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Los juegos del derecho; por Santiago Muñoz Machado, Catedrático de Derecho administrativo y Académico de Número de la Real Academia Española y de la Real Academia de Ciencias Morales Y Políticas

04/06/2018
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El día 2 de junio de 2018 se ha publicado, en el diario La Vanguardia, un artículo de Santiago Muñoz Machado en el cual el autor considera que las reacciones con que se han acogido las propuestas del documento “Ideas para una reforma de la Constitución” pueden ser síntomas esperanzadores de que estamos en el buen camino.

LOS JUEGOS DEL DERECHO

Tal vez no quede mucho tiempo para que pueda avizorarse el final de la travesía del desierto. Al menos de ese trecho largo y sequísimo de ideas que ha recorrido Catalunya, con el Estado jadeando a su lado, durante seis años, repitiendo sin parar la misma monserga, como si no hubiera otra manera de decir las cosas en este mundo. Unos declarando la república independiente de Catalunya y recordando que, desde el punto de vista ideológico, es una ­opción legítima e irreprimible. Otros aclarando que nadie puede prohibirlo si el acto se celebra en la sala de estar de la casa de cualquier separatista, pero que no se pueden aplicar recursos presupuestarios para hacer efectiva la proclama, ni convertirla en una resolución parlamentaria porque tales actuaciones tienen traducción en el Código Penal.

Las distancias que mantienen en cuanto a la interpretación de la legalidad los independentistas y los constitucionalistas son siderales e incompatibles, como bien sabe todo el mundo. Algunos líderes políticos e intelectuales de la operación independentista, cuando las normas no contemplan alguna situación o no tienen respuesta para concretas circunstancias, creen que es legítimo cualquier invento que supla la imprevisión. La aplicación del derecho se convierte en un juego en el que priman la imaginación y la astucia. Como si las reglas del derecho tuvieran la misma flexibilidad que las de los juegos de naipes. Así ocurre cuando se sostiene que el president actual es provisional y ejerce una función compartida porque sigue existiendo otro que es el legítimo y el que gobierna de verdad: se acepta, de esta manera, una bicefalia soberana de la que no teníamos experiencia desde los Reyes Católicos y que no autoriza norma alguna. Nombrar consejeros a personas encarceladas y perseguidas por la justicia es una extravagancia y un hito, aunque es verdad que no hay ninguna norma que lo impida. No publicar las designaciones es otra jugada de astucia. No hay normas que amparen una decisión así en situaciones de normalidad, pero el artículo 155 es disposición excepcional y multiuso. Adornar butacas vacías del Parlament con lazos amarillos es un método publicitario igual que el emplazamiento de producto (product placement) en el audiovisual, que potencia y desiguala, en las transmisiones televisivas, las posiciones de los grupos parlamentarios. No creo que haya ningún precepto que lo ampare en el reglamento de la Cámara.

Una de las situaciones más llamativas de la actitud de las fuerzas políticas enfrentadas en el asunto del independentismo es la sorprendente falta de cintura de los ­líderes y su magra imaginación. Desde hace años los sucesivos gobiernos de Catalunya se han enrocado en el derecho a decidir. Últimamente se ha añadido que el derecho a decidir se refiere a establecer la república catalana independiente y no otra cosa. Del lado contrario se arguye impecablemente que ese derecho ni está en la Constitución ni se espera que llegue a consagrarse nunca. La distancia entre ambos puntos de vista es insalvable. De manera que la situación de inestabilidad y conflicto sólo se puede paliar (no me atrevo a utilizar el verbo solucionar) buscando alternativas.

El independentismo ha venido rechazando en los últimos años que la solución pueda estar en el Estatut. Algunos juristas, entre los que me encuentro, sostienen que no hay otra vía. Así lo vengo defendiendo en algunos de los artículos publicados en los últimos meses en este periódico, y lo hice con más detalle y por extenso en mi ensayo Cataluña y las demás Españas (Crítica, Barcelona, 2014). Me excuso por la ­autocita, que sólo justifico por no ­poder explicar ahora el asunto con el mínimo detalle.

Lo que ha aborrecido la minoría separatista es un tipo concreto de Estatut que fue malherido por la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010. Un Estatut que, según el discurso que hemos oído constantemente, está sometido a la revisión última de las Cortes Generales antes de su aprobación y que fue desautorizado (nunca se añade la precisión de que la anulación se refirió a pocos preceptos, pero es inútil pretender aclararlo) después de ser aprobado en referéndum. Pero no es extensible esa crítica a un Estatut que sea la norma fundamental de Catalunya y que goce de protecciones jurídicas más firmes que las que tiene actualmente. Aprobado como ley de Catalunya, exclusivamente por su Parlament, y protegido jurídicamente frente a las modificaciones ajenas a su voluntad. Esta línea de reflexión puede llevar a conclusiones útiles para todas las partes que tienen que contribuir a sacarnos de la crisis. Reformas de esta clase pueden concluir en un referéndum legal en el que el pueblo de Catalunya ratifique la norma fundamental nueva.

Un grupo de diez administrativistas y constitucionalistas preparamos un documento titulado Ideas para una reforma de la Constitución, presentado en noviembre en Madrid y a primeros de abril en Barcelona, que acogía algunas de las ideas que he resumido junto con otras imprescindibles para mejorar la Constitución. El prestigioso Cercle d’Economia acaba de hacerlas suyas (con una honesta cita de la fuente) y ampliarlas con propuestas de carácter financiero, que ha presentado en la reunión anual de Sitges.

Se sitúan en la dirección adecuada. La Vanguardia ha elogiado la fundamentación constitucional del documento y su utilidad para orientar correctamente las soluciones al problema catalán. En cambio, asociaciones de espíritu inmovilista lo han criticado con severidad y ya han opinado sobre ellas personas que no tienen ninguna autoridad técnica para hacerlo con solvencia, augurando que las patrias saltarán en pedazos. Son tan intransigentes que ni se molestan en pensar que, al menos, valdría la pena discutirlas. Al president Torra le han parecido dignas de consideración. Enseguida lo han criticado severamente con imputaciones de traición y de regreso al autonomismo.

Pese a todo, las reacciones con que se han acogido las ideas que comento en este artículo pueden ser síntomas esperanzadores de que estamos en el buen camino.

Comentarios - 1 Escribir comentario

#1

Partiendo de la realidad del dislate político organizado (PP y catalanistas son responsables) el juego político, más que el jurídico, que también, es un puro juego de naipes. En él se pretende que la palabras signifique lo que más nos favoreza. Pero hay dos límites: el del art. 3.1 CC es claro y más aún el Principio General de Derecho que dice: "donde la ley no distingue no se debe distinguir".
Si la ley no distingue la pérdida de derechos políticos de los encarcelados y de los que están a disposicion de la justicia de la UE( que no huídos porque la justicia española es parte integrante de ella) NO SE DEBE DISTINGUIR, pero se distingue IN PEIUS.
Respecto a modificar la CE78 ¿por qué no se eliminan las contradicciones ntre el art. 1.2 y el art 14 y todo el Título II?

Escrito el 04/06/2018 12:56:55 por Alfonso J. Vázquez Responder Es ofensivo Me gusta (0)

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