Diario del Derecho. Edición de 20/09/2018
  • Diario del Derecho en formato RSS
  • ISSN 2254-1438
  • EDICIÓN DE 28/08/2018
 
 

La reforma judicial inaplazable; por Álvaro Redondo Hermida, Fiscal del Tribunal Supremo

28/08/2018
Compartir: 

El día 28 de agosto de 2018 se ha publicado, en el diario La Razón, un artículo de Álvaro Redondo Hermida en el cual el autor considera que la reforma legislativa que entregue la instrucción penal al Fiscal no puede demorarse por razones coyunturales.

LA REFORMA JUDICIAL INAPLAZABLE

El preámbulo de la Constitución constituye la carta de presentación de nuestra democracia. Quien lee su texto descubre para qué existe España, nación surgida de una historia de siglos, que quiere establecer la justicia y la libertad. Una colectividad política cuyo deseo es promover el bien, colaborando con todos los pueblos de la Tierra. La misión de promover la justicia, asumida como gran objetivo por nuestra Carta Magna, tiene larga tradición en nuestra cultura. En lenguaje religioso, se ha dicho que el manto de la justicia envuelve a sacerdotes y reyes (Isaías, 61), siendo acusadores los profetas (Juan 5,45).

En nuestro actual sistema, la misión de promover la justicia viene encomendada al Fiscal (artículo 124 CE), así como la potestad de juzgar se confía a los jueces (artículo 117). Esta situación ha dado proyección pública a quienes interpretan y aplican la ley. Jueces y Fiscales han visto aumentar su relevancia institucional, especialmente con ocasión de la tensión separatista. El nivel de ética profesional de jueces y fiscales contribuye a que asuman una condición referencial. La dificultad de alcanzar acuerdos políticos, por la creciente fragmentación del arco parlamentario, inclina a los ciudadanos a confiar en la prudencia judicial para solucionar los conflictos.

Pero es la actuación penal la que se lleva la palma de la atención mediática. El conflicto social está siendo resuelto de modo intenso por vía penal, cuando quizá cabría esperar una menor intervención de la justicia en tantos ámbitos. La inquietud ciudadana no descansa hasta alcanzar la respuesta de los Tribunales, sea de condena o beneplácito. La imputación judicial se está considerando como el límite natural de acción de las autoridades, y se ha convertido en el umbral que no debe atravesar quien pretende continuar en política. La responsabilidad civil derivada del delito es la esperanza de los perjudicados para obtener la reparación del daño. Esta preponderancia de la actuación penal ha trascendido a los medios, y los titulares de prensa siguen el orden del día de los Tribunales.

No es rechazable que un poder del estado como el judicial, o que un órgano constitucional como el Ministerio Fiscal, asuman el protagonismo que los Constituyentes han previsto. Aun así, sería conveniente mejorar los mecanismos que aseguran la más absoluta independencia de los jueces, potenciando la autonomía institucional del Consejo General del Poder Judicial. Asimismo, la prevista asunción de la instrucción penal por los Fiscales incrementa la necesidad de manifestar su independencia, eliminando cualquier atisbo de influencia partidista (artículo 7 de su Estatuto Orgánico).

La reforma legislativa que entregue la instrucción penal al Fiscal no puede demorarse por razones coyunturales. El cambio es necesario, y no depende de las preferencias de los diversos sectores, porque la Constitución ha previsto una investigación por el Fiscal, con garantía judicial independiente. Nuestra ley de enjuiciamiento entrega todavía la instrucción al juez (artículo 14.2), aunque dicho precepto no responde al modelo regulado en el título sexto de nuestra Carta constitucional. Nuestra actual forma de instruir nos aleja del modelo dominante en nuestro entorno, y se evidencia cada vez más su ineficacia en orden a perseguir y sancionar las conductas delictivas. El protagonismo personal del juez instructor es meritorio, pero no es adecuado en una sociedad como la actual, que tiende a potenciar la actuación colectiva como centro de atribución de responsabilidades.

Recientes iniciativas asumidas contra determinados jueces de instrucción, recusándolos y demandándolos ante los tribunales para deslegitimar las investigaciones, demuestran la urgente necesidad de un cambio de modelo. La investigación por el Fiscal significará un gran avance legislativo, aumentando la eficacia de la acción del Estado contra el delito. El Fiscal no puede ser recusado (artículo 28 EOMF), y los conflictos de competencia no pueden darse si el Fiscal instruye las causas (artículo 22.1). La posibilidad de una demanda contra el Fiscal instructor queda descartada por inútil. La información a la opinión pública sobre los avatares del proceso puede canalizarse con más eficacia desde la Fiscalía, al contar con protocolos específicos (artículos 4.5, 9.2, 10, 11 y 13.4). La relación del Fiscal con las víctimas permite unir la función investigadora con la protección de los perjudicados (artículo 3.10).

La sociedad ha cambiado, y el respeto reverencial que el juez instructor despertaba en el siglo XIX ha dado paso a una realidad exigente, y a estrategias procesales que apuran los recursos hasta sus últimas posibilidades. En este contexto, demorar el cambio de modelo investigador sólo puede dilatar una reforma que la Constitución y nuestro entorno aguardan desde hace mucho tiempo.

Comentarios

Escribir un comentario

Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su nombre de usuario y contraseña:

 

Si desea registrase en www.iustel.com y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en www.iustel.com.

  • Iustel no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.
  • No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
  • Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Revista El Cronista:

Revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho

Lo más leído:

  1. Estudios y Comentarios: El viaje de Puigdemont; por Alfonso-Luis Calvo Caravaca, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III y Javier Carrascosa González, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Murcia
  2. Tribunal Supremo: En un procedimiento civil no toda ocultación de un hecho que, de haber sido puesto en conocimiento del Juez, habría contribuido a la justicia de la resolución, puede considerarse como constitutiva del delito de estafa procesal
  3. Tribunal Supremo: No procede el reconocimiento de gran invalidez instado por un trabajador que antes de su alta en la SS ya necesitaba la ayuda de una tercera persona y cuya situación clínica se agravó con posterioridad
  4. Actualidad: Justicia revisa de urgencia la ley procesal para mejorar la protección de las mujeres víctimas de delitos
  5. Agenda: II Congreso Internacional sobre Derechos Humanos: Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible
  6. Tribunal Supremo: La Sala rectifica su doctrina y declara que no es necesario que el contrato de relevo sea indefinido y a tiempo completo cuando se celebran para cubrir jubilaciones parciales con reducción de jornada y salario superior al 75%
  7. Actualidad: El TC aclarará su doctrina sobre la competencia del TS para investigar la rebelión tras admitir el recurso de Gabriel y Boya
  8. Actualidad: El TS determina que las diputaciones vascas no deben indemnizar a las empresas por la devolución de las vacaciones fiscales
  9. Actualidad: Delgado creará un Observatorio para incluir la "perspectiva de género" en la carrera judicial
  10. Tribunal Supremo: La presentación de la papeleta de conciliación de un socio de una cooperativa después de haber reclamado en vía interna contra su expulsión carece de efectos suspensivos del plazo de caducidad de la acción impugnatoria

Secciones:

Boletines Oficiales:

 

© PORTALDERECHO 2001-2018

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI: abre una nueva ventana