ALICANTE, 13 (EUROPA PRESS)
De esta forma, la sala ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por Echávarri contra el auto de procesamiento que dictó el Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante, el 20 de marzo de 2018, y confirma ese procesamiento por un delito de prevaricación administrativa.
Según la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados señalan que el auto por el que se incoó el Procedimiento Abreviado reúne todos los requisitos legales exigidos y es suficiente al contener un relato en el que se detalla el presunto delito de prevaricación administrativa basado en indicios derivados de la instrucción realizada.
Según apuntan hay indicios de arbitrariedad en el cese de la funcionaria interina, lo que, en esta fase procesal, y ante la imposibilidad de no poder descartarse que se haya cometido esta infracción penal, "no hay ningún argumento que pueda dar lugar al sobreseimiento que plantea el exalcalde de Alicante".
A juicio de los magistrados el relato de hechos punibles que contiene el auto dictado por la jueza instructora es amplio y detallado, al igual que extensamente motivado ya que el despido "obedece únicamente a la voluntad del exalcalde en una evidente, patente, flagrante y clamorosa desviación de poder, dando apariencia de legalidad, de ejercer sus facultades de una forma manifiestamente arbitraria".
Por último, la sala señala que la decisión de cese fue adoptada por Echávarri, valiéndose de quien tenía competencia para firmar el decreto. Una resolución administrativa que le es atribuible, aunque fuera un tercero quien firmara el decreto.
EL MISMO DÍA QUE LA DENUNCIA DEL PP
El auto de procesamiento por el despido de la trabajadora municipal especifica que el 18 de abril de 2017 el PP presentaba la denuncia en Fiscalía por el supuesto fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio y que "ese mismo día" Echávarri llamó por teléfono a Carlos Giménez para indicarle que "tenía que cesar de forma inmediata a una funcionaria interina" que identifica como "la cuñada de Barcala", según recoge el escrito del juzgado.
La trabajadora cesada había sido contratada sin cargo a plaza para la puesta en marcha de las salas de exposiciones de Las Cigarreras y el MACA, y una vez finalizado este trabajo fue destinada al museo de la Lonja y al Centro Municipal de las Artes, traslado esgrimido por Echávarri para justificar el despido.
En el momento del cese, Giménez se encontraba en Santander, por lo que el alcalde le indicó que "se encargaba él de todo", según continúa el escrito de procesamiento, en el que se narra que a continuación Echávarri contactó con un técnico de Recursos Humanos a quien dio la orden de "preparar" el decreto de cese de la trabajadora "sin indicarle al técnico la causa por la que debía ser cesada", indica el escrito.
El técnico, "extrañado por la anormalidad que suponía recibir tal orden directa del alcalde", contactó con Giménez, quien le indicó que solicitara a Echávarri la orden por escrito, pero éste se negó por lo que finalmente el técnico hizo constar en el expediente "que había recibido una orden verbal" del alcalde.
Por su parte, Giménez declaró ante la jueza que cuando se entrevistó con el alcalde para firmar el decreto de cese, Echávarri le comunicó que "tenía un expediente desde hace tiempo encima de la mesa que avalaba el despido", que incluía el apoyo "unánime" de los sindicatos, un requerimiento del Síndic de Greuges y un informe de la Concejalía de Cultura.
CULTURA NO PODÍA PRESCINDIR DE ELLA
En ese sentido, el expediente referido por Echávarri contradecía lo declarado por el entonces edil de Cultura, Daniel Simón, quien testificó en la fase de instrucción que desde Cultura "nunca han comunicado ni al alcalde ni a otra instancia del Ayuntamiento que dicha funcionaria no era necesaria".
Al respecto, Simón aseguró al prestar declaración que "no podían renunciar a una técnica de museos, por interina que fuera, so pena de poder incurrir en irresponsabilidad que dejara sin servicio a los centros culturales municipales".
Así mismo, Echávarri también refirió a un requerimiento del Síndic de Greuges que en octubre de 2016 recomendaba la sustitución de todos los interinos por funcionarios de carrera pero que "no se refería a la funcionaria cesada en concreto si no en general" a todos los interinos, según recoge el escrito del juzgado.
UNO DE LOS 47 INTERINOS
Ante esto, el escrito de procesamiento especifica que la funcionaria cesada era una de los 47 trabajadores interinos del consistorio, "de los que al menos tres más no desempeñaban las funciones objeto del nombramiento" siendo ella la única cesada en abril de 2017, hecho que motivó una declaración institucional del pleno de 28 de abril en el que se condenaba la adopción de medidas "de forma arbitraria o con presunto abuso de poder" por parte de Echávarri.
