BRUSELAS, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
A lo largo de 2015 España cometió un total de 83 infracciones, de las cuales 62 fueron por "mala transposición" de las directivas y/o "mala aplicación del derecho de la UE", mientras que las 21 restantes obedecen a "transposiciones tardías".
Estas cifras sitúan a España en el tercer puesto de incumplidores de la legislación europea. Italia lidera el ranking con 89 infracciones, seguido de Alemania, con 88. En el podio de los más respetusos con las normas comunitarias están Croacia --con tan solo 21 infracciones--, Dinamarca (23) y Malta (24).
Por materias, medio ambiente sigue siendo el sector con mayores violaciones (276), seguido de movilidad y transporte (241) y, ya a gran distancia, por estabilidad financiera (172), mercado interior (129), migración y asuntos de interior (109), fiscalidad y aduanas (108), justicia y consumidores (80), empleo (75), energía (73), redes de comunicación (31) y salud y seguridad alimentaria (25).
La Comisión ha destacado que "el cuadro de indicadores del mercado único muestra que los obstáculos a la libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales en la UE están siendo eliminados en la mayoría de los ámbitos".
Sin embargo, "en algunos campos la situación se está estancando, o incluso está empeorando, y están surgiendo nuevos obstáculos, de modo que el mercado único tiene que adaptarse para reflejar las nuevas realidades". "Las ideas innovadoras y los nuevos modelos empresariales también tienen que encontrar su lugar", ha indicado.
La respuesta del gobierno comunitario suele ser un procedimiento de infracción que se desencadena por dos supuestos: "cuando un Estado miembro no notifica dentro del plazo acordado sus medidas nacionales para la transposición"; y "cuando la legislación de un Estado miembro no está en consonancia con la legislación de la UE o cuando las autoridades nacionales no aplican correctamente el derecho de la UE".
A pesar de la persistencia de las infracciones, los procedimientos de este tipo "se sitúan sistemáticamente por debajo del nivel de hace cinco años" porque estas situaciones se resuelven cada vez más a través de "un constructivo diálogo" entre la Comisión y los estados miembro.
"Esto refleja la determinación de la Comisión de colaborar con los estados miembro para mejorar el cumplimiento en una fase temprana y poner fin rápidamente a las posibles infracciones, en beneficio de los ciudadanos y las empresas", ha valorado, de acuerdo con un comunicado.
El Ejecutivo de Jean-Claude Juncker ha aprovechado para ratificar su compromiso con la transposición de las directivas, ya que en caso contrario "impiden que los ciudadanos y las empresas disfruten de los beneficios se derivan (de las mismas), afectan negativamente a la seguridad jurídica y generan desigualdades injustas en el mercado interior".
"Para facilitar la transposición dentro de los plazos acordados, la Comisión ha seguido ayudando a los estados miembros mediante la elaboración de planes de implementación, sitios web específicos y documentos de orientación, así como mediante el intercambio de las mejores prácticas en reuniones de grupos de expertos", ha recordado.
Además, ha recordado que "los ciudadanos y otras partes interesadas pueden comunicar las presuntas infracciones del derecho de la UE por medio de un formulario electrónico". En 2015, la mayoría de las denuncias ciudadanas se referían a empleo y asuntos sociales, mercado único, y justicia y derechos de los consumidores.
