BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)
En un auto, recogido por Europa Press, el alto tribunal estima el recurso de apelación presentado por la defensa de Esteve contra la decisión de enviar la investigación contra él a este juzgado.
La decisión de enviarle a este juzgado se tomó puesto que no es aforado --por lo que ya no correspondía al TSJC investigarle-- y además el juez de Instrucción 13 ya investigaba hechos considerados conexos.
Ahora el TSJC argumenta que la regla general es que cada delito dará lugar a la formación de una única causa, y que por el momento "no consta la citada conexidad, pues no obra en el testimonio elevado a este tribunal, con precisión, los hechos investigados en el Juzgado de Instrucción 13, ni tampoco consta en qué se fundamenta dicha acumulación".
Considera que resulta aconsejable evitar el automatismo en la acumulación de causas y la "elefantiasis procesal" de los macroprocesos, por lo que acuerdan remitir las actuaciones contra Esteve al Juzgado Decano de Barcelona para que se reparta entre los juzgados de instrucción.
El alto tribunal recuerda que otros juzgados de instrucción llevan temas relacionados con el 1-O como el Juzgado de Instrucción 9 con el exdirector general de Atención Ciudadana Jordi Graells, y el Juzgado de Instrucción 15, que lleva la querella contra los miembros de la Sindicatura Electoral.
El TSJC abrió en junio del año pasado una investigación a la entonces consellera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs, y al propio Esteve, por la licitación de compra de urnas.
La Sala Civil y Penal del TSJC admitió la querella que la Fiscalía Superior de Catalunya presentó el 16 de mayo contra ellos --y una posterior ampliación-- por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos.
La licitación, con un valor estimado del contrato de 200.000 euros, era para dos clases de urnas: unas transparentes y otras de cartón, recuerda el TSJC.
En el caso de la investigación sobre la exconsellera Borràs, a este procedimiento se sumó la causa contra el presidente Carles Puigdemont y su Govern por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos por el 1-O que abrió el TSJC a raíz de una querella de la Fiscalía Superior de Catalunya, y que actualmente instruye el Tribunal Supremo.
