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Entrevista a Joaquín Tornos, catedrático de Derecho administrativo

“El debate de la remunicipalización es, en el fondo, el de la colaboración público-privada”

05/07/2018
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Joaquín Tornos ha coordinado la elaboración de los estudios recogidos en la obra “El servicio de agua en España, Francia e Italia”, editada por Iustel, en los que se entra de lleno en uno de los debates más candentes en el sector público, la llamada remunicipalización.

cronicaglobal.elespanol.com 03.07.18

Joaquín Tornos (Barcelona, 1952) es socio fundador de Tornos Abogados. Catedrático de derecho administrativo por la Universidad de Barcelona, uno de sus últimos trabajos en su faceta más divulgativa es la de coordinar un equipo de legalistas expertos dirigido por Joan Perdigó, Jean-Claude Némery y Fabrizio Fracchia que entra de lleno en uno de los debates más candentes en el sector público, la llamada remunicipalización. Este es el punto de partida de El servicio de agua en España, Francia e Italia, la obra que acaba de publicar la editorial Iustel.

¿Cuál es el objetivo inicial del libro?

Nos dimos cuenta de que la discusión sobre el modelo de suministro del agua no se mantiene únicamente en España. Es general tanto en países de la Unión Europea como en el mundo anglosajón. Incluso ha habido una evolución temporal de la discusión similar. Primero se apostaba por la gestión directa, hasta finales del siglo pasado o principios de este se defiende la indirecta y ahora surgen estudios en los que se apuesta de nueva por volver al escenario anterior.

¿Por qué Francia e Italia?

Son dos países cercanos con modelos de administración pública similar. Además, han tenido problemas recientes con esta cuestión. Hemos analizado cómo lo han planteado, qué experiencias han vivido y qué soluciones han dado.

¿Por qué se da esta tendencia a volver al modelo directo?

La llegada al poder local de partidos más situados en la izquierda les lleva a reivindicar la prestación directa de los servicios públicos. Es una cuestión política y con un bien esencial para la vida humana. Se habla mucho del derecho humano a este recurso, aunque creo que sólo tiene sentido en los países en los que no hay acceso.

¿En nuestro país se debe mantener?

No, es desde hace muchos años está calificado por ley como una prestación de servicio público. La Administración debe garantizar que llegue a todos los ciudadanos en condiciones de precio asequible, continuidad y calidad aunque se puede mejorar.

¿Cómo se mejoraría?

Con un trato especial para aquellas unidades familiares en riesgo de exclusión social. No se les puede cortar el agua y eso en algún momento se nos olvidó. Ahora ya está desarrollado, tratado y garantizado.

¿Un cambio de modelo soluciona este problema?

Ahí está precisamente la discusión. En decidir si es necesario un cambio de modelo para garantizar que se preste en condiciones y que las personas con riesgo de exclusión social no quedan fuera.

¿Cuál es su opinión al respecto?

Es un debate interesante de mantener si centramos las preguntas. Se debe plantear qué modelo de prestación es más eficaz y eficiente con un análisis con rigor. Evaluar caso por caso.

¿Con qué elementos?

De entrada, no es lo mismo un municipio pequeño que uno grande. Se debe tener en cuenta si está en una zona con acceso fácil al recurso o se requiere mucha inversión para tratarla y reciclarla, por ejemplo. Aunque lo primero es huir de los apriorismos.

¿Así lo han hecho en Francia e Italia?

En el libro analizamos los casos de Burdeos y de París en Francia. En el primero, el alcalde Alain Juppé inició un proceso de recuperación directa y lo ha abandonado para volver la indirecta. En cuanto a París, de las tres zonas en que se divide la ciudad el partido socialista decidió recuperar la prestación directa en una de ellos al tomar la alcaldía. Se vende como un modelo de éxito.

¿Y es así?

El servicio es correcto, pero tampoco ha existido una mejora radical en el coste ciudadano. Sí se han bajado las tarifas, pero con el nuevo concurso en las zonas de gestión indirecta también se recortaron. Hay otras cosas que veremos en el tiempo, como si se pueden abonar las inversiones que se requieren. El Tribunal de Cuentas ya ha advertido del riesgo que supone que este modelo público sea sostenible a largo plazo. En la discusión no se puede mirar sólo la tarifa.

