VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)
La sentencia de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid considera probada la comisión del delito por parte del empresario, a quien aplica la atenuante de dilaciones indebidas, y, junto con la citada pena privativa de libertad, frente a los dos años de cárcel pedidos por el fiscal, acuerda imponerle la obligación de indemnizar con 17.290 euros a la entidad perjudicada, 'Discomtes Zamora S.L', según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Aunque el banquillo también lo ocupaba el apoderado de Sanpritrans, P.P.P, expuesto a la misma pena que el anterior, el tribunal sentenciador ha optado por un fallo absolutorio en su caso "ya que ni consta que interviniera en el acuerdo de colaboración con la empresa 'Discomtes', ni en el pedido desencadenante del engaño, de forma directa o ejecutando un acto sin el cual el acto fraudulento no pudiera haberse consumado, ni tampoco que se haya beneficiado con la operación".
Los hechos se remontan a julio de 2015 cuando el ahora condenado, R.S.C, responsable de 'Sanpritrans', titular de un Centro de Transportes en Zamora, ante las dificultades económicas por las que atravesaba la mercantil, se valió de la confianza lograda con la empresa suministradora de combustible 'Discomtes Zamora', radicada en Toro, para efectuar a la misma un pedido de 14.000 litros de gasóleo A en nombre de 'Hermanos Hernández Rodríguez 2005 S.L', ubicada en Carpio (Valladolid) y a la que ya habían hecho distintos servicios de este tipo con anterioridad.
Así, el condenado se hizo con la citada cantidad de combustible, que cargó a nombre de la empresa de Carpio, sin haberlo pedido ésta, y trasladó el combustible hasta un depósito que 'Sanpritrans' tenía en Zamora, con el fin de obtener un beneficio económico con el que compensar los problemas económicos de la sociedad.
Con posterioridad, 'Discomtes', propietaria del gasóleo, vio impagada por parte de 'Transportes Hermanos Hernández Rodríguez' la factura de 17.290 euros correspondiente al carburante, por lo que, en la errónea creencia de que el pedido lo había realizado la empresa de Carpio, inició contra ella una reclamación civil tramitada en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Medina del Campo.
