BILBAO, 2 (EUROPA PRESS)
La presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Garbiñe Biurrun, cree que "no hay interferencias" de la Ley vasca de abusos policiales "en materias propias del Poder Judicial", y que "así debe entenderlo todo el mundo".
En declaraciones a Europa Press, Biurrun considera que ni siquiera la norma "invadía competencias" de la Judicatura, antes de acordarse entre las Administraciones central y vasca que se modificara para retirar el recurso interpuesto por el Gobierno del PP ante el Tribunal Constitucional.
La magistrada ha recordado que esta Ley nunca ha tratado de "determinar responsabilidades individuales". "Lo importante ahora es que tampoco el Gobierno actual lo entiende, como lo muestra la retirada del recurso ante el TC, por lo que todo el mundo debe asumir que no se produce tal interferencia en materias propias del Poder Judicial", ha añadido.
A su juicio, es "una asignatura pendiente resarcir" a las víctimas de los abusos policiales "en todos los aspectos". "Y también urge conocer la verdad de lo ocurrido en todos los casos y llegar a saber cómo han actuado los aparatos del Estado y quién ha tomado tan tremendas decisiones o quién ha mantenido una política de silencio y ocultación, dificultando y evitando incluso el trabajo de los Tribunales", ha apuntado.
ACERCAMIENTO DE PRESOS
Garbiñe Biurrun ha asegurado, además, que acoge "con esperanza, tardía, desde luego", que el presidente del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez "exprese su intención de modificar la política penitenciaria", y espera que se plasme "en decisiones concretas en breve tiempo". Además, confía en que sea "un primer paso hacia la desaparición de toda excepcionalidad en la respuesta a los delitos de terrorismo y otros vinculados" a estos hechos delictivos.
La presidenta de la Sala de lo Social del TSJPV ha afirmado que el Ejecutivo central "ha de hacer lo que debe, sin cálculos partidistas", y tiene que "fomentar un ambiente que propicie que la ciudadanía comprenda por qué se toman determinadas decisiones".
De esta forma, le ha emplazado a "hacer pedagogía" porque "solo de esta manera es posible que un Gobierno tome decisiones libremente, guiado por las normas y sus fines, como lo es, en este caso, el objetivo constitucional de la reinserción".
Preguntada sobre si cree necesario el reconocimiento del daño causado y el perdón para la concesión de beneficios penitenciarios, ha destacado que las concesiones de estas medidas "están reguladas legalmente". "Y, con independencia de que tal regulación no me parezca correcta por lo que tiene de excepcional respecto a otros delitos, en tanto no se modifique, ha de ser cumplida", ha indicado.
No obstante, ha aclarado que "no es el caso del lugar de cumplimiento de la pena de prisión, que no es ningún beneficio penitenciario, por lo que no debe estar sometida esta cuestión a tales requisitos".
TRANSFERENCIA DE PRISIONES
En cuanto la transferencia a Euskadi de Instituciones Penitenciarias, ha destacado que el momento para traspasarla "es permanente desde que se aprobó el Estatuto en 1979".
Además, cree que "lo cabal y lo más eficaz" es que los Juzgados de cada territorio realicen la labor de Vigilancia Penitenciaria "por su cercanía a las prisiones y la mayor facilidad para atender la tarea". En esta línea, ha recordado que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria se creó en 2003 "en clara respuesta del Gobierno de Aznar y de la mayoría parlamentaria a decisiones de la jueza de vigilancia penitenciaria de Euskadi, Ruth Alonso, sobre algunas personas presas por delitos de terrorismo".
"Hasta 2003, el seguimiento del cumplimento de las penas de prisión de las personas condenadas por terrorismo se encomendaba a los Juzgados de tal materia de los territorios en los que se cumplía la condena", ha subrayado.
NUEVO ESTATUS
Por otra parte, la magistrada también entiende que "la ciudadanía debe poder decidir libremente" sobre el nuevo estatus, como en el que se trabaja en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco, y espera que lo que se decida en la Cámara autonómica "no termine como el conocido como Plan Ibarretxe, que no pudo ser siquiera consultado".
"En cuanto a los contenidos, habrá que analizar el texto definitivo y qué reacciones hay por parte de los grupos políticos que no lo secunden. Pero lo sustancial, en mi opinión, es la voluntad de la ciudadanía libre y consciente, y a ello debe ajustarse la regulación de cualquier cuestión, siempre con el límite del respeto a los derechos humanos", ha advertido.
En su opinión, "lo bueno sería que la ciudadanía pudiera expresarse en libertad y que este principio fuera asumido por todas las fuerzas políticas, lo que entiendo que es lo que procede desde un punto de vista estrictamente democrático, no nacionalista de ningún tipo".
