Diario del Derecho. Edición de 25/09/2018
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Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla

Archivada una pieza de los ERE por una ayuda de 900.000 euros a un ayuntamiento para un centro ecuestre

01/08/2018
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La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que instruye la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha acordado el sobreseimiento y archivo de las actuaciones recogidas en la pieza separada abierta para investigar la ayuda de 900.000 euros concedidas por la Dirección General de Trabajo, con cargo al programa presupuestario 31L con el que se pagaban las ayudas sociolaborales a trabajadores, al Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) en 2004 para la financiación de un centro ecuestre.

SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)

Además, la juez instructora, en un auto con fecha de 17 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, acuerda la exclusión de la pieza del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, quien firmó el acuerdo de concesión de la ayuda, y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, ambos acusados de malversación y prevaricación en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en el marco de los ERE fraudulentos entre los años 2001 y 2010.

El auto de incoación de las presentes diligencias, con fecha de 5 de octubre de 2016, contenía como investigados en la causa a Trinidad Rodríguez Velasco, interventora del Ayuntamiento de los Palacios; Emilio Amuedo Moral, alcalde de Los Palacios hasta marzo de 2004; Antonio Maestre Acosta, alcalde desde junio de2004 hasta 2011; los exconsejeros de Empleo Viera y Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

Por auto de 17 de octubre de 2017, se acordó el archivo de la causa con respecto a Fernández, resolución confirmada por la Audiencia Provincial el 23 de abril de 2018.

En el auto, la juez Núñez señala que en las presentes actuaciones se investiga la ayuda concedida al Ayuntamiento de Los Palacios por la Dirección General de Trabajo de la Junta, mediante convenio de colaboración suscrito por el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Emilio Amuedo, alcalde de Los Palacios, en el que se acuerda conceder una ayuda por cuantía de 901.518,16 euros.

El pago de la ayuda se efectuó mediante transferencia bancaria con fecha de 5 de marzo de 2004, 25 de febrero y 31 de mayo 2005 respectivamente, por importes de 50.000 euros, 200.000 euros y 500.000 euros, ascendiendo a un total de 750.000 euros, con cargo a la partida 31L.

Atendiendo al criterio utilizado para la exclusión de Antonio Fernández de esta pieza, decisión que fue confirmada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, y que no es otro que el principio 'non bis in ídem' alegado por la representación procesal de los altos cargos acusados en la pieza política de los ERE y en otras piezas separadas y que supone que una persona no pueda ser juzgado por los mismos hechos dos veces, la juez considera que procede excluir de la causa a Guerrero y a Viera.

Además, apunta que del examen de las actuaciones no se observa indicio de comisión delictiva en relación a Trinidad Rodríguez Velasco, interventora del Ayuntamiento de los Palacios, ni a Emilio Amuedo Moral, alcalde de Los Palacios hasta marzo de 2004.

Rodríguez Velasco realizó su labor como interventora en relación a las cantidades percibidas por el Ayuntamiento de esta ayuda ajustándose a lo que le permitía su cargo. Por su parte, Amuedo solicita la ayuda y firma el convenio con la clara intención de financiar el Centro Ecuestre que, por otro lado, se consideraba "muy beneficioso para el pueblo", como así se constata de las testificales, cesando en su cargo en marzo de 2004, antes de recibirse cantidad alguna. Por ello, procede con respecto a los mismos el sobreseimiento libre y archivo de la causa.

De otro lado, la juez María Núñez Bolaños expone que existen indicios de la posible comisión de un delito de fraude de subvenciones cometido por Antonio Maestre, "quien a sabiendas del destino que tenía la ayuda no tenía intención alguna de invertirlo en el Centro Ecuestre, proyecto del anterior alcalde no de él, pero tampoco tenía intención de devolverlo sino de darle un destino diferente como así se hizo".

Si bien, los hechos que podrían ser constitutivos de un delito "habrían prescrito el 31 de mayo de 2010, cinco años después del último pago, el 31 de mayo de 2005".

Por todo ello, la juez María Núñez Bolaños acuerda la exclusión de Guerrero y Viera y el sobreseimiento libre y archivos de las actuaciones.

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