¿Qué otras cuestiones se deben analizar?

La factura final de recuperarlo debe tener en cuenta el coste de mantener las infraestructuras o la internacionalización del personal. No vale, por ejemplo, rebajar la tarifa para subir luego el IBI y compensar.

¿Y en el caso italiano?

Una gran discusión mediática y ciudadana llevó a un referéndum en 2010 en el que se aprobó potenciar la gestión directa. Pero las leyes posteriores han favorecido la indirecta y ahora está en quién debe prestarlo. Se intenta que existan tan solo unas 60 entidades que se encarguen de prestarlo en el país. Igual que en Francia, donde se quiere pasar de las miles de empresas públicas a reducir la lista a unas 2.000.

¿Por qué es mala la atomización de empresas?

El coste del suministro es muy caro por las inversiones requeridas, la capacidad técnica y la preparación del personal. Si se tiene un ámbito mayor se pueden distribuir los costes entre una pluralidad y generar economías de escala.

Es decir, apostar por el concepto metropolitano que se tiene aquí.

Exacto. Aquí se ha atribuido al Área Metropolitana de Barcelona por una razón de costes. La entidad final es más potente y con mejores funcionarios. Aunque se debe decidir cuál es su función, si la de gestionar o la de controlar. Para mí, esta es la gran pregunta.

Es decir, definir el papel de la Administración.

Dictaminar si debe planificar, regular y controlar a la empresa privada o realizar también la prestación. Esta es la discusión que está abierta. El debate de la llamada remunicipalización es, en el fondo, el de la colaboración público-privada. En si se debe mantener el esquema de fijar las normas y exigir que se cumplan.

¿Se ha fallado en la supervisión?

Ha fallado el control a las empresas prestatarias y quizá en ciertos casos se ha acabado imponiendo más la lógica privada que la pública. Pero eso no quiere decir que se deba exigir que se ocupe directamente del servicio. Debemos tener en cuenta también que los conocimientos y la capacidad técnica de las multinacionales en determinados ámbitos es tremenda. Costes que pueden desaparecer del sector público. Aunque la Administración debe exigir que se preste en buenas condiciones y fijar las tarifas.

¿Apostaría por reforzar el control?

Sí. Las Administraciones deben saber en todo momento qué hace la empresa privada, fiscalizarla y exigirle e imponerle las obligaciones públicas con la garantía de la prestación a las familias que están en situación de exclusión social. Y eso ahora ya ocurre.

No debería ser lo único, ¿verdad?

Se debe controlar que el agua que se preste sea de calidad y que se invierta. En muchos sitios no se ha cumplido con los pliegues de condiciones del contrato, es lo que se debe evitar. Pero la deliberación actual es el de si el Estado debe ser prestador o garante. De ver a la empresa privada como la colaboradora de la Administración con un fin de interés general y no como un enemigo.

¿Las ideologías pesan?

Claro que sí, aunque no sean determinantes en todos los casos. En Barcelona, por ejemplo, la llegada de Ada Colau al consistorio lleva a impulsar el proceso de recuperación directa de varios servicios. Pienso que se debe sacar lo máximo de ideología de esta discusión, que es en el fondo muy técnica. Se debe decidir si es más eficiente la Administración que la empresa privada y en qué escenario se tendrán los mejores profesionales. Hay que situarlo en términos concretos y no engañar.

¿En qué se ha engañado?

El mismo concepto de remunicipalizar que se usa es falso y esconde ideología. Es pública y parece que se da la idea de que se debe recuperarla para la localidad cuando lo que se debe decidir es la forma de prestación. Se debería hablar de reinternalizarla, aunque sea un término muy técnico. Y no se puede dejar todo en manos de un referéndum ciudadano en el que, al final, la participación será baja. El elegido para gobernar debe tomar decisiones y asumir sus responsabilidades. Al cabo de cuatro años, ya se pasarán cuentas.

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