MÁLAGA, 16 May. (EUROPA PRESS) -
El juicio se retoma después de que en sesiones preliminares anteriores las defensas aportaran determinada documentación y de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado retiraran la acusación para dos de los procesados; además de que se acordara la busca y captura contra otro de los acusados, que no compareció a la vista oral.
Este acusado, un ciudadano paquistaní con carta de identidad belga, presentó un escrito en holandés en el que señala que estaba enfermo. Tras acordarse su detención, el procesado se presentó ante el Tribunal, que decretó prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros, que en ese momento no pagó, por lo que fue enviado a prisión.
En cuanto a la retirada de acusación, ésta se produjo a raíz del acuerdo de conformidad alcanzado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado con la defensa de otro acusado, que fue ratificado en la pasada sesión, y que supone una pena de 15 meses de prisión y multa de ocho millones de euros, al aplicarle las circunstancias que atenúan la pena de dilaciones indebidas y reparación del daño.
La Fiscalía acusó en su día a 14 personas, aunque hay dos que se encuentran enfermos. Los primeros arrestos de este caso se produjeron en abril de 2007, aunque los dos principales investigados inicialmente, que eran el responsable del despacho de abogados Cruz-Conde y un empresario de origen iraquí, fallecieron durante la instrucción.
La Fiscalía Anticorrupción achaca a los acusados delitos contra la Hacienda Pública de distintos ejercicios, en algún caso desde 2001; y blanqueo, según su escrito provisional. Así, entre los procesados se encuentran letrados del bufete, asesores fiscales y clientes, tanto personas físicas como sociedades, algunas relacionadas con la promoción inmobiliaria y otras con intereses diversos, como la comercialización de productos petrolíferos.
En su acusación inicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, el ministerio público considera que el mencionado despacho de abogados supuestamente proporcionaba al cliente que lo demandara "las estructuras societarias precisas para ocultar tanto la titularidad de los bienes y fondos a invertir en España como el origen de los mismos", buscando en algunos casos el fin de "eludir el pago de tributos".
Entre las fórmulas usadas, se constituía una mercantil española --sociedad limitada-- que aparecía participada por una entidad radicada en un paraíso fiscal --Gibraltar, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, etcétera--. Otras veces se creaba una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, cuyo titular era otra entidad de un paraíso fiscal --Antillas Holandesas--, según el fiscal.
La investigación realizada puso de manifiesto, dice la Fiscalía, la existencia presuntamente de "un determinado número de clientes que se han servido del sistema de ocultamiento de fondos diseñado por el citado despacho de abogados para eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales frente a la Hacienda Pública española, omitiendo el pago de los tributos que les eran exigibles".
