MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El abogado solicitaba que se le amparara frente a las amenazas que afirma haber recibido vía redes sociales como Twitter por parte de personalidades como el periodista Alfonso Rojo y los políticos Toni Cantó (Ciudadanos) y la ex miembro de Vox Cristina Seguí.
La actuación del comité deontológico del Colegio se produce a raíz de una queja presentada en el Colegio por el eurodiputado Enrique Calvet, del grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. El parlamentario pide que examine el comportamiento deontológico de Boye para aclarar su "nivel de responsabilidad" en la traducción errónea de las declaraciones del Llarena utilizadas para armar la demanda civil presentada contra el magistrado ante los tribunales belgas.
En manifestaciones a Europa Press tras conocer la resolución, Boye ha manifestado que "tenía claro" que el Colegio de Madrid no le iba a amparar "no porque no tenga razón sino porque el propio decano a quien decidió amparar fue al Juez Llarena", en alusión al comunicado en apoyo al juez que realizó hace unos días el decano José María Alonso.
Según el colegio de Madrid no pude decirse que exista afectación directa y exclusiva de los hechos denunciados por Boye al proceso civil belga o a la causa del 'procés' en el Supremo, "al tratarse de juicios de valor negativos o despectivos, descalificaciones y expresiones con tintes injuriosos que se vierten en redes sociales, no en sede judicial".
Aducen que el amparo colegial opera en aquellos casos en los que el juzgado o tribunal ante el que desarrolla su actividad el abogado es el que coarta o menoscaba dichos principios rectores de su actuación profesional, "no estando determinada aquí en qué faceta del ejercicio profesional el letrado señor Boye ha podido verse impedido, perturbado, inquietado, o dónde radica el supuesto ataque a su independencia y libertad profesionales".
Argumenta también el colegio que las redes sociales suponen una exposición pública, y los mensajes emitidos y recibidos tienen una vocación de proyección general a terceros, "sin perjuicio de los bloqueos ad personam que el sistema permita", una circunstancia que según el comunicado "se acentúa en los supuestos donde el usuario dispone de cuenta desde donde se promulgan cuestiones profesionales, tanto en relación a hechos como de emisión de opiniones, en una exposición pública que permite la réplica, contrarréplica, cuando no el debate o la crítica, por mordaz o acerada, fundada o infundada que aquélla sea, pero que no acontece en un campo propio o natural del derecho de defensa".
"El contexto donde se despliegan las ofensas es ajeno al ejercicio profesional, y que las responsabilidades civiles y/o penales en que hubieren podido incurrir los emisores de los citados mensajes corresponderá recabarlas o exigirlas en su caso al letrado Boye como afectado", le sugiere.
Todo ello porque la competencia del ICAM "queda delimitada exclusivamente a la salvaguarda de la libertad y la independencia en el ejercicio profesional, íntegras e imperturbadas aquí, más aún cuando el letrado señor Boye no concreta en qué se traduce la hipotética perturbación, menoscabo de su libertad o coerción en su independencia en la defensa de los intereses que tiene confiados y que en todo caso derivaría de actuaciones o decisiones de una autoridad, juzgado o tribunal".
EL DECANO HA PARTICIPADO EN LA JUNTA
Se da la circunstancia de que, pese a las dudas iniciales, el propio Alonso ha participado en la Junta en la que se ha estudiado la petición de amparo, tras señalar los servicios jurídicos que no existía impedimento alguno para ello ya que en su comunicado, el decano nunca se refirió a Boye y por ello no podía considerarse que estuviera equivocado, según han explicado fuentes colegiales a Europa Press.
"Una cosa es una manifestación de apoyo a la independencia de un magistrado del Tribunal Supremo en cometidos de instrucción penal, luego en el ejercicio jurisdiccional y su proyección a la soberanía judicial en la esfera internacional, tal y como la llevó a cabo el decano el 3 de septiembre de 2018 -en referencia al comunicado-, y cosa bien distinta es el examen ad hoc e individualizado de cualquier acto que eventualmente pudiera afectar al derecho de defensa ejercido por el letrado Señor Boye".
En un comunicado hecho público tras celebrarse la Junta, el Colegio de Abogados afirma que en modo alguno concurre en el decano ni en la Junta de Gobierno de esta Corporación el "interés personal" al que apela el señor Boye, desde el mismo momento en que sus miembros no obtienen ningún beneficio, ni se evitan un perjuicio, con la citada resolución del amparo colegial".
NO LE AMPARA, PERO SE SOLIDARIZA
Pese a denegarle el amparo, el colegio madrileño manifiesta su "solidaridad" con el letrado "habida cuenta de las presuntas amenazas, injurias, eventuales calumnias y, en general, los mensajes ofensivos de los que ha sido objeto en las últimas semanas en las redes sociales, por parte de particulares, dirigidos éstos en relación a su persona y por razón de la defensa global que asume en los distintos frentes judiciales entablados en el asunto del 'procés".
En ese sentido el Colegio de Abogados de Madrid expresa su rechazo "del uso de un lenguaje lacerante, grosero, insultante, desafortunado descalificador respecto" del abogado reclamante de amparo.
REACCIÓN DE BOYE
Por su parte, y tras ser informado de la decisión, Boye ha señalado a Europa Press que pensó que se guardaría la debida imparcialidad que, sin duda, se ha visto afectada por un comunicado que la Junta acaba de asumir como institucional.
"En materia de derecho de defensa y protección de los abogados la solidaridad de la Junta debió expresarse mediante el correspondiente amparo judicial", ha añadido, para subrayar que a su juicio "no es correcto, desde un punto de vista jurídico, afirmar que el amparo sólo opere respecto a jueces y tribunales sino ante cualquier ataque que menoscabe el ejercicio profesional".
