SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
Así lo pone de relieve la Defensoría tras elaborar el informe especial titulado 'Los equipos psicosociales de Andalucía al servicio de la Administración de Justicia', que Maeztu ha entregado este lunes al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, y entre cuyas conclusiones hace referencia a la "necesidad de coordinación" con otros recursos, la "frecuente" externalización del servicio pericial y el "escaso control" de sus resultados o las "dificultades" de estos equipos en el "colapso" judicial.
El Defensor ha explicado en rueda de prensa que si bien "no son numerosas las quejas sobres las intervenciones de los equipos psicosociales --alrededor de 30 al año-- si son muy relevantes por sus incidencia en los procesos judiciales y en la vida de los menores". Así, añade que los temas sobre los que giran dichas quejas son "mala praxis profesional, demora en la emisión de los informes, disconformidad con las empresas contratadas para elaborar los mismos o la ausencia de colegiación de los profesionales del equipo psicosocial", de los que Andalucía cuenta con un total de 21.
De este modo, Maeztu incide en la "urgencia" de la regulación de los equipos psicosociales --cuyos informes son cada vez más demandados por el aumento de las peticiones de custodia compartida--, ya que sus actuaciones "se enmarcan en un marco jurídico que se limita a una exigua referencia en el Código Civil (artículo 92), con lo que, a juicio del Defensor, "nos encontramos con un vacío legal" y critica que "no se encuentren clarificados y definidos los derechos y deberes de quienes se someten al estudio psicosocial o las garantías para el usuario del servicio, incluida la posibilidad de más elemental de reclamar contra los informes".
Además, apunta que en Andalucía "hay tantos equipos como modelos de funcionamiento" y que estos "están organizados de manera dispar entre las ocho provincias", toda vez que asegura que los equipos deben estar compuestos por un especialista en psicología y otro en trabajo social, y, sin embargo, en Andalucía "no siempre se sigue este esquema", y que la colegiación de los profesiones de los equipos "sigue siendo una debate abierto a la espera de una respuesta legal".
Igualmente, el Defensor concluye de su investigación que el informe psicosocial "necesita de una puesta en común", porque, destaca, "las realidades en el funcionamiento diario de estos equipos da cabida a peculiaridades, sistemas y estilos de trabajo muy diferentes". "No hemos encontrado pautas fijas de manera formal, sino criterios ya establecidos e incorporados en las pauta consolidadas de cada equipo", que "identifica y despliega la gestión de sus expedientes en función de criterios o preferencias propias".
"EXTERNALIZADO EL 56% DEL SERVICIO"
Además, Maeztu apunta al "frecuente uso" de la externalización del servicio --que "se sitúa en un 56%"-- y un "escaso control" de los resultados, a una "significativa ausencia" de datos para "clarificar y ordenar" el servicio, y "a un criterio totalmente dispar sobre el acceso al mismo en función de la provincia donde se desarrolle, dando lugar a situaciones de inequidad dentro del propio territorio andaluz".
Por su parte, entre las recomendaciones recogidas en el informe 'Los equipos psicosociales de Andalucía al servicio de la Administración de Justicia', el Defensor insta a la Consejería de Justicia "a definir el régimen de los equipos psicosociales, sus funciones, garantías de las personas que acuden ante sus intervenciones y requisitos básicos de sus profesionales", aprobando así "una carta de servicios específica de los equipos psicosociales".
La Defensoría pide también "hacer posible el derecho del menor a ser oído e informado y a que su opinión sea tomada en consideración", y un "plan de organización del servicio, adaptando estos recursos en aquellas demarcaciones geográficas en que se aprecie un déficit consolidado y que "con la mayor celeridad" se proceda a proveer las plazas de los profesionales de psicología y trabajo social que se encuentran sin cubrir.
Otra de las recomendaciones que contiene este informe es que "queden perfectamente definidos los derechos y deberes de los usuarios del servicio", que haya "instrucciones homogéneas para todas las provincias, concretando y clarificando el alcance de las asistencia jurídica gratuita para el acceso a los servicios prestados por estos equipos", y, sobre la externalización, que "se establezcan medidas de control eficaz y óptimo de la calidad del servicio que se presta por los profesionales de la empresa contratada".
