MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
La citada proposición, registrada en agosto de 2016 y aceptada por el Pleno del Congreso en septiembre de 2017, modifica la Ley de Reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto para prohibir que esta medida se conceda a condenados por corrupción y por delitos de violencia de género. Ahora, un año después, los grupos comenzarán a trabajar sobre la iniciativa.
Tras numerosas prórrogas, los grupos presentaron sus enmiendas el pasado mes de febrero, pero desde entonces no se movió nada hasta que a finales de septiembre la portavoz parlamentaria del PP, Dolors Montserrat, urgió la convocatoria de la ponencia para impulsar su tramitación.
EL PP EXIGIÓ ACELERAR LOS TRABAJOS
En concreto, Montserrat dio un ultimátum de 24 horas a los socialistas para activar la modificación de la Ley de Indultos y así impedir que esta medida de gracia se pudiera aplicar a condenados por sedición o rebelión.
Incluso llegó a avisar de que si la proposición de ley seguía paralizada, registrarían en el Congreso otra alternativa y una reforma del Código Penal para recuperar tipos delictivos como la convocatoria de un referéndum ilegal.
Así, la Mesa de la Comisión de Justicia, presidida por Isabel Rodríguez, decidió impulsar la ponencia, que se constituyó el pasado 9 de octubre, y fijar para este martes su primer encuentro con el fin de ponerse ya 'manos a la obra'.
CERRAR LA PUERTA A LOS CONDENADOS POR SEDICIÓN
De entrada, el PP ya ha anunciado su objetivo de excluir de este perdón a los condenados por sedición o rebelión, lo que afecta a los independentistas catalanes que están en prisión preventiva por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Todo ello a raíz de que la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, se mostrara partidaria de indultar a los líderes soberanistas presos o de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, apuntara que "no sería lógico alargar la prisión preventiva" si el juicio de los políticos del 'procès' se dilata en el tiempo.
