VALÈNCIA, 28 (EUROPA PRESS)
Así lo ha señalado la consellera, que ha avanzado que la nueva ley incluye la obligación de que, al menos el 50% de los puestos de cada oferta pública de empleo de la Generalitat y su sector instrumental, sean de acceso libre mediante concurso-oposición; se limitará al 20% el número de plazas que podrán ser ofertadas en promoción interna y regula el grado de conocimiento del valenciano que tendrán que demostrar los candidatos a trabajar en la Administración de la Generalitat.
El anteproyecto contempla que el grado de conocimiento del valenciano sea desarrollado mediante un reglamento que tendrá que estar aprobado a los seis meses de la entrada en vigor de la ley. Si en el plazo de un año este reglamento no estuviera aprobado, se aplicará que a los aspirantes a los grupos A1, A2 y B, se les exigirá el certificado C1 (equivalente al antiguo Grau Mitjà) mientras que los opositores a los grupos C1 y C2 precisarán de los certificados B2 y B1 respectivamente (equivalentes al Grau Elemental).
Para las agrupaciones profesionales funcionariales se exigirá la acreditación del nivel A2 (equivalente al Grau Oral). La ley contempla la excepción "para el ámbito sanitario" puesto que, según Bravo, "la exigencia del requisito nunca debe entrar en colisión con el derecho a la salud y, por tanto, si esta exigencia produce una disfunción en el funcionamiento del sector público sanitario, priorizaremos siempre el servicio público sobre la exigencia de la capacitación".
Sobre esta cuestión, los sindicatos han mostrado discrepancias. Desde UGT, el secretario de la FESP, Luis Lozano, ha criticado que la Administración "imponga" el nivel de valenciano para cada puesto si no hay acuerdo en el reglamento. A su entender, antes que el valenciano "el primer objetivo debe ser salvaguardar el servicio público", por lo que ha avisado de que no apoyarán la ley si esto no se modifica. En este y en otros puntos del acuerdo "no renuncian" a recabar apoyos en el trámite parlamentario.
También CSIF ha rechazado lo que considera una "imposición" del requisito del lingüístico y ha pedido que el nivel de valenciano sea un mérito para el acceso y provisión de emplee público.
Por su parte, Soledad Fernández, del área pública de CCOO PV, sí se ha mostrado partidaria del acuerdo y de la exención. "No queremos que un requisito del idioma haga que no tangas gente especializada en medicina", un área donde hay "mucho déficit", ha puntualizado.
Sin embargo, el secretario de acción sindical de Intersindical Valenciana, Rafa Reig, ha criticado la futura ley "no garantiza los derechos lingüísticos de la persona que habla en valenciano porque lo deja sujeto al desarrollo de un reglamento de resultado incierto y que es muy fácil de cambiar, una ley no tanto". A su entender no se justifican las exenciones: "La obligación de la Administración es hacer lo posible para garantizar el derecho a la asistencia sanitaria y el derecho de los que quieren ser atendidos en valenciano. No se trata de contraponer dos derechos, sino de sacar dos adelante".
Con la reunión de este miércoles, el anteproyecto de la Ley de la Función Pública Valenciana supera otro trámite desde que se inició su elaboración para solventar los problemas detectados en la Administración de la Generalitat por una comisión de expertos constituida, en marzo de 2016, a instancias de Gabriela Bravo.
ACEPTADAS ENTRE EL 70-85% DE LAS ALEGACIONES
La consellera ha mostrado su satisfacción porque ha sido "muy consensuada" con los sindicatos a quienes se les ha aceptado entre el 70% y el 85% de las alegaciones.
El anteproyecto se estructura en siete ámbitos de actuación que afectan a la organización de la Administración de la Generalitat; el régimen para el personal de las administraciones públicas; la estructura y ordenación del empleo público; el acceso a la Función Pública; los derechos y deberes de las plantillas; la provisión de puestos y movilidad de los trabajadores y las políticas para garantizar la igualdad de sexos.
REDUCCIÓN DE CUERPOS, ESCALAS Y PLAZOS DE SELECCIÓN
La futura norma cambia el sistema de selección y "blindando que el 50% de las plazas que salgan sean por oposición libre", ha resaltado.
El texto prevé que el Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) se convierta en la Escuela Valenciana de Administración Pública (EVAP). Este organismo, que tendrá rango de dirección general, garantizará la objetividad, imparcialidad y profesionalidad de los procesos selectivos de todos los organismos de la Generalitat y creará una comisión de selección (con tribunales permanentes) encargada de diseñar las pruebas de acceso.
Se reduce el número de cuerpos y escalas de la Administración de la Generalitat, que pasan de los 201 cuerpos, escalas y agrupaciones funcionariales que existen en la actualidad a un total de 87. Para agilizar la gestión se introducen "agrupaciones de puestos de trabajo", que incluye la posibilidad de establecer grupos funcionariales atendiendo a los puestos de trabajo que realizan tareas similares.
La nueva norma obliga a la Generalitat a reducir los plazos de los procesos de selección del personal, de modo que las pruebas de acceso deberán estar finalizadas en el plazo de un año a contar desde la convocatoria.
Incluye la posibilidad de obtener ayudas económicas para el acceso al empleo público destinadas a fomentar la preparación de los aspirantes que posean un buen expediente académico y carezcan de recursos para la preparación de las pruebas selectivas.
También se mantiene también la reserva de un cupo no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas con personas con diversidad funcional o sensorial.
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Asimismo, se contemplan las recomendaciones sobre igualdad entre hombres y mujeres recogidas en el 'Libro violeta de la Función Pública Valenciana', elaborado por expertos en perspectiva de género con medidas para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres. Entre ellas, se establece que los Planes de Igualdad que están en marcha en el seno de la Generalitat tendrán carácter vinculante y se garantizará que los miembros de los órganos de selección de personal tendrán formación en igualdad.
La ley recogerá la prohibición de la discriminación directa o indirecta en materia de derechos individuales, tanto en la retribución como en la formación, apostando por la conciliación desde la corresponsabilidad. No solo el permiso de paternidad ya se ha ampliado de cuatro a seis semanas, sino que el anteproyecto establece que no se podrá producir la remoción o cese del personal que se encuentre en situación de riesgo durante el embarazo o disfrutando de una situación de permiso de maternidad o paternidad. Esta previsión será también de aplicación a las víctimas de violencia de género.
Respecto a esta última materia, la futura ley establece que cuando la empleada pública afectada por un caso de esta naturaleza reduzca su jornada en un 30 por ciento o menos para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social, sus retribuciones se mantendrán íntegras. La normativa también está orientada a facilitar que las empleadas víctimas de violencia de género tengan más fácil la movilidad geográfica y con otras administraciones públicas en el caso de que lo necesiten.
