BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
Fomento del Trabajo recurrió al Tribunal Supremo la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dictó en mayo y que declaraba la huelga legal, desestimando así la demanda interpuesta por la patronal.
La Sala Social del TSJC consideró que no existía "prueba de que la huelga fuera convocada en fraude de ley y con una finalidad exclusivamente política".
Fomento del Trabajo denunció la huelga argumentando que era "política e ilegal" por no tener ninguna relación con reivindicaciones laborales, por no respetar el preaviso de diez días y por ser convocada por un sindicato poco representativo; asimismo, consideró que era abusiva por convocarla en días sucesivos, y solicitó 100.000 euros en concepto de daños y perjuicios.
La Sala Social consideró que la huelga de ese 8 de noviembre fue "con toda claridad" una huelga mixta que tenía motivos políticos --la situación política en Catalunya, la aplicación del artículo 155 de la Constitución y el cese del Govern de la Generalitat-- que están relacionados con otros claramente laborales.
Así, entre los motivos laborales de la huelga, citó la reducción de costes salariales y empobrecimiento, la crisis económica y reforma laboral, las políticas de salida de la crisis, la gran cantidad de trabajadores que no pueden vivir de su salario y el traslado de empresas de Catalunya, recogía el escrito.
Fomento del Trabajo aseguró que la huelga se efectuó en fraude de ley porque los motivos aducidos en la convocatoria no eran ciertos y los reales eran ajenos al interés de los trabajadores, algo que el TSJC rechazó porque consideró que no había quedado probada la "existencia de una huelga política amparada en unos falsos motivos laborales".
INTERSINDICAL-CSC
En un comunicado este lunes, Intersindical-CSC ha defendido que convocó la huelga del 8 de noviembre por la progresiva pérdida de derechos y condiciones laborales de los últimos años, la anulación o suspensión de leyes aprobadas por el Parlament y recurridas por el Gobierno central y la aprobación del decreto que permitía la "deslocalización exprés" de las sedes de las empresas ubicadas en Catalunya.
Por ello, ha criticado que la demanda de Fomento del Trabajo es "política" y persigue como objetivo castigar al sindicato, a la vez que quiere aprovechar las circunstancias para propiciar un cambio en la legislación del derecho a huelga, haciéndola más restrictiva, según la Intersindical-CSC.
