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Audiencia de Valladolid

El tribunal del 'caso PGOU' considera prescritos los delitos imputados a 10 de los 14 encausados

04/10/2018
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La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid ha acordado el sobreseimiento del proceso de supuestas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en cuanto a diez de los catorce encausados, al considerar prescritos los delitos presuntamente cometidos, mientras que el resto continuará en el banquillo cuando el juicio pueda reanudarse.

VALLADOLID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Así lo ha dado a conocer este miércoles el presidente de la sala, José Luis Ruiz Romero, durante la comparecencia a la que estaban citadas todas las partes personadas en el 'caso PGOU' y que tenía únicamente por objeto resolver la prescripción de delitos invocada por la práctica totalidad de las defensas de los catorce encausados.

En su auto, el tribunal sentenciador entiende que sí existe tal prescripción en el caso de los empresarios Gonzalo Jolín, Ramón Herrero Merino, María Pilar López Mazariegos, Francisco Capellán, José Ángel Astorga, Antonio Roberto Pastrana, los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres, José Luis Mayordomo y el religioso Lino Collazos.

Al ser recurrible dicha resolución, la Audiencia Provincial habrá de aguardar ahora el plazo correspondiente para conocer si la Fiscalía de Valladolid o la acusación popular, ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', acuden en casación ante el Tribunal Supremo, en cuyo caso el juicio no podría celebrarse casi con toda probabilidad antes de un año, pues es ese el plazo medio previsto para la resolución de estos recursos.

En el supuesto de que la decisión de la sala no fuera recurrida, las partes volverán a ser emplazadas en los próximos días para darles a conocer la resolución sobre el resto de cuestiones previas planteadas por los defensores de los investigados, entre la nulidad de actuaciones por faltarles la mitad de la causa--12.000 documentos y 1.800 mapas--y la vulneración de otra serie de derechos fundamentales--tampoco han contado con un informe de la UDEF--que, a su juicio, impiden una defensa con todas las garantías para sus patrocinados.

Ni el propio tribunal ha quedado al margen de ese traslado incompleto de la causa. De hecho, la sala ya ha requerido a Instrucción 1 para que le haga llegar el expediente III/2002 relativo al PGOU compuesto por 12.000 documentos y 1.800 planos que el Ayuntamiento de Valladolid digitalizó y remitió al secretario judicial pero que quedó bajo su custodia, sin quedar unido a la causa.

A los investigados se les acusa de delitos por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.

En su escrito, la Fiscalía vallisoletana solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para los principales inculpados e integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional.

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

Incluye también en el listado de imputados, con peticiones de 2,5 años, multa de 4.500 euros y 18 meses de inhabilitación para actividades relacionadas con la vivienda, a los empresarios Gonzalo Jolín, vinculado a una operación inmobiliaria en la Avenida Madrid; Ramón Herrero Merino, administrador de Área Especial, S.L, junto con María Pilar López Mazariegos y Francisco Capellán Barbado, relacionados con la construcción del hotel de cinco estrellas Marqués de la Ensenada en los terrenos de la antigua fábrica de harinas La Perla, a quienes acusa de inductores en un delito de falsedad y otro de tráfico de influencias.

Por su parte, para José Ángel Astorga y Antonio Roberto Pastrana, socios de Parkosa, solicita dos años de prisión para cada uno por sendos delitos de tráfico de influencias, mientras que para los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres y José Luis Mayordomo (expresidente del Baloncesto Valladolid), socios los tres de Grupo Capitol, les imputa un delito de tráfico de influencias y se expone cada uno a ocho meses de prisión.

Por su parte, la acusación popular ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', en su escrito de calificación provisional en el que incluye al religioso Lino Collazos, de la Fundación Emilio Álvarez--no aparece en la lista del fiscal--pide las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, para quienes interesa condenas de cuatro años.

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