cinco por ciento, tras haber subido otro cinco por ciento en 2017, con lo cual estos profesionales han recuperado los derechos que se vieron afectados por la crisis económica.

Además, el pasado año ya se incrementó hasta el ocho por ciento las cantidades destinadas a los gastos de funcionamiento de los colegios profesionales.

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