MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha mantenido este martes una reunión con el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, en la que, entre otras cuestiones, han evaluado la posibilidad de adoptar medidas para evitar la ejecución hipotecaria como consecuencia de cláusulas abusivas.
Según ha informado el Ministerio a través de un comunicado, ambas partes han considerado "conveniente" abordar esta cuestión a través de "un código de mejores prácticas", lo que implicaría una reforma del vigente actualmente.
Otra de las cuestiones departidas en la reunión es la necesidad de regular los supuestos de vencimiento anticipado, para que estos supuestos que determinan la ejecución hipotecaria sean "proporcionales al tiempo de la hipoteca y su cuantía".
Ambas partes han convenido también en la necesidad de fijar por ley tipos de interés de demora máximos y, señala el Ministerio, "acomodarlos así a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".
MÁS TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN
Asimismo, el Ministerio ha mostrado su intención de "reforzar el control de transparencia notarial en materia de hipotecas", asegurando que exista un periodo de información precontractual "irrenunciable" a favor del consumidor. La Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, cuya trasposición estudia el Ejecutivo, establece un plazo de siete días.
Otra de las medidas contempladas pasa por establecer el levantamiento por parte del notario de acta acreditativa de que se ha informado al consumidor de los riesgos del préstamo hipotecario.
DESARROLLAR LA LEY DE JURIDISCCIÓN VOLUNTARIA
Por último, tanto Catalá como Martínez Sanchiz han coincidido en avanzar en el desarrollo reglamentario de la Ley de Jurisdicción Voluntaria aprobada en 2015, para lo cual, ha anunciado el Ministerio, se creará un grupo de trabajo específico en el seno de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia.
Asimismo, se prevé una reforma del reglamento que contemple las nuevas funciones que atribuye la Ley a los notarios en el ámbito jurisdiccional para aliviar la carga de los juzgados.
