SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los contratos afectados, con entidades sin ánimo de lucro y próximos a su vencimiento, son los relativos a la gestión de las medidas judiciales sin internamiento en los Servicios Integrales de Medio Abierto; centros de día en Cádiz, Córdoba y Granada; un grupo educativo de convivencia en Huelva; mediación penal de menores en las ocho provincias, y los Servicios de Atención a Víctimas (SAVA) y Puntos de Encuentro Familiar (PEF) de Almería, Cádiz y Sevilla. La previsión presupuestaria también cubrirá nuevas licitaciones de suministros y vigilancia en el centro de internamiento San Francisco-La Biznaga de Málaga.
Los Servicios Integrales de Medio Abierto, de ámbito provincial, permiten gestionar medidas de reeducación e inserción social, libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, arresto de fin de semana, tratamiento terapéutico y otras que no suponen internamiento y son impuestas por los juzgados a los menores infractores. El trabajo lo desarrollan grupos de profesionales de Derecho, Psicología y Trabajo Social, que hacen posible que, actualmente, más de un 80% de los jóvenes logren reinsertarse y no reincidan, según datos de la Junta.
Por su parte, los recursos de mediación en Justicia Juvenil ofrecen a los jóvenes infractores la posibilidad de restablecer el daño ocasionado sin judicialización, mientras que los PEF atienden a menores derivados por los juzgados en casos de conflictos y problemas de convivencia entre progenitores e hijos.
Finalmente, los SAVA atienden a personas víctimas de delitos violentos, especialmente mujeres (70% del total).
Adscritos a la Consejería de Justicia de Interior y gestionados por distintas entidades colaboradoras, prestan tanto asistencia jurídica como apoyo psicológico y social. En el caso de mujeres que han sufrido violencia de género, también se encarga de gestionar la asistencia en casas de acogida. Los SAVA se ubican en dependencias judiciales de las ocho provincias andaluzas y del Campo de Gibraltar. Cada uno de ellos cuenta con una plantilla de cuatro profesionales con formación especializada en atención y asistencia a víctimas: dos juristas, un psicólogo y un trabajador social.